¿Habrá reparación del daño?

Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Volvió a hacer historia el Congreso local de Tabasco. La 63 Legislatura se convirtió ayer en la tercera que reprueba la cuenta pública del Poder Ejecutivo del estado, en este caso, la correspondiente al ejercicio 2018 del hoy ex gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Antes, el 13 de diciembre de 2004, la 58 Legislatura local le reprobó la cuenta pública 2003 al gobernador Manuel Andrade Díaz, y el 15 de noviembre de 2013, la 61 Legislatura hizo lo mismo con el ejercicio 2012 de Andrés Granier Melo, único ex mandatario que ha ido a la cárcel por defraudación.

El revés al priista Manuel Andrade se lo asestó la mayoría que formaron PRD (17) y PAN (dos) contra los votos (14) del PRI –que acababa de perder el control del Congreso local– y dos legisladores aliados (uno del PVEM y otro del PAN).

Según un reporte de la época, los diputados encontraron al gobierno andradista ‘graves irregularidades’, como la desaparición de más de mil 700 millones de pesos del patrimonio estatal; además, se documentó un sobregiro presupuestal de más de tres mil millones en el ejercicio del 2003. (Proceso, 14Dic.2004)

La cuenta pública del ejercicio 2012 de Andrés Granier fue reprobada por observaciones no solventadas por cinco mil 400 millones 195 mil 671 pesos, consideradas como graves por los legisladores, que determinaron se aplicaran sanciones administrativas, procesos resarcitorios y averiguaciones previas. (El Economista, 15Nov.2013)

El ex gobernador Granier se enteró de la calificación reprobatoria de su última cuenta en el penal de Tepepan, en Ciudad de México, donde estuvo recluido por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, del 25 de junio de 2013 al 15 de enero de 2019 cuando se le concedió prisión domiciliaria.

El 4 de noviembre de 2019, la Primera Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso local dictaminó reprobar el último año del ejercicio fiscal del ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien no solventó cuatro mil 497 millones 297 mil 438 pesos de irregularidades observadas por el Órgano Superior de Fiscalización. Este dictamen, que bajó al pleno el martes 5, fue avalado por 30 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Acompañan con calificaciones reprobatorias al anterior Ejecutivo, las cuentas 2018 del Poder Judicial y de 12 municipios. La de Jonuta fue regresada a la comisión respectiva.

Tras conocerse el veredicto, el presidente de Coparmex Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano exigió que las calificaciones emitidas tengan “consecuencias ejemplares y, sobre todo, una reparación directa al erario público”.

La reprobación de las cuentas públicas 2018 de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como de 12 de los 17 ayuntamientos –incluido el de la capital– era obligada para los integrantes de la 63 Legislatura local, luego que un año atrás dejaron pasar, sin sanciones de relevancia y en medio de infinidad de reclamos, las irregularidades de los mismos actores.

La actitud tomada ahora merecerá el aval ciudadano si de la reprobación de las cuentas públicas se determinan acciones de carácter legal que permitan, por un lado, aplicar sanciones penales y administrativas a los responsables de las irregularidades y, por otro, resarcir el daño patrimonial causado a Tabasco.

La historia nos ha enseñado –no sólo en Tabasco– que el acto de reprobar una cuenta pública a un gobernante o alcalde en funciones o cuando ya dejó el cargo, obedece más al propósito de cobrar venganza al régimen anterior, o de exhibir a un chivo expiatorio para cubrir de impunidad la corrupción solapada.

Tan despreciable fue esa actitud, como las farsas que se montaron presuntamente para castigar a quienes se despacharon con la cuchara grande los recursos del erario, pues casi nunca pararon en la cárcel los acusados y, menos, se recobraba un peso de lo robado.

Lo realizado en el gobierno de Arturo Núñez ante las tropelías de todos tamaños que se cometieron en el régimen de su antecesor Andrés Granier, es digno de registrarse en un libro pues, por una parte, no se encarceló a todos los que saquearon el erario o se enriquecieron desde los cargos públicos y, por la otra, nunca jamás se reparó el daño. Y lo peor, los autores del saqueo están hoy libres y, por poco, acabamos pidiéndoles perdón.

Hoy, el debate no debe ir en el sentido de cómo deben actuar en lo sucesivo los gobernantes, sino qué hará ahora el Congreso local ante lo que ha reprobado.

Al grano
A QUIEN DEBE otorgársele una medalla es al ex alcalde de Macuspana, José Eduardo Rovirosa Ramírez, a quien por cuarta ocasión consecutiva (fue dos veces alcalde) le reprueban su cuenta pública. Y sólo ha pisado la cárcel para visitar a un pariente… A ver qué sucede ante las observaciones por 170 millones de pesos que no solventó…

ACLARÓ EL EDIL de Centro, Evaristo Hernández Cruz que la reprobación de la cuenta 2018 de Centro fue por irregularidades superiores a 170 millones de pesos que no solventó la administración pasada, y por lo que hace a los 48 millones de pesos que le observaron en los tres meses que le tocaron del año pasado, ya fueron solventadas… “No tenemos ningún problema”, sostuvo…