Obligado por la circunstancia, José Antonio de la Vega Asmitia evidenció la simulación, engaño y farsa en que cayó el Congreso estatal en la elección de los consejeros propietarios y suplentes del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública Layda López Arrazate, Jesús Manuel de los Santos Argáez y Teresa de Jesús Luna Posada. La farsa provino cuando aprueban por unanimidad la dispensa de la lectura del dictamen, por obvias razones, se desconocía los nombres de los comisionados a elegir. Y con las cédulas de votación en las manos, los diputados no sabían por quién sufragar. Al percatarse del error De la Vega Asmitia le gritó al Presidente de la Mesa Directiva Juan Pablo de la Fuente Utrilla que diera a conocer los nombres de los postulados. De la Fuente Utrilla en vez de leer la lista de los postulados, leyó la lista de los consejeros designados, tal como quedaría en el diario de debates. Los diputados se quedaron con su tarjeta de votación, porque ya traían preparado de antemano la lista de ganadores.

Luis Enrique Martínez
Rumbo Nuevo
Para el juicio de la historia, el único que libró la ofensa pública de los diputados del PRD, PAN, PT, Movimiento Ciudadano y la dizque «independiente» y hasta de los representantes del Morena, fue Manuel Andrade Díaz quien justificó su inasistencia por «motivos personales». Y en realidad, así era. En el momento de la sesión ordinaria número 21 de la Legislatura 62, el ex gobernador estaba en Quintana Roo asumiendo la delegación nacional del PRI a propósito de la elección de gobernador de esa entidad que se realizará en junio próximo.
Con la inesperada moción del coordinador de la bancada del PRD, la votación final pasó a segundo plano. Es cierto que el resultado apenas cumplió el requisito constitucional de 23 votos, pero lo que ocurrió momentos antes de la elección dejó al descubierto el acuerdo previo entre la mayoría controlada para elegir a Layda López Arrazate, Jesús Manuel de los Santos Argaez y Teresa de Jesús Luna Posada como nuevos funcionarios del ITAIP a partir del 29 de abril de 2016.
La farsa provino de algo así como un autoatentado. A propuesta de la mesa directiva, el pleno aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura de dos dictámenes y un punto de acuerdo en una sola emisión. El primero en calificarse fue la propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Por obvias razones, se desconocía los nombres de los comisionados a elegir. Y con las cédulas de votación en las manos, los representantes populares no sabían por quien sufragar.
Atento a cualquier cosa o actitud que rompa la rutina del pleno, De la Vega Asmitia, en un primer momento sentado en su curul, luego de pie y a voz en cuello, pidió al presidente de la mesa directiva Juan Pablo De la Fuente Urtrilla, diera a conocer los nombres de los postulados. Pero aún inexperto en las lides legislativas, el militante del Morena leyó tal cual quedaría el dictamen para el diario de debates: «…nombrar a…», dijo, en vez de decir «elegir».
Así, y sólo así, la mayoría maiceada recuperó la línea extraviada voluntaria o involuntariamente con la excepción, en este caso, de los hermanos del PRI y PVEM que votaron contra el dictamen aunque, cual borregos, siguieron el guión del simulacro electivo que el mismo presidente de la Jucopo había revelado con su moción a la mesa directiva.
Gracias a esa inesperada pero obligada orientación pública a la mesa directiva y a sus seguidores, el coordinador del PRD rompió la rutina que envolvía a la asamblea. Y eso que la posterior aprobación del dictamen de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que comparezca el director del ISSET, Agapito Domínguez Lacroix, pasó sin que se indicara fecha, hora y lugar de la cita en una clara muestra de la opacidad legislativa que predomina en el Congreso local.
El desahogo del orden del día concluyó con las intervenciones en asuntos generales de José Atila Morales Ruiz, Salvador Sánchez, Ana Luisa Castellanos, Manlio Beltrán Ramos y Solange María Soler Lanz, leyendo efemérides relacionadas con la ya fuera de la realidad expropiación petrolera, y para dar a conocer un posicionamiento del PAN en materia de la propuesta federal de establecer el mando único policial en los 32 estados del país.