El gobierno de Javier Milei derogó cerca de 70 normas sobre control de precios, abastecimiento y otras exigencias burocráticas sobre el sector privado en su afán por desregular la economía argentina y favorecer la libre competencia. La medida, sin embargo, despoja al Estado de las herramientas para evitar una aceleración descontrolada de precios en un país que convive desde hace años con la inflación.