El Congreso del Estado reprobó ayer la cuenta pública de la administración de Andrés Granier Melo, correspondiente a 2012, mientras los diputados priistas consideraron que se trataba de una persecución política contra la anterior administración

Daniel Lorca
Rumbo Nuevo
Con 25 votos a favor y ocho abstenciones, el Congreso del Estado reprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del poder Ejecutivo, en una maratónica sesión en donde participaron siete oradores que expusieron sus argumentos a favor y en contra.
Y es que el dictamen que emitió la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, señala que se revisaron 238 proyectos generales de un total de 837 que se reportaron como concluidos, representando el total de la muestra la cantidad de 11 mil 44 millones 184 mil 924 pesos, monto que representa el 38 por ciento del total de presupuesto ejercido en 2012.
Asimismo, acumulándose como resultado de la auditoría la cantidad de dos mil 376 observaciones documentales, presupuestales, financieras, físicas y de control interno, mismas que no fueron solventadas en su totalidad en tiempo y forma, quedando firme en pliegos de cargos, lo que representa el 49 por ciento de la muestra auditada, por un monto de cinco mil 400 millones 195 mil 671 pesos, pendientes por resoluciones administrativas, procedimientos resarcitorios y averiguaciones en las dependencias y organismos que se citan.
Y es que el dictamen emitido, tomando en cuenta el contenido de los informes de resultados y complementarios entregados por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE), se concluyó que las irregularidades detectadas fueron consideradas como graves, porque son reiteradas y contravienen las diversas disposiciones legales, causando detrimento al patrimonio de la Hacienda Pública Estatal.
En su oportunidad, la presidenta de la Primera Inspectora, Neyda Beatriz García Martínez, indicó que la reprobación de la cuenta 2012 del poder Ejecutivo se trataba de un acto justo “para que nunca más se vuelva a presentar un robo como el que sucedió el sexenio pasado”, y añadió que se actuó con apego a derecho, responsabilidad, objetividad, imparcialidad y sin ánimo de revanchismo.
En su oportunidad, los diputados locales del PRI, Esther Alicia DagdugLutzow, José del Carmen Herrera Sánchez y Carlos Mario de la Cruz Alejandro, mostraron su inconformidad por considerar que el dictamen presentaba inconsistencias técnicas, era contrario a derecho y técnicamente insostenible, y porque no cuenta con la transparencia ni certeza suficientes, ni se ajusta a la institucionalidad, por lo que consideraron que se trataba de una persecución política contra la anterior administración.
Mientras tanto, el diputado local del PAN, Francisco Castillo Ramírez, subrayó que con esta histórica sesión se sientan bases para que nunca más un gobierno como el anterior, “que fue el más nefasto en la historia reciente de Tabasco”, actúe en contra de los intereses del pueblo, por lo que “es momento de hacer efectiva la máxima de que: en Tabasco, quien la hace la paga”.