María Elena Villarreal Vásquez

A investigación Arturo
Zaldívar, ministro en
retiro de la SCJN

Hasta mucho se había tardado la investigación ordenada ahora por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández en contra de su antecesor el ministro en retiro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como de un grupo de los más cercanos colaboradores de este en el poder Judicial federal por corrupción, enriquecimiento ilícito, extorsión, violencia sexual, entre otros, de los que hoy el aludido acusa que la determinación tiene “trasfondo político”.

Si referimos que mucho se había tardado en venir el ordenamiento es porque fue precisamente el jefe del Ejecutivo federal quien hace poco más de mes y medio, ventiló, reveló, que en algunas ocasiones le habló al entonces presidente de la Corte, para “intervenir” en algunos casos y que “respetando las autonomías” (de los poderes del gobierno), se hablaba con los jueces para advertirlos de malas investigaciones de los ministerios públicos. Palabras más, palabras menos que resultan ser, a todas luces, una confidencia, una declaración pública.

En ese entonces Arturo Zaldívar pretendió negar tibiamente, lo que evidentemente estaba configurando un delito, máxime cuando se trata de, válgase la redundancia, del máximo tribunal de justicia en el país y que hoy el mencionado que está en proceso de investigación junto con quienes colaboraron cercanamente con él, argumenta que esto es una “cacería de brujas”, una “especia de inquisición”, que tiene trasfondo electoral, que no se está cuidando la presunción de inocencia y la secrecía de las investigaciones.

El asunto es sumamente delicado y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se encuentra en un brete del que difícilmente saldrá bien librado, que además no puede mostrar sorpresa cuando él como abogado sabe que, ante una declaración pública, ante una expresión pública de ese calibre, se amerita investigar por ley, de acuerdo a la responsabilidad de los servidores públicos. Si el señor no tiene nada que esconder, si no hay ningún delito qué perseguir, pues que demuestre lo contrario, pero que no quiera maquillar la verdad, como generalmente lo hacen los que se escudan detrás de presuntos hechos “políticos-electorales”. Para eso es la justicia, para que esta salga a la luz y él principalmente como uno de los integrantes de ese poder Judicial del país, no puede, ni debe, si es que quiere “limpiar” su nombre, sustraerse a la acción de la Ley.

Norma Piña, obligada
a iniciar investigación
La ministra Norma Piña, está obligada, al igual que otras instancias como la Procuraduría General de la República (PGR), a iniciar una carpeta de investigación por las denuncias hechas públicas frente a la Nación, frente a millones de mexicanos que están esperando, que están creyendo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea verdaderamente defensora de nuestra Constitución Política del país, de todos los estatutos jurídicos, y no los primeros infractores de la ley, no los primeros que tuerzan la ley para favorecer intereses a contentillo, intereses a conveniencia. Esto trae implicaciones, sin duda, de ahí el afán por querer tener un poder Judicial a modo, por reformar lo que tantos años de lucha ha costado, lo que no es perfecto, pero puede ser perfectible.

Las Afores, otro
dolor de cabeza
Especialistas en materia financiera desaprueban que las Afores de millones de mexicanos del país pasen a las cuentas de Bienestar con el cuento de que se hará una pensión al cien por ciento, de que los fondos se incrementarán con las ganancias que generen el tren maya, el transístmico y el funcionamiento del aeropuerto Felipe Ángeles, cuando además se pretende que los dineros de quien a los 70 años no reclame los fondos, que ese dinero sea incautado, por la “leyenda urbana” de que quien administra las Afores se queda con lo no reclamado. Señalan que es indebido que diputados pretendan legislar en ese sentido, cuando la aportación del Estado, es mínima, y que los ahorros son más bien aportaciones principalmente del sector empresarial y de los propios trabajadores, que ello es ilegal, inconstitucional. Consideran que el tema viene más a colación por la cercanía de la jornada electoral, que detrás de ello está el interés mezquino de acaparar las preferencias del electorado. Independientemente de los intereses tras bambalinas, hay una cosa muy cierta, la iniciativa que pretenden aprobar los sedicentes “legisladores” que una y otra vez han manifestado a gritos su ignorancia supina de lo que tiene que ver en materia de leyes, correrá la misma suerte que otras que han sido rebotadas, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha restablecido el estado de Derecho. A todo esto, porque no hacen una de las dichosas “consultas ciudadanas” para saber si los que tienen cuentas de Afore, desean que se les cambie el régimen en que se encuentran. ¡¡¡Que pregunten!!!, ¿no?

Colofón
Miguel Moheno Piñera, coordinador de la bancada del PVEM, aliados de Morena, urgió al gobierno a frenar los problemas de inseguridad que vive la entidad…Mil gracias por su atenta lectura, les esperamos P. D. el próximo martes.