En el reino de la impunidad

Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
El tema no es menor. Hay quienes lo ven como restricción al clima de libertades consagradas en la Constitución de México; otros, como coraza que salvaguarda la gobernabilidad, las inversiones y la viabilidad del estado. Y aunque muchos de los cuestionamientos carecen de razonamiento, los adversarios al régimen morenista le han puesto el mote de ‘ley garrote’ o ‘ley anti-bloqueos’.

Se trata de la adecuación al artículo 308 Bis del Código Penal del Estado. Debe interesar a todos, su conocimiento, alcances y repercusiones –más allá de dimes y diretes en redes sociales y del golpeteo desatado en medios contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Adán Augusto López Hernández–, sobre todo porque urge que la entidad recupere su ruta de desarrollo, con estabilidad y bajo el imperio del derecho.

¿Por qué tanto escándalo y el escarnio hacia quienes promovieron y aprobaron las reformas al Código Penal estatal, que determinan sanciones más severas a quienes incurran en bloqueos a vías de comunicación con el fin de extorsionar?

El 29 de julio, los integrantes de la 63 Legislatura local analizaron, y con el voto de la mayoría se estableció que el artículo 308 bis, del citado Código quedara así: “Al que extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas e impida, total o parcialmente, el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajos de obras públicas y privadas, en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local a que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten”.

Estas 91 palabras han sido malinterpretadas por los malquerientes de la cuarta transformación, antes y después que se modificara dicho Código. El lunes 29, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, debió reunirse con cada fracción legislativa para esclarecer que la iniciativa no era ninguna ‘ley garrote’. La reforma, con algunas acotaciones, salió avante tras prolongada discusión en la sesión extraordinaria. Pero siguieron sembrando cizaña.

Pese a que queda claro que quienes obstruyan vías de comunicación con fines de extorsión serán objeto de penalizaciones, siguió insistiéndose que se trata de una ley que coarta libertades. En ningún renglón el artículo 308 bis refiere que está prohibido manifestarse, marchar en una vialidad o plantarse pacíficamente en una plaza pública o frente a sede de alguna institución gubernamental. Precisa que habrá sanción a quien impida el libre paso de personas y vehículos; esto es, que no se limite el derecho de nadie a transitar libremente.

La reforma tuvo el aval del Presidente López Obrador. “No es para reprimir libertades; es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno”, expresó en la mañanera del lunes 29, al explicar que en Tabasco se acostumbraba extorsionar a compañías que trabajan para Pemex. “Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare”, dijo el mandatario nacional.

Y López Hernández lo aclaró en rueda de prensa la tarde del mismo lunes. “Tabasco no puede ser reino de la impunidad. Aquí tiene que haber respeto al estado de derecho, y reiteramos nuestra plena disposición para garantizar el respeto a los derechos humanos en Tabasco, el respeto a la libre manifestación de las ideas, a la libertad de expresión, la libertad de asociación, a la libertad de participación, lamentamos que como siempre haya grupos de intereses e incluso se han nutrido del chantaje y la extorsión”, sentenció el gobernador.

Si los cuestionamientos a la reforma legal han sido acres, las muestras de apoyo son puntuales. “Las manifestaciones son sagradas, pero se ha querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”, remarcó la lideresa nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. (Reforma, 30Jul.2019)

El presidente de Coparmex-Tabasco, Ricardo Castellanos Martínez de Castro consideró que la reforma era necesaria en un estado donde la extorsión es el delito que ocupa el primer lugar en todas sus modalidades, y donde más de 120 seudo-líderes han desarrollado toda una industria de la extorsión en los accesos a zonas petroleras, acosando a empresas públicas y privadas, que pagan ‘cuotas’ que llegan a representar hasta 15 por ciento del valor del proyecto.

¿Qué sigue? La diputada local del PRI, Ingrid Rosas adelantó que su partido podría interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma, y el Comité de Derecho Humanos de Tabasco amenaza con una acción similar. Empero, Adán Augusto López sostiene que está preparados para defender la reforma al Código Penal, que no vulnera ningún derecho constitucional.

Al grano
NOTICIA PARA INCRÉDULOS… Mañana inicia la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso… Por lo visto, la instalación de 17 plantas de proceso, caminará a la par de trabajos de adecuación del terreno…