Los gobiernos federales, de los estados y municipios, tienen facultades concurrentes para sostener el sistema de educación pública, conforme a la Ley General de Educación (LGE) promulgada en 2019, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo señalo la Primera Sala del máximo tribunal al declarar infundada la controversia constitucional que promovió en 2019 el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien buscaba devolver al gobierno federal la administración de los servicios educativos de ese estado.
Aureoles alegaba falta de recursos para pagar a los maestros, quienes mantuvieron movilizaciones en el estado desde 2018, y pretendió que el gobierno federal asumiera este gasto, argumentando que con la reforma a la LGE se había acabado con la descentralización de la educación.