Autoridades del gobierno federal señalaron que el caso que originó la protesta de este viernes en la Secretaría de Gobernación es de resolución estatal, específicamente de la fiscalía de San Luis Potosí.
Silvia Castillo Hernández es víctima indirecta del homicidio de su hijo Alan Francisco Ibarra Castillo, ocurrido el 26 de marzo del 2019; Alan – quien para ese momento tenía el registro como desaparecido- fue hallado sin vida el 13 de mayo del año pasado, en San Luis Potosí.
La madre de la víctima solicitó apoyo e intervención a su caso el pasado 4 de septiembre de 2020 al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Un día después, personal de la dirección general Adjunta de Investigación y Atención a Casos acudió al domicilio donde estaba la señora, resguardada por representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y luego se le protegió “fuera del alcance” del personal de Gobernación, se indica en un reporte del gobierno federal.
El 5 de septiembre de 2020, las autoridades de Gobernación recibieron solicitud de apoyo para la señora Castillo, al amparo de la recomendación 10/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí por medio de la cual se recomienda, a la fiscalía general de esa entidad:

1. Reparación Integral del Daño a Castillo Hernández y otras víctimas indirectas;
2. Investigación efectiva y agote de todas las líneas de investigación propuestas por la Castillo Hernández;
3. Otorgamiento de Medidas de Protección debido a que a la madre de Alan refiere temer por su seguridad debido a la proximidad a su vivienda de la persona que ella señala como uno de los autores materiales del homicidio de su hijo, y
4. Procedimientos Administrativos a ministerios públicos que no le dieron la debida atención al caso y a las denuncias de Castillo Hernández (Actualmente ya hay procedimientos en el Órgano Interno de Control)
   La Recomendación 10/2020 fue notificada a Federico Arturo Garza Herrera, Fiscal General del Estado el pasado 4 del mes y año en curso, añade el gobierno federal.

El 7 de septiembre personal de Gobernación se puso en contacto con la señora a fin de escuchar su petición, “explicándole en todo momento que su asunto no es de competencia federal”.
Ciudad de México
Agencias