La Corte, ¿contra AMLO?

Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado entrada en el último año a dos acciones de inconstitucionalidad –promovidas, una por partidos políticos, y otra, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)– en contra de reformas legales aprobadas por la 63 Legislatura tabasqueña.

Una de estas reformas, al Código Penal del Estado, que determinaba sanciones más severas a los bloqueos a vías de comunicación con fines de extorsión, fue invalidada por la SCJN; la otra, a la Constitución, que recortó a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos de la entidad, está en curso.

El hecho que se ordenara dar reversa a la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos con presencia en el estado, fue calificado por adversarios al régimen morenista de la entidad, como un duro golpe que le propinaron los ministros del máximo órgano jurisdiccional del país a los legisladores locales.

Falta un fallo, y se ignora el sentido que tendrá la petición de la CEDH para que se declare la inconstitucionalidad de la considerada ‘ley anti-bloqueos’, pero las dos iniciativas aprobadas por el Congreso local tienen en común, que ambas son asuntos del interés del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos:

1) El mandatario de la Nación es el primer interesado en establecer en el país la austeridad republicana, para evitar dispendios y gastos onerosos de recursos públicos, así como sueldos exorbitantes de funcionarios públicos, y él ha considerado que el financiamiento público a partidos en México es excesivo.

2) López Obrador ha pedido a los tabasqueños su colaboración para que la construcción de la refinería de Dos Bocas se realice sin contratiempos, con garantías de seguridad para las inversiones públicas y privadas que se asentarán en el municipio de Paraíso, y los bloqueos a accesos de zonas petroleras por seudo-sindicatos que exigen pago del derecho de piso, representa una amenaza latente para su mayor proyecto de inversión en México.

¿Qué ha ocurrido?
a) El 5 de septiembre, la SCJN decidió invalidar –al resolver en su pleno una acción promovida por tres partidos y la ex Procuraduría General de la República– la reforma a la Constitución local para reducir al 50 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos en Tabasco, aprobada por unanimidad en el Congreso local, el 20 de septiembre del 2018. Argumentó que la decisión de modificar la fórmula de asignación de las prerrogativas partidistas es facultad exclusiva del Congreso de la Unión… aunque se trate de recursos públicos de un estado soberano. “Es muy poco el margen de libre configuración que tiene el legislador local”, argumentó el ministro Luis María Aguilar.

b) El 12 de septiembre, la Suprema Corte, a través del ministro Fernando Franco, admitió a trámite tres acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal, aprobada por el Congreso de Tabasco. Al notificar la admisión de estas acciones, se negó a la CEDH suspender la norma cuestionada, que criminaliza la obstrucción de vías y obras públicas con fines de extorsión.

No se sabe cuándo el pleno de la SCJN emitirá su fallo sobre la impugnación a esta reforma, que sus detractores llaman ‘ley garrote’ porque consideran que atropella derechos fundamentales, como la libertad de expresión, de asociación y de protesta, aunque los promotores de la iniciativa aseguran que salvaguarda los derechos de terceros y da seguridad a las inversiones en Tabasco.

Por lo que hace al financiamiento partidista, el Presidente ha pedido a los partidos políticos reducir en 50 por ciento sus gastos y regresar el resto a la Secretaría de Hacienda. “No pueden existir partidos ricos con un pueblo pobre”, reflexionó. (El Financiero, 07Ago.2019)

En cuanto a la reforma al Código Penal del estado –contra la que se desató un bombardeo mediático–, López Obrador explicó aquí el 23 de agosto, lo que ha sido la industria de la extorsión por seudo-sindicatos. Y externó: “Nosotros le tenemos toda la confianza y le damos todo el apoyo al gobernador de Tabasco. No es un asunto aislado, no es que él tenga ese propósito (reprimir protestas); es una política que se está aplicando a nivel nacional: poner orden. La democracia es orden, orden democrático, de conformidad con la ley”.

Nada que ver con Tabasco, pero se enmarca en ese choque AMLO-SCJN, el proyecto aeroportuario del gobierno de México. Un juez federal retrasó el martes 17 la resolución sobre la petición de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para revocar una de las suspensiones por las que se encuentra en pausa la construcción del aeropuerto Santa Lucía, de la Ciudad de México. La resolución se reprogramó al 24 de septiembre. (El Sol de México, 18Sept.2019)

¿Tendrá esto que ver todo esto con la actitud asumida por el Presidente de demandar a los ministros de la Corte federal que reduzcan sus percepciones? En los promocionales de televisión por su I Informe de Gobierno, López Obrador destacaba: “No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales…”. ¿Quiénes ganaban tanto?

Al grano
EN SU PRIMERA visita a Tabasco, el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau se reunió ayer con el gobernador Adán Augusto López Hernández, a quien le expresó que su país puede ser parte del proceso de recuperación y de desarrollo económico de la entidad, como ya lo está haciendo en materia de seguridad, cooperando con la Fiscalía General del Estado “para encerrar a los delincuentes”…