Jesús Martell Chagoya
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Como es sabido, los ayuntamientos mexicanos perciben ingresos a través de las participaciones federales y del cobro de los impuestos, derechos, servicios y aprovechamientos municipales. Sin embargo, está visto que estas percepciones resultan insuficientes para las necesidades de desarrollo de la mayoría de los municipios; por ello en varios lugares se exploran vías alternativas de financiamiento.

Estas vías alternativas consisten generalmente en la concesión de servicios municipales a empresas privadas que se comprometen a prestarlos y que reportan al ayuntamiento una cantidad determinada o un porcentaje acordado de las utilidades.

La noción de cofinanciamiento obedece generalmente a un esquema de colaboración del ayuntamiento con los habitantes del municipio que habrán de recibir beneficios directos a través de una obra pública determinada. En este caso, los vecinos colaboran con el ayuntamiento aportando dinero, mano de obra o material. Otro caso de cofinanciamiento puede observarse en la colaboración de municipios adyacentes para realizar una obra de beneficio común. No se descarta por supuesto la colaboración de autoridades estatales o federales.

Existen casos en los que el cofinanciamiento no sólo se obtiene de los ciudadanos beneficiados, sino de aportaciones de empresas establecidas en el territorio municipal; de donaciones por fundaciones; de fondos de colaboración internacional. Los límites para acceder a estas alternativas de cofinanciamiento dependen de la iniciativa de los ayuntamientos en buscarlas y gestionarlas.

A pesar de que es cierto que la bonanza económica nunca ha estado relacionada con la generalidad de los municipios mexicanos, no menos cierto resulta que la crisis económica no ha olvidado al municipio como un espacio privilegiado para manifestarse. Los recursos municipales resultan cada vez más insuficientes ante el incremento de la ciudadanía a la que deben prestar sus servicios y el aumento en expectativas de cualquier pueblo que comienza a conocer la democracia.

Los recursos tienen que venir de algún lado y ante el gradual ascenso de los costos públicos resulta indispensable buscar alternativas de fondeo que escapen a la convencionalidad pero que respeten estrictamente la legalidad.

El reto no es nada sencillo y no todos los municipios cuentan con iguales niveles de creatividad y atractivo para las fuentes alternas de financiamiento. Convencer a un inversionista nacional o extranjero para su participación económica en un municipio de tamaño considerable puede resultar muy difícil, pero convencerlo a invertir en municipios de escasa viabilidad económica puede resultar labor poco menos que imposible.

Las alternativas más claras para la percepción de recursos en el ámbito municipal parecen ser por un lado la concesión de servicios públicos y por el otro la atracción de industria y comercio al municipio. En la primera alternativa debe resolverse la compleja ecuación que representa dar entrada al capital privado sin descuidar la responsabilidad pública irrenunciable por cierto del ayuntamiento.

Sin embargo, los precios de los servicios públicos se encuentran tan por debajo de su nivel real que subirlos generaría serias crisis de ingobernabilidad, ante esto los ayuntamientos deben ingeniárselas para hacer atractivo para los inversionistas la prestación de algún servicio público tal como la administración de la basura.

Por otro lado el incremento de los ingresos municipales por el aumento de industria o comercio no representaría en realidad una alternativa de financiamiento por sí solo, lo que si lo representaría sería un esquema novedoso de municipio promotor que otorgue ventajas estratégicas a la iniciativa privada para que genere riqueza en su territorio, riqueza que directa o indirectamente terminará por impactar positivamente a sus finanzas públicas.