Los pasos a la dictadura
Luis A. Pampillón Ponce
pampillon_p@hotmail.com
Hace aproximadamente un mes, en el primero de cuatro entregas dedicadas a realizar algunas precisiones sobre los conceptos populismo y demagogia, señalábamos el riesgo de que en nuestro país se instaure una dictadura.
Como ya hemos revisado, estamos sobreviviendo una demagogia perfecta, pero recordemos con Platón y Aristóteles, que la demagogia puede determinar, como crisis de la democracia extrema, dos diferentes situaciones políticas que llevan, siempre, a la instauración de un régimen autoritario, oligárquico o tiránico. El primero surge de una exasperación del clima anárquico en que los demagogos han introducido al estado, produciendo una reacción de los optimates que derriban a la mayoría, casi siempre con el apoyo de las armas y a menudo con una ayuda exterior, instaurando un gobierno fuerte. El segundo nace, y es el caso más frecuente, como última lógica consecuencia de la práctica demagógica, eliminando así toda oposición. En estas condiciones, en efecto, los demagogos arrogándose el derecho de interpretar los intereses de las masas como intereses de toda la nación, confiscan todo el poder y la representación de las masas e instauran una tiranía o dictadura personal.
¿En cuál de los dos escenarios estamos?
La nación mexicana se encuentra en una situación, en un clima anárquico en que indudablemente, los demagogos, los mentiros y cínicos han sumido al país, pero no alcanzamos a ver una reacción violenta que los tire del poder, aunque han surgido algunos presuntos grupos guerrilleros por diferentes puntos del territorio nacional.
Vemos con mayor preocupación, el endurecimiento de la clase gobernante, lo que nos colocaría en el segundo supuesto, en donde los demagogos, “arrogándose el derecho a interpretar los intereses de las masas como intereses de la nación, confiscan todo el poder y la representación de las masas e instauran una tiranía o dictadura”.
Señalaba, en esa entrega, que habían muchos signos en el ambiente., como la petición al Congreso de la Unión para imponer la suspensión de garantías individuales y cité una opinión de don Víctor Flores Olea en donde establece que:
No, no es una sorpresa extraordinaria. En realidad, si examinamos con cierto detalle la evolución de la política mexicana en el tiempo de Enrique Peña Nieto, nos damos cuenta de que esta petición de suspensión de garantías al Congreso mexicano es perfectamente congruente con al menos dos hechos que han dominado su mandato: la impopularidad creciente del Presidente y su acercamiento sistemático y excesivo, casi diría altamente zalamero, con las principales fuerzas armadas mexicanas en sus diferentes versiones: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y Estado Mayor Presidencial.
De aprobar la solicitud, el Presidente de la República podrá solicitar al Congreso la suspensión de garantías y estados de excepción ante una amplia gama de riesgos ‘‘a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado’’.
Lo anterior implicaría suspender o restringir el ejercicio de derechos humanos y el ‘‘sacrificio temporal de derechos’’, entre éstos a la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o de derecho de autor.
El experimento lo hicieron en el Estado de México en donde los partidos integrantes del Pacto por México, aprobaron la Ley Atenco, que en el mismo sentido es restrictiva de las garantías individuales.
Pero lo que parecía una amenaza ya se cumplió. Veamos:
Las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos penales prefiguran un sistema dictatorial castrense, violan la Constitución y la soberanía popular, engrandecen a las fuerzas militares y hacen vulnerables incluso los recintos legislativos. Todo esto les dijo la madrugada del 29 de abril el senador petista Manuel Bartlett a sus pares del PRI y del PAN cuando se disponían a aprobar sin discusión la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. Pero no lo escucharon… y el riesgo está ahí. (Revista Proceso, 30 de abril de 2016).
“Así se empieza… y se termina en dictaduras militares; no se juega con las armas”, sentenció desde la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido de Trabajo, cuando argumentó contra las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que autoriza el cateo domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno e incluso a los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado, aun cuando la Constitución los define como inviolables.
