El presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado ayer el veto a 15 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, que forman parte de la llamada Ley 3de3. En un mensaje a medios, el presidente hizo ejercicio de su facultad constitucional y devolvió a la Cámara alta otros 15 artículos relacionados con el artículo 32, los cuales señalan que todo particular o empresa que ejerza o reciba recursos públicos o que contrate con cualquier instancia de gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales y declaración de intereses.

México, D. F.
Agencias
El presidente Enrique Peña Nieto, mediante el consejero jurídico de la Presidencia, anunció esta noche el veto a una serie de disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forman parte de la llamada Ley 3de3, por violentar los derechos humanos de los mexicanos.
Hace unos momentos, en un mensaje a medios, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, indicó que el presidente Peña, hizo ejercicio de su facultad constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso, «conocida como facultad de veto».
Tras anunciar que el Presidente de la República devolverá al Senado para su análisis el artículo 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 15 artículos más dijo que se solicitará a la Comisión Permanente se realice un periodo extraordinario de sesiones para procesar este tema.
Detalló que además el Ejecutivo devolverá a la Cámara alta otros 15 artículos relacionados con el artículo 32, los cuales señalan que todo particular o empresa que ejerza o reciba recursos públicos o que contrate con cualquier instancia de gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales y declaración de intereses.
Agregó que dichos artículos además apuntan que toda persona que trabaje en empresas que contrate con el gobierno, «es decir la totalidad de los trabajadores de una empresa sin importar su función dentro de la misma», tendrían que presentar estas dos declaraciones.
Hizo notar que también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, «y lo más importante, afectaría personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del CONACYT, entre otros.
Castillejos Cervantes sostuvo que esto «de ninguna manera» disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado.