José David Sánchez Plaza
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Prepotencia, cerrazón, falta de sensibilidad y con una actitud altanera, actuaron ayer los altos funcionarios de PEMEX al fijar su postura en torno al bloqueo que habitantes de Nacajuca y Jalpa mantienen en la Pirámide, Centro Administrativos y 800 instalaciones en otros municipios que incluyen pozos principalmente.

El coordinador ejecutivo Froilán García Galicia; el gerente de responsabilidad y desarrollo social, Bernardo Bosch y José Luis Fonz Aguilar, subdirector de PEP región Sur, fueron los funcionarios de PEMEX que estuvieron en conocido programa radiofónico, en el que actuaron como juez y parte al sostener que de acuerdo a los resultados que se han tenido en torno al siniestro del Pozo Terra 123 no hay ninguna afectación en suelo, aire, fauna y la salud de los habitantes que viven en las inmediaciones de esa instalación.

Aseguraron que con habitantes, autoridades de 56 comunidades y los alcaldes de Nacajuca y Jalpa, ya establecieron un acuerdo para la ejecución de  90 obras, aunque advirtieron que se iniciarán una vez que se suspendan los bloqueos.

Pero, ¿cómo se puede entender la actitud de los funcionarios de PEMEX cuando reconocen que han recibido 11 mil demandas por afectaciones que se han registrado en las comunidades en donde se realiza la actividad petrolera, pero no han sido dictaminadas porque los habitantes no permiten el acceso al personal especializado para que haga la revisión y elaboren el dictamen correspondientes?.

Dirigentes de organizaciones de productores y asociaciones de la sociedad civil, han denunciado la parcialidad con que los funcionarios de PEMEX actúan y la protección que reciben de parte de los funcionarios de la SERNAPAM.

Los funcionarios de PEMEX, Froilán García Galicia, José Luis Fonz Aguilar y Bernardo Bosch, expusieron que esas 90 obras las esperan concluir en el mes de diciembre de éste año y que incluyen pavimentación de carretera, bacheo de caminos, domos en escuelas y otras más.

Argumentaron que lograron el aval y los acuerdos con madres de familia, delegados y los presidentes municipales de ambos municipios para que realicen dichos trabajos.

En su exposición, los funcionarios de PEMEX aseguraron que después que se controló el siniestro del pozo Terra 123, personal especializado inició el protocolo que marca la Norma Oficial Mexicana para contrarrestar los posibles efectos negativos que se pudieron tener e implementaron un Plan Ambiental.

En la entrevista, los funcionarios de PEMEX, descartaron atender las demandas de los habitantes que mantienen el bloqueo en la Pirámide, Centro Administrativo e instalaciones petroleras  porque aseguraron que ya han alcanzado acuerdos con habitantes de 56 comunidades de Nacajuca y Jalpa.

Lo sorprendente es que dieron a conocer que PEMEX, entregó en el 2013 al gobierno del Estado, alrededor de 600 millones de pesos, de los cuáles han sido destinados para la infraestructura en las comunidades en donde se realiza la actividad peteorlera.

Los funcionarios de PEMEX dejaron en claro que no darán dinero a la mano. No tendrán ningún acercamiento con los plantonistas y sólo tendrán un diálogo y relación con los habitantes, autoridades de comunidades y los presidentes municipales de Nacajuca y Jalpa, en los que ya se alcanzaron acuerdos.

Lo sobresaliente
Casi dos años después que se reprobó la cuenta pública 2011 del IEPC, el Órgano Superior de Fiscalización presentó ante la Procuraduría General de Justicia, una denuncia de carácter penal en contra de quién o quienes resulten responsables en contra de funcionarios, ex funcionarios, consejeros y ex consejeros electorales por el presunto sobreprecio del edificio que adquirieron en donde sería la nueva sede del órgano electoral.

Hasta el momento trascendió que son cerca de 20 personas que están incluidas en ésta demanda en las que están contemplados presuntamente los actuales seis consejeros electorales del IEPC, el ex presidente del organismo, Alfonso Castillo Suárez, el ex director administrativo, Carlos Iñiguez, la notario público, Adela Ramos y el ex propietario del inmueble, Alberto Gálaci.¿Será que ahora si se aplicarán sanciones a quienes se les compruebe que cometieron una irregularidad con dineros públicos? O sólo será una campaña de papel.