Las presiones para evitar que el Senado apruebe la minuta 3 de 3 (reforma constitucional que impide ocupar cargos en el servicio público o de representación popular a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar o delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias) se incrementaron en días recientes. A sólo una semana de que concluya el periodo ordinario, ha habido cabildeo intenso de diputados, sobre todo del PT, para que la minuta que la Cámara de Diputados remitió al Senado no se vote, mientras las senadoras Olga Sánchez Cordero y Malú Mícher hacen todo para impulsarla.