José David Sánchez Plaza.
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Son varios los conflictos sociales que la administración Nuñista, deberá de atender y resolver en lo inmediato. Se tiene la percepción que no se tiene la voluntad o la capacidad para terminar con los mismos.
Hoy se cumple el quinto día, que habitantes de Nacajuca y Jalpa de Méndez quienes –supuestamente- fueron afectados por el incendio del pozo Terra 123, reiniciaron el bloqueo de 126 pozos petroleros en ambos municipios. Piden que los pagos por los daños que les ocasionó ese siniestro se hagan a la mano. Se dice, que PEMEX ya convino con los alcaldes de Nacajuca, Pedro Landero y Jalpa, Domingo García que realizará obras de infraestructura social y de ninguna manera el pago a la mano.
Dicho convenio de la empresa paraestatal con los alcaldes de ambos municipios ha sido tomado por los delegados municipales que encabeza la diputada local del PRD, Verónica Pérez, como un acto de supuesta corrupción.
Por otra parte, el Movimiento Ecologista de Tabasco, pidió ayer al Secretario de Gobierno, Raúl Ojeda que nombre a su representante ante la mesa de negociación para que se atiendan las demandas y reclamos que ocasionaron las ventanas de alivio en el Tinto y otras comunidades.
También, están pendientes que se atiendan y solucionen las recomendaciones CIAR/100/92; 81/2004 y 061/2011, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de varias instituciones gubernamentales federales.
El pasado 24 de febrero, el gobernador Arturo Núñez envió a los habitantes de los ocho municipios incluidos dentro de la recomendación 061/2011 de la CNDH, un documento en el que les hace saber que su solicitud de demanda la turnó al secretario de Gobierno, Raúl Ojeda y la titular de la SERNAPAM, Claudia Elena Zenteno Ruiz para que de acuerdo a sus respectivas competencias, les den a la brevedad la atención procedente.
En el mes de marzo del 2014, el subgerente de responsabilidad y desarrollo social de PEMEX en Villahermosa, José Luis Ibarra Gil hizo saber a los habitantes de esos ocho municipios que han solicitado que se atiendan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la empresa, da respuesta a los reclamos de la población en base a la legislación y normatividad aplicable, la cual contempla los procedimientos de recepción y procesamiento de las solicitudes que se reciben.
Además se niega a atender los reclamos de la población en base al “Acuerdo Macro para una Relación Institucional y Productiva”, la que tiene por objeto renovar y fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre PEMEX, sus organismos subsidiarios y el Gobierno del Estado.
Es preocupante la actitud asumida por PEMEX en contra de los habitantes de las comunidades en las que se realizan actividades porque cada vez que hay un reclamo los turna a que hagan su trámite en SERNAPAM, institución que ha sido acusada por proteger los intereses de la paraestatal.
¿Hasta cuán el gobernador Arturo Núñez, instruirá a la titular de la SERNAPAM, Claudia Elena Zenteno y sus colaboradores para que atiendan las demanda de los afectados y no protejan a la paraestatal?. ¿Será que en ese acuerdo macro, firmado por PEMEX y el Gobierno del Estado está incluida la impunidad?
Ya es tiempo que PEMEX atienda los reclamos de los tabasqueños. Son muchos años en que ha actuado con impunidad, en donde sus funcionarios como se ha dicho en innumerables ocasiones “no ven, no escuchan y se caracterizan por la prepotencia, soberbia y cerrazón.
Desde hace varios meses, la sociedad perdió el encanto, la ilusión y la esperanza del auto llamado Gobierno del Cambio. Es tiempo que el gobernador Arturo Núñez demuestre en los hechos que se preparó toda su vida ese cargo… Integrantes de la comisión de Justicia y Gran Jurado, aprobaron ayer por unanimidad que Rosa Isela Gómez Vázquez sea la nueva consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, ante la renuncia de César Madrigal Hernández. Sin embargo, Ahora falta que las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados local, apruebe ese nombramiento…Y en la sesión de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, sus integrantes dieron entrada a varias solicitudes de juicio político que se han interpuesto en contra de los alcaldes de Huimanguillo, Francisco Sánchez Ramos; Nacajuca, Pedro Landero y Macuspana, Víctor González Valerio. El presidente de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, Rafael Acosta León aseguró que la resolución se hará sin tintes políticos o partidistas, simplemente se hará cumplir con la ley.
Lo sobresaliente.
Desde el pasado 15 de marzo, la delegación en la entidad de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas cuenta con un nuevo delegado que a instruido a su personal para estar cerca de ese sector de la población. Que sean sensibles y atentos con los planteamientos que les hacen.
