Transparencia Política
Abusos de Tránsito Dejó en claro que en el gobierno de Arturo Núñez cada funcionario debe asumir su función y hacer lo que le corresponde al delegar el Ejecutivo, en ellos, la responsabilidad del ejercicio público en determinada área. Transparencia Política 010415 Erwin Macario erwinmacario@hotmail.com Todavía estaba fresca la tinta de esta columna, ayer miércoles, […]
2 de abril de 2015

Abusos de Tránsito

Dejó en claro que en el gobierno
de Arturo Núñez cada funcionario
debe asumir su función y hacer lo
que le corresponde al delegar el
Ejecutivo, en ellos, la responsabilidad
del ejercicio público en determinada
área. Transparencia Política 010415

Erwin Macario
erwinmacario@hotmail.com
Todavía estaba fresca la tinta de esta columna, ayer miércoles, cuando pudimos confirmar hasta dónde algunos funcionarios del gobernador Arturo Núñez Jiménez no sólo dejan de cumplir con responsabilidad el cargo que les ha conferido en el autollamado “gobierno del cambio cierto”, sino que son la piedra de escándalo de esta administración y los principales culpables de “la percepción” mala que muchos tabasqueños tienen.

Lo más grave es que al abuso, prepotencia y ineficiencia de la corporación de tránsito estatal —por mala suerte dentro del propio ámbito de responsabilidad del secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, que antier fijó la obligación de que cada quien responda a sus actos en este gobierno—, hay que sumar lo que podría considerarse actos de terrorismo fiscal contra los tabasqueños: la persecución que se da, más por cobrar multas que por regular el tránsito, con decisiones que afrentan a la ciudadanía al cobrarle multas excesivas.

Encubiertos en un tabulador de multas infracciones en el que se señalan para los tabasqueños cuáles son las infracciones o multas mínimas, pero no el máximo que pueden aplicar, se está llevando a los manejadores de vehículos a una actitud de resentimiento social que, con otros actos cometidos, pueden no sólo mantener esa “percepción” mala que se tiene del gobierno, sino a el paso de la factura en las elecciones de este año y las del 2018, cuando se vote por mantener la actitud que el perredismo ha mantenido o se vote por otras opciones políticas, entre ellas el regreso del PRI.

Por fraternidad solidaria este columnista acompañó a un infractor las seis horas que demoró el pago de la infracción o multa por estacionamiento en lugar prohibido y la recuperación de su vehículo, que sufrió daños al llevado de la vía pública hasta el retén particular del negocio llamado “Gruas Salomón”, que además de ese daño cobra la alta cuota de 800 pesos por un traslado que debían hacer las propias autoridades de Tránsito.

Lo más indignante es que en la obligada estancia en los sitios, el de los de la empresa de grúas que funciona casi clandestina, sin ningún anuncio en su retén y oficinas, y en las oficinas donde se pagan infracciones y multas, este columnista descubrió que la mayoría de los infraccionados o multados, cuyos vehículos habían sido movidos por empresas de gruas privadas, ¡estaban estacionadas esas unidades en calles cercanas a hospitales!

En el gobierno de Andrés Granier se le criticaba porque los agentes de Tránsito hacían levantamientos de vehículos cerca del ISETT, en la calle de su entrada principal, en la que vive el que entonces era del director general de la corporación, Salvador Suárez. Pero ayer muchos de los que hacían trámites de pago y protestaban por la ineficiencia burocrática, habían sido levantyados sus vehículos en áreas cercanas al hospital Juan Graham y al Seguro Social.

Esto no se vería mal si los agentes de Tránsito vigilaran toda la ciudad; si cuidaran los abusos viales que se cometen cerca de escuelas —privadas, principalmente— y en muchos centros de vicio. Pero ahí podría pensarse que hay “buenos entendidos”.

Claro que la falta de espacio no puede impedir que se mencione que además de estos abusos en altas multas e infracciones, cobro alto de las grúas privadas, la propia Secretaría de Hacienda (SAT) debía vigilar porque no están extendiendo la mayoría de las veces en esas empresas los comprobantes fiscales. Pero además el crecimiento de estos negocios debía encender los focos de las autoridades no vaya a tratarse de negocios dedicados al lavado de dinero, independientemente de que algún funcionario de la actual administración o de anteriores gobiernos estén en este redituable negocio.

Al dar a conocer la Policía Estatal de Caminos la actualización obligada del tabulador de multas e infracciones en este 2015, debido al incremento salarial, pues los castigos monetarios se aplican conforme al salario mínimo vigente, se dio a conocer las multas e infracciones mínimas que podrían aplicar contra los infractores, pero no la máxima que la autoridad podría establecer y establece en la mayoría de los casos.

Un ejemplo podría ser el estacionarse en lugar prohibido. La mínima es de 664 pesos, pero esto es una mentira. Se cobran hasta más de los tres mil pesos.

Otro cobro que parece una burla es que se establece una mínima multa de tres días de salario, o sea 199.35 pesos por estacionarse en rayas peatonales. Como si fura más daño estar pegado a cualquier banqueta de una calle, aunque sea por haber llevado a su enfermo al hospital, que impedir el paso a los peatones y exponerlos a un accidente. Claro que, se insiste, ese mínimo es sólo ley muerta. Se aplica un máximo no regulado en el tabulador que Tránsito dio a conocer.

Una nota de aquellos días, a principio de año, decía: La Policías Estatal de Caminos, dio a conocer la actualización del tabulador en cuanto a multas e infracciones 2015 ya que se modificó en sus costos, por lo que pasarte una alto puede ocasionarte una multa de mil 993.50 pesos, o estacionarte en lugar prohibido, además de impedir el tránsito puede costarte 2 mil 325.75 pesos como mínimo.

Y es que los automovilistas —agregaba la información— lo tendrán que pensar dos veces si quieren incurrir en alguna infracción al Reglamento de la Ley de Vialidad y Tránsito, ya que con el incremento al salario mínimo general vigente, el tabulador de las multas se modificó.

Mucha razón tiene César Raúl Ojeda: los funcionarios tienen que cumplir la responsabilidad que les delegó Núñez.

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