El gobernador Arturo Núñez y la titular de Profeco, Lorena Martínez Rodríguez luego de la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Las medidas de verificación, control y supervisión inherentes a la Profeco no sólo ayudan a equilibrar las relaciones de compra-venta en términos de calidad, precios y oportunidad, sino también coadyuvan a regular las actividades de casas de empeño y chatarreras, con el fin de evitar que se conviertan en centros de ilícitos a través de operaciones asociadas con artículos robados, afirmó ayer el gobernador Arturo Núñez. Dijo que hoy Federación y Estado buscan servir a la misma población en un mismo territorio, “lo que nos obliga –estableció– a coordinarnos aún más para servir mejor y no tropezarnos”.
El gobernador Arturo Núñez, enfatizó su compromiso para apoyar en las acciones en defensa de los derechos del consumidor en todo el estado
Florentino J. García Alcudia
Rumbo Nuevo
En la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el mandatario Arturo Núñez Jiménez destacó los alcances de este mecanismo, porque además de estrechar la coordinación en pro de la defensa de los derechos de los demandantes de bienes y servicios, también contribuirá a fortalecer la lucha emprendida contra la delincuencia.
Núñez Jiménez aseveró que las medidas de verificación, control y supervisión inherentes a la Profeco no sólo ayudan a equilibrar las relaciones de compra-venta en términos de calidad, precios y oportunidad, sino también coadyuvan a regular las actividades de casas de empeño y chatarreras, con el fin de evitar que se conviertan en centros de ilícitos a través de operaciones asociadas con artículos robados.
Con la titular de Profeco, Lorena Martínez Rodríguez, el gobernador afinó mecanismos de colaboración para recursos humanos, materiales, adquisiciones y arrendamiento, que permitirán ampliar la capacidad operativa de la dependencia federal, a fin de hacer de la justicia del día a día una realidad en beneficio de la economía de las familias, la protección del salario de los trabajadores y una mejor calidad de vida de la población.
El jefe del Ejecutivo remarcó que el convenio refrenda la colaboración en el marco del federalismo mexicano que si bien envuelve una división del trabajo, también implica servir a la misma población en un mismo territorio, “lo que nos obliga –estableció– a coordinarnos aún más para servir mejor y no tropezarnos”.
Espíritu solidario
En Palacio de Gobierno, Lorena Martínez resaltó el amplio espíritu de solidaridad y respaldo político e institucional que en todo momento la Profeco ha encontrado en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, una confianza, remarcó, que ha permitido sacar adelante acciones de corresponsabilidad a favor de la seguridad de los consumidores.
Resaltó que la coordinación entre ambas instancias de gobierno hizo posible que la delegación estatal de la institución creciera en el último año de 18 a 45 empleados en el estado, e incrementara sus instrumentos para servir mejor a la población. Dijo que después de muchos años la dependencia por fin cuenta con un rumbo claro y una visión sistémica que involucra a los tres órdenes de gobierno en la defensa de los derechos de los consumidores, reconocidos hoy como derechos humanos.
Martínez Rodríguez dijo que lo anterior lleva implícito el compromiso de hacer realidad la justicia cotidiana. “Más allá de la justicia penal no se puede relegar a la justicia familiar, la civil, la mercantil o la administrativa”, recalcó y refirió cómo desde hace 39 años la Profeco se constituyó en una punta de lanza para hacer de la conciliación el instrumento para dirimir conflictos por la vía pacífica y sin llegar a la judicialización.
Dijo que ese modelo conciliatorio al que apostó la Procuraduría Federal del Consumidor ha cobrado en la actualidad mayor relevancia al ser un eje importante del nuevo sistema de justicia penal adversarial, pero también puso énfasis en la necesidad de arraigar entre la ciudadanía una cultura de respeto a las leyes y a las normas, porque forma parte de valores indispensables en cualquier sociedad democrática, justa y equitativa.
