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Voces del cambio verdadero

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Populismo y demagogia IV

Luis A. Pampillón Ponce
pampillon_p@hotmail.com
Hemos visto, en las entregas anteriores cual es el significado de demagogia y quien en su representante legítimo en México, a no dudarlo: Enrique Peña Nieto. Y el populismo, qué es, qué significa.

Populismo viene de pueblo, quizá por eso a alguien se le ocurrió utilizarlo para denostar a alguien, a algún personaje popular. Pero populismo no es un concepto negativo, como el de demagogia o demagogo.

Si bien el concepto tiene alguna vertiente criticable en función de quien ejerce el poder, no es un término o forma de actuar negativo. Por el contrario. Veamos:

Puede ser definidas como populistas aquellas fórmulas políticas por las cuales el pueblo, considerado como conjunto social homogéneo y como depositario exclusivo de valores positivos, específicos y permanentes, es fuente principal de inspiración y objeto constante de referencia, (Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, en Diccionario de Política, ed. Siglo XXI, 2013).

Para Peter Wills, el término populismo es “todo credo y movimiento basado en la siguiente premisa principal: la virtud reside en el pueblo auténtico que constituye la mayoría aplastante y en sus tradiciones colectivas”.

Para Lloyd Fallers: es una ideología por la cual “la legitimidad reside en el pueblo”.

Para Peter Worsley es “la ideología de las pequeñas gentes del campo amenazadas por la alianza entre el capital industrial y el capital financiero”.

Para Edward Shils el populismo se basa en dos principios fundamentales: la supremacía de la voluntad del pueblo y la relación directa entre pueblo y liderazgo.

Hace unos días, en el acto en el que el Partido de la Revolución Democrática inscribió su planilla de aspirantes al constituyente capitalino, la secretaria de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, la perredista Evelyn Parra (de la tribu de os chuchos) atribuyó la responsabilidad de la actual crisis ambiental que padece la megalópolis a Andrés Manuel López Obrador porque, aseguró, durante su periodo como jefe de Gobierno éste impulsó el uso del automóvil mediante la construcción de vialidades y descuidó la expansión del transporte público. Según la legisladora, el actual presidente nacional de Morena gastó en las obras una suma similar a la que ahora calcula Miguel Ángel Mancera como necesaria para ampliar los sistemas de transporte colectivo.

La mentira cae por su propio peso: entre 2000 y 2005 el GDF aumentó el número de unidades de la Red de Transporte Público (RTP), incrementó el número de vagones del Metro e impulsó el programa de sustitución de microbuses y taxis. En septiembre de 2003 el gobierno capitalino inició el diseño de los autobuses rápidos, el cual incluyó seis rutas de transporte con carriles confinados. Las obras se iniciaron en diciembre de 2004 y el 9 de marzo del año siguiente López Obrador publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de creación del organismo público descentralizado encargado de operar el Metrobús. El 19 de junio de 2015 el entonces gobernante capitalino inauguró el primer tramo del sistema (Indios Verdes-Doctor Gálvez) en el Corredor Insurgentes, señala Pedro Miguel y agrega:

Por lo demás, en el periodo del tabasqueño el GDF modernizó el sistema de verificación y lo separó del estado de México. Entre 2000 y 2006 los días limpios por año pasaron de 43 a 151 y la concentración máxima de ozono se redujo de 284 a 211 en promedio, (La jornada, 12 de abril de 2016).

No es ésta la primera vez que el perredismo corriente y aliancista con la mafia del poder busca salir de su propio pantano arrojando sobre López Obrador culpas inverosímiles y abracadabrantes. Ya a finales de 2014 pretendieron atribuirle la responsabilidad por la atrocidad perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de aquel año en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y en el sexenio pasado algunos integrantes de la cúpula de los chuchos habían buscado señalar como culpable de la imposición de Felipe Calderón al propio López Obrador.
Como diría un exgobernador: los hechos hablan.

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Carta Abierta

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‘Duda razonable’. Así se las gastaba Valenzuela

Jorge Núñez
Dentro de todo lo hablado y escrito en los últimos días sobre la serie ‘Duda Razonable’ de Netflix, una señal es incuestionable: la enorme infamia con que fue manejado el sistema de impartición de justicia en el gobierno de Arturo Núñez, teniendo como cabezas al fiscal general Fernando Valenzuela Pernas y al presidente del Poder Judicial, Jorge Javier Priego Solís.

Núñez, Valenzuela y Priego tendrían mucho que decir en el caso de los cuatro hombres que a mediados de 2015 fueron detenidos en Tabasco acusados de secuestro. Si bien uno de ellos ha salido en libertad, los otros tres fueron condenados a 50 años de prisión, a pesar de que había huecos en los testimonios de quienes los acusaron, signos de que fueron torturados durante su arresto y se carecía de pruebas contundentes en su contra.

El documental ha generado una enorme indignación en todos los sectores de la sociedad, revelando el estercolero de nuestro sistema de justicia. El escándalo ha sido mayor porque el caso se origina en Macuspana, la tierra del presidente del país, y porque ha sido exhibido por una cadena mundial de películas como es Netflix.

El cineasta e investigador Roberto Hernández reconstruye lo ocurrido a tres inocentes: Héctor Muñoz, Juan Luis López, Gonzalo García y Darwin Morales. Los sentenciados presentaron en septiembre de este año un amparo contra la sentencia y se espera que un Tribunal Colegiado con sede en Villahermosa emita su fallo, entre finales de 2021 e inicios de 2022.

Si los jueces revisan de nuevo las pruebas y ven el documental ‘Duda Razonable’, lo más probable es que decreten la libertad de los acusados, poniendo fin a una pesadilla que cualquier ciudadano podría vivir en algún lugar de Tabasco y el país.

Por otro lado, hay una exigencia de la opinión pública: que el proceder de las autoridades implicadas en esta farsa judicial sea castigado. El exfiscal Fernando Valenzuela, el expresidente del Poder Judicial, Jorge Priego Solís, y hasta el exgobernador Arturo Núñez deben ser llamados a cuentas y proceder en consecuencia. Esto incluye también a funcionarios en activo que habrían participado. Al respecto, se sabe que el gobernador Carlos Manuel Merino ha dado instrucciones de actuar con apego a la ley.

Observando el desaseo con que se manejó la justicia en el pasado gobierno perredista, falta saber si aún quedan dudas respecto a la fabricación de pruebas y persecución política contra el exgobernador Andrés Granier y su familia, que llevó al Químico a estar casi seis años en prisión. Así se las gastaban Núñez y sus representantes de la ley.

: Sigue la intriga
El propósito de ‘amarrar navajas’ sigue su marcha por parte de ciertos personajes políticos desbocados hacia 2024. Ahora le ha tocado el turno al exdirigente de Morena, César Burelo, a quien se ha querido situar como distante del Capitán Merino. Los instigadores vuelven a errar, ya que ambos guardan una estrecha comunicación en la vía de seguir fortaleciendo a la 4T en Tabasco. Igual los une la lealtad hacia el presidente Obrador y la identificación con el secretario de Gobernación, Adán López. El gobernador sabe de qué está hecho el exalcalde de Cunduacán y todo lo que ha hecho por el ‘obradorismo’ desde siempre, manejándose en los cauces de la institucionalidad y la congruencia. En verdad, es uno de los cuadros más talentosos de Morena.

: Debilitado
Si bien ha ganado la votación para el cambio de los estatutos del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, el presidente del organismo, Alfredo Villaseñor, ha salido más debilitado tras la asamblea general del pasado viernes.

Los 41 votos en contra de modificar los estatutos, por 133 a favor, son una señal de lo que se viene en las próximas semanas: una fuerte oposición interna contra su autoritarismo.

Ahora se sabe que la mayoría de quienes votaron a favor recibieron en la víspera una serie de beneficios que no pudieron rechazar, pero que de alguna forma enmascaran el verdadero sentir de los casi 350 socios.

En el pasado, ese tipo de votaciones se ganaban casi por unanimidad, lo que ahora no ha pasado. El CICT empieza a tener grietas en su liderazgo, cada vez más cuestionado en lo interno.

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