Vacío de autoridad

Fernando Hernández Gómez
fdohernandezg@hotmail.com
Es patético lo que sucede en Macuspana. Los habitantes de ese municipio se lamentan por el vacío de autoridad, dado que quien se ostenta como alcalde se ha dedicado a despilfarrar el erario. Y, peor aún, dando muestras de su insensatez llegó al extremo de auspiciar actos de sabotaje contra su propio pueblo.

Excepto un grupo de regidores, nadie en esa demarcación se había atrevido a sacarle sus trapos sucios a José Eduardo Rovirosa Ramírez, pero ese silencio ya sea por complicidad o temor a represalias parece desvanecerse, y hoy crecen las voces dispuestas a exhibir sus tropelías y disparates.

La acusación que la víspera formuló la ex legisladora priista Lorena Beauregard de los Santos, de que el alcalde de Macuspana ‘estuvo detrás’ de los disturbios y saqueos a comercios en aquel municipio la primera semana de enero, confirma lo que en redes sociales y diversos medios se había consignado y aporta nuevos elementos que podrían ser útiles para fincarle responsabilidades legales a Cuco Rovirosa.

Beauregard de los Santos afirma que ella estuvo en Macuspana durante los disturbios atribuidos al gasolinazo, y que recogió versiones de ‘conocidos y amigos’ que le comentaron que el alcalde Rovirosa estuvo sosteniendo encuentros con vándalos, a quienes habría pagado 500 pesos para cometer hurtos a establecimientos comerciales. (Telerreportaje, 15Ene.2017)

Abundó que no sólo vándalos participaron en el motín, sino también “los policías estaban acarreando electrodomésticos; incluso hay funcionarios de la administración municipal que participaron en los saqueos de manera irrisoria, porque se les toma video con una Coca-cola o Sabritas cuando se estaban saqueando tiendas Oxxo”.

Durante los disturbios –expuso–, la población se sintió desprotegida y sin apoyo del alcalde, ni de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo que muchos ciudadanos tomaron la decisión de auto-defenderse.

Narró que el pánico se apoderó de los habitantes que se encerraron en sus casas, con luces apagadas, por temor a ser atacados por vándalos, y manifestó: “la gente en Macuspana estaba sola, a merced de alguien que gobierna y que no tiene idea de lo que representa el actuar en situaciones de crisis como ésta”.

Las acusaciones de la ex diputada se suman a la que el jueves 12 hicieron ante el Congreso local y el Órgano Superior de Fiscalización los regidores Luisa Aurora Sastré Hernández, Alejandro Priego Pozo, Mónica Rodríguez Potenciano, Guadalupe González Villalobos y José Joaquín Fonz Hernández, quienes exhibieron presuntas irregularidades de Rovirosa Ramírez en el manejo presupuestal del ayuntamiento.

Entre los trapitos socios que exhibieron los miembros del Cabildo macuspanense, hay un dato curioso: que Cuco Rovirosa dispuso un presupuesto de 18 millones de pesos para organizar fiestas, y únicamente 500 mil pesos para el área de desarrollo rural y social del municipio.

Lorena Beauregard demandó a la fracción de su partido en el Congreso local que inicie el procedimiento para que el alcalde de su municipio sea sometido a un proceso de desafuero, a fin de que sea destituido.

“Cuco es priista, pero la verdad es que no he escuchado a un priista que no se sienta avergonzado de tener un alcalde como él”, expresó. Y sentenció: “aquí lo real es que no está facultado para gobernar”.

Y parece que Rovirosa Ramírez se quedó descobijado políticamente. El dirigente estatal del PRI, Miguel Valdivia de Dios, declaró que su partido no protege ni solapará a nadie que actúe al margen de la ley.

“Se debe castigar toda inducción deliberada para acentuar los niveles de violencia en cualquier acto, no solamente de protesta; en particular, con el tema del incremento al precio de la gasolina, se debe de perseguir por parte de la ley hasta sus últimas consecuencias, y quien sea responsable, un ciudadano común y corriente o un servidor público del tamaño que sea, hacerlo responsable de sus actos”, sostuvo.

El caso Macuspana no es sólo de priistas. Compete a todo el Congreso local por lo que hace a la falta de capacidad del alcalde para conducir el municipio, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en la autoría intelectual de los disturbios y saqueos al comercio.

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