José David Sánchez Plaza
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El “ultimátum” que de manera personal, el gobernador Arturo Núñez, hizo el pasado sábado a los elementos de Seguridad Pública, CRESET, Policía Estatal de Caminos y Protección Civil, tensó aún más la situación y pone en entredicho la capacidad de negociación de su secretario de Gobierno, Raúl Ojeda que perdió el poder de interlocución con los inconformes.

El responsable de la política interior del Estado, Raúl Ojeda, será finalmente el gran perdedor de éste paro de actividades de los elementos de Seguridad Pública porque no tuvo la sensibilidad, capacidad, tacto y el talento para lograr una solución al paro de los elementos de seguridad. El gobernador Núñez tuvo que hacer de manera personal la advertencia a los inconformes.

El pasado viernes, en conocido programa radiofónico, Máximo Moscoso Pintado, delegado de PROFECO y ex cercano colaborador de Arturo Núñez advirtió que el gobernador, en cualquier momento iba a dar un “manotazo” para recomponer las cosas.

Un día después, vino el “ultimátum” del jefe del Ejecutivo Estatal que fijo una postura en torno al paro de actividades de los elementos de Seguridad Pública y que los convoco a reintegrarse a sus actividades.

El llamado del gobernador a los elementos de seguridad para que se reintegraran a sus centros laborales no tuvo respuesta porque al menos en una de las sub regiones de Seguridad Pública, sólo fueron 12 mandos medios los que atendieron la convocatoria.

El pasado sábado, el gobernador Núñez emitió un posicionamiento en el que dio un “ultimátum” a los elementos inconformes de seguridad pública, les advirtió que reinician actividades o serán despedidos.

En su llamado a los elementos de Seguridad Pública, Núñez Jiménez calificó de ilegal el paro de actividades que los policías y elementos de otras instituciones realiza y adelantó que no cederá ante el “chantaje e intransigencia de los elementos amotinados”.

En su posicionamiento, Núñez Jiménez aseguró que no puede seguir ese conflicto, pues “de ninguna manera vamos a permitir que se siga vulnerando la  seguridad de los tabasqueños, todo tiene un límite en el marco de la ley”.

La respuesta de los elementos inconformes no fue la que posiblemente el gobierno del Estado esperaba porque adelantaron que no claudicarán en la exigencia de obtener mejores condiciones de trabajo y que se destituya a los mandos “corruptos”.

Y en un reto al mandatario estatal, sostuvieron que no regresarán a sus labores aun y cuando esté en peligro su fuente de empleo, están dispuestos a que se les liquide conforme a la ley.

En una reacción al conflicto entre elementos de Seguridad Pública y Gobierno del Estado, el PRI emitió un pronunciamiento en el que  “vemos con preocupación el estancamiento y la falta de acuerdos que le devuelvan a los ciudadanos la garantía de la seguridad pública”.

Convocamos a las partes involucradas para que privilegien el diálogo y su compromiso para devolver a la ciudadanía la confianza, certidumbre y eficiencia en los servicios de seguridad pública.

De manera paralela, las bancadas del PRD, PT, Movimiento Ciudadano  y Verde Ecologista del Congreso local, respaldaron la decisión que tome el gobernador Núñez en torno al conflicto con los elementos de seguridad pública y exhortaron a los inconformes a que se reintegren a sus actividades laborales.

El gobernador Núñez endureció su postura en torno a los elementos inconformes, aunque el siguiente paso deberá de ser el levantamiento de actas administrativas y el desalojo de las instalaciones, aunque ello podría conllevar un enfrentamiento y posible derramamiento de sangre.

La salida al conflicto de los elementos inconformes, debe seguir siendo por medio del diálogo y cumplir con la ley. Y efectivamente, el gobierno del estado no debe  aceptar el “chantaje” o la presión para responder a esas demandas.

LO SOVBRESALIENTE.
Por demás temeraria se puede considerar la declaración de la diputada local del PRD, Ana Bertha Vidal Fócil, al decir que los ex gobernador, Roberto Madrazo y Manuel Andrade, así como el ex candidato del PRI al gobierno del Estado, Jesús Ali y el ex director de Seguridad Pública, Roberto Vidal, son quienes están detrás del paro de actividades de los elementos de Seguridad Pública. Se dice que todo aquel que acusa tiene el deber de probar y éste es el caso de la legisladora. ¿Qué información tendrá la representante popular para hacer esos señalamientos? ¿De dónde obtuvo esa información privilegiada con la que dice quiénes están detrás de los líderes del movimiento?.