La persona que preste el servicio, podrá ser sancionado y recibir hasta 20 años de prisión

Ciudad de México
Agencias
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que su participación en el combate al outsourcing ilegal consiste en recibir las vistas que dan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para iniciar las investigaciones respecto a defraudación fiscal y presentar las querellas respectivas en donde se pueda acreditar dicho delito, pero sobre todo, la delincuencia organizada.
“Lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal”, dijo durante la conferencia matutina e indicó que la persona que presta este servicio ilegal puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y puede recibir hasta 20 años de prisión, y precisó que quienes los contratan también corren riesgos pues se les puede iniciar una investigación, presentar una querella, girar una orden de aprehensión y ser sancionados con 14 años de cárcel.
El procurador fiscal precisó que es importante identificar en qué casos los delitos se persiguen por delincuencia organizada y señaló que en el caso de defraudación fiscal es cuando tres o más personas en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas.