Sin Rodeos
Las ‘reses de hoy’ Fernando Hernández Gómez fdohernandezg@hotmail.com Al iniciar esta semana la revisión física y documental de las cuentas públicas 2018 de los entes públicos, que en conjunto recibieron del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) observaciones de presuntas irregularidades en el manejo del erario estatal y de los municipios, por casi cinco […]
2 de octubre de 2019

Las ‘reses de hoy’

Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Al iniciar esta semana la revisión física y documental de las cuentas públicas 2018 de los entes públicos, que en conjunto recibieron del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) observaciones de presuntas irregularidades en el manejo del erario estatal y de los municipios, por casi cinco mil 650 millones de pesos, surgen una serie de preguntas que en las siguientes semanas encontrarán respuestas.

¿Qué funcionarios serán sentados en el banquillo de los acusados? ¿Qué alcaldes que se despacharon con la cuchara grande serán presentados ante la justicia? ¿Qué tan alto llegará el combate a la corrupción y a la impunidad en este sexenio? ¿Están preparados profesionalmente los entes fiscalizadores y de procuración de justicia para aplicar la ley? ¿Hay voluntad de hacerlo?

Empecemos por lo que declaró el fiscal superior del estado, Alejandro Álvarez González, al anunciar el inicio de este proceso que en el sexenio pasado no fue más que circo que sólo permitió llevar a la cárcel a unos cuantos funcionarios de la administración 2007-2012, encabezados por quien fue gobernador. Se les acusó de todo y al cabo de procesos judiciales controvertidos, los acusados salieron libres –casi casi debió pedírseles perdón– y jamás se supo de un peso recuperado de los miles de millones que habrían sustraído del erario.

Manifestó el titular del OSFE a los diputados locales que “he instruido al personal que apoyará en esta labor, para que facilite toda la información requerida, siempre en absoluto respeto a sus facultades y, por supuesto, al estado de derecho”. (Telerreportaje, 01Oct.2019)

La presidenta de la Comisión Inspectora de Hacienda Primera del Congreso local, María Esther Álvarez, habló del compromiso de los integrantes de la 63 Legislatura. “Las exigencia de los ciudadanos es que si encontraron observaciones los entes auditables, se les dé seguimiento para que se cumpla, hasta llegar al término de un proceso legal y que los que incurrieron en algún delito sean juzgado conforme la ley. La sociedad nos reclama acciones contundentes y continuará exigiéndonos buenos resultados”, declaró.

La presidenta de la Comisión Segunda, Patricia Hernández Calderón resaltó: “Es obligación de todos, trabajar para lograr una revisión de cuentas claras, objetivas, comparables, confiables y transparentes en nuestro estado”.

Y la presidente de la Comisión Tercera, Katia Ornelas Gil, subrayó que los diputados buscan legitimar el proceso de calificación de cuentas públicas, alejando el fantasma de los intereses creados, la simulación y la complicidad para encubrir lo ilegal, “demostrándole a las ciudadanos que de este lado estamos personas honorables y responsables que velaremos porque se cumpla la ley, sin excepción alguna, ni intervenciones, ni injerencias de ningún tipo”.

Todo lo dicho suena muy bonito y, al final del proceso, a fin de año, podrá decirse si los legisladores locales cumplieron con su responsabilidad legal o le quedaron a deber a los tabasqueños, como fue la percepción del año pasado cuando calificaron las cuentas públicas del 2017, recién estrenaron sus curules.

Hay expectativas por los resultados que, al final del día, entregarán los diputados tabasqueños, que ya lograron obligar al OSFE a iniciar una auditoría integral a la cuenta pública 2018 del Sistema DIF estatal, que siempre ha sido un área vedada para los entes fiscalizadores, que no se habían atrevido a tocar ni con el pétalo de una rosa a la esposa de un (ex) gobernador. Los resultados del arqueo al organismo que manejó 670 millones de pesos el año pasado los conoceremos en la última semana de abril del 2020.

La cuenta pública 2018 del Poder Ejecutivo tuvo observaciones por cuatro mil 520 millones de pesos, en tanto que a los municipios de los Ríos y la Sierra el OSFE les señaló irregularidades por 721 millones 645 mil pesos, y a los de la Chontalpa y Centro, por 407 millones. En los Ríos y la Sierra, sólo Emiliano Zapata y Tenosique pasaron el filtro del ente fiscalizador; eso nos da una idea de qué tan mal manejaron sus presupuestos la mayoría de los ayuntamientos.

En este momento –como dijo ayer la diputada Hernández Calderón–, sería prematuro adelantar qué cuentas públicas municipales del 2018 estarían reprobadas, pero hay indicios documentales que quienes fueron alcaldes de Macuspana y Teapa dejaron un cochinero. En fin, no hay que especular acerca de cómo vendrán las calificaciones, sólo hay que recordarles a los diputados su compromiso de actuar con ética, de forma transparente y con apego a la ley.

AL GRANO
¿QUÉ TENDRÁ que ver con la calificación de las cuentas públicas 2018 la reunión que ayer sostuvieron en la capital del país el gobernador Adán Augusto López Hernández y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros… Se informó que acordaron fortalecer las estrategias que permitan prevenir y erradicar la corrupción e impunidad…

A QUIENES LE mueven el tapete a la presidenta de la Jucopo en el Congreso local, Beatriz Milland Pérez, el diputado cardenense Tomás Brito Lara, les remarcó que en la bancada de Morena no es ‘tema de discusión’ el cambio de coordinador parlamentario…

BUSCA EL RECTOR de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, antes de terminar su segundo periodo (enero de 2020), garantizar los pagos de prestaciones de fin de año de trabajadores universitarios… ¿Lo conseguirá?

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