Creset: ¿La ‘casa del terror’?

Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Reprobado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2018) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –su calificación fue de 5.79 en una escala de 10 puntos–, el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) no es de los penales más peligrosos del país. Sin embargo, los incidentes violentos de los últimos tres meses con saldo de tres muertos y siete heridos, lo ponen en el centro de la atención de medios de todo el país.

Desde aquel 21 de octubre de 1999, cuando en plena inundación de amplias zonas de Villahermosa fueron asesinados nueve internos de alta peligrosidad por compañeros de celdas y siete más resultaron con heridas graves, el Creset era motivo de discusión por lo que sucede dentro de sus elevadas paredes.

Hace tres meses, una riña entre internos en el Módulo 9 del penal, dejó como saldo la madrugada del 25 de junio un muerto y dos heridos. Un grupo de custodios y antimotines ingresaron ese día a la sección y restablecieron el orden con uso de fuerza no letal, asegurando a los dos presuntos homicidas.

Este 23 de septiembre, dos internos murieron y cinco más resultaron lesionados durante nueva riña, en el Área 2 de Sentenciados. Hasta que concluyó la trifulca, policías lograron entrar al lugar y encontraron a siete personas tiradas en el piso, con múltiples heridas causadas por armas punzo-cortantes.

A raíz de la primera riña del año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió recomendaciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –de la que depende el penal– pidiéndole solucionar las condiciones de inseguridad que hay al interior del reclusorio. La dependencia estatal comunicó que aceptaba emprender acciones encaminadas a propiciar mayor seguridad y estabilidad al interior del Creset.

Con los hechos del lunes 23, la oficina del ombudsman tabasqueño se apresuró a emitir medidas cautelares a la SSPC, exigiéndole evalúe de inmediato la idoneidad y aptitud del personal de mando en áreas relacionadas; ejecute medidas para retomar el control de la seguridad interior, e implemente operativo para revisión, detección y aseguramiento de armas y sustancias prohibidas.

Las condiciones de las cárceles en gran parte del país hacen propicio que se vuelvan sitios inseguros para sus internos y que éstos se vean involucrados en riñas por el control de los negocios en su interior.

El diagnóstico que hizo la CNDH al Creset explica por qué suceden estos incidentes violentos, como los ocurridos el 25 de junio y 23 de septiembre. Los visitadores del ombudsman nacional encontraron las siguientes situaciones que afectan la integridad personal de los internos: sobrepoblación y hacinamiento (su capacidad es para mil 200 hombres y 100 mujeres, pero lo habitan mil 946 varones y 109 féminas); deficiencias en los servicios de salud, falta de supervisión del funcionamiento por autoridades; insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, y mala atención a personas internas en condiciones de aislamiento.

Sobre los aspectos para estancia digna, se asentaron: insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a personas privadas de la libertad; inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, cocina y comedores, y deficiencias en la alimentación.

Por lo que hace a las condiciones de gobernabilidad, se detectó: ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad (autogobierno/ cogobierno), insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, y de cobros (extorsión y sobornos).

Con relación a la reinserción social del interno, la CNDH percibió: inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, deficiente separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. Además, indicó que hay deficiencia en la atención a mujeres y menores que vivan con ellas, a adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y LGBTTTI, así como insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

En cambio, observó una apropiada atención en la capacitación del personal penitenciario, en la integración del expediente técnico-jurídico, y vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.

La política penitenciaria de México, salvo casos muy contados, es deficiente y está muy lejos de procurar la reinserción social de la población interna. En Tabasco, con excepción de los ceresos de Huimanguillo (calificación 6.44) y de Cárdenas (6.08), el Creset de Villahermosa (5.79) y el penal de Comalcalco (5.67) tienen una tendencia a mantener sus condiciones deficientes.

Mientras sigan existiendo esas deficiencias y vicios en los penales, seguirán ocurriendo incidentes graves como las riñas y amotinamientos de reos; no bastaría quitar al director del Creset, cuando se trata de controlar a una población de dos mil 55 internos. Podrá reducirse esta cifra con la liberación de reclusos de baja peligrosidad, pero seguirán existiendo los problemas cuando hay una sobrepoblación que amenaza la gobernabilidad. Un nuevo penal, como lo planteaba a fines de junio el titular de la SSPC, Ángel Mario Balcázar Martínez, podría ser la solución a mediano o largo plazo. ¿Con qué se haría?

Al grano
EL CAOS QUE vivió la capital tabasqueña la tarde-noche del lunes 23 nos debe poner a pensar en que ya urge un drenaje pluvial para la ciudad, que se debe revisar la funcionalidad del sistema de bombeo para desalojo de aguas y, sobre todo, que ya es tiempo que evitemos que las calles estén inundadas de basura…