Jacinto López Cruz
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Aunque ha quedado en claro que desde el Congreso del estado la mayoría De los legisladores priistas están prestos a aprobar la cuenta pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEyPCT), donde se encuentra incluida la compra de un viejo edificio que permaneció abandonado durante ocho años, la presentación del avalúo con el valor real de ese inmueble, por parte del legislador perredista Juan José Martínez Pérez deja en claro que los consejeros electorales son los verdaderos defraudadores de los recursos públicos que debieron cuidar más que si se tratara de su dinero personal, por lo que deberán ser juzgados conforme a la ley de la materia en vez de tratar de encubrirlos.
La denuncia presentada desde la tribuna más alta del pueblo por parte del legislador perredista Juan José Martínez, reabre de nuevo la polémica en torno a que los propios consejeros electorales ayudados por el ex-director de Administración, Carlos Enrique Iñiguez Rosique, atentaron en contra del propio patrimonio económico del Instituto Electoral, justo cuando su presidente interino, Gustavo Rodríguez Castro pretendiendo darle carpetazo al asunto había anunciado públicamente que Gilberto Gallasi el “prestamista o usurero” que les vendió dicha propiedad, ya realiza los trabajos para reparar los daños ocultos que se encontraron, para que a la brevedad puedan trasladar las oficinas centrales al periférico de la ciudad y acabar con los señalamientos de que compraron un inmueble viejo, derruido, inservible, que no se puede habitar, ya que desde el 11 de abril de 2011 que lo adquirieron y sin que hasta la presenta fecha no lo han podido ocupar porque resulta inseguro.
El avalúo realizado por el ingeniero Crispín Torres Luna, excandidato a la dirigencia estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Tabasco, es una estocada mortal en contra de los propios consejeros del Instituto Electoral, que a toda costa, como los gatos que tapan su excremento, buscan tapar sus cochinadas para que la población tabasqueña olvide que cometieron un robo en despoblado, que defraudaron a la propia institución que debieron cuidar más que a su causa, y que no puede quedar impune que se hayan agenciado a la malagueña cerca de 14 millones de pesos de un solo plumazo, que es recurso público, que es patrimonio del Instituto Electoral, cuando los más obligados a cuidar cada peso de la institución donde prestan sus servicios son precisamente los consejeros, que ahora están sentados en el banquillo de los acusados bajo las miradas interrogantes de la propia población que exige una total aclaración, que se transparente la compra de un inmueble que se ha convertido en un elefante blanco que difícilmente servirá para ser habitado, porque no reúne las condiciones de seguridad que se requiere en un edificio de varios niveles.
El avalúo de Crispín Torres, reaviva las dudas, las sospechas de que los propios consejeros, incluyendo al ex-presidente Alfonso Castillo Suárez, (durante su mandato cuando se compró el inmueble) auxiliados por el ex-director, Carlos Enrique Iñiguez, ligado al grupo del Senador de la República, Adán Augusto López Hernández, actuaron con premeditación, alevosía y ventaja para defraudar las finanzas del propio Instituto Electoral, y que no estuvieron ajenos a todo los procedimientos técnicos que se realizaron para inflar los costos, y aun suponiendo sin conceder, que por ingenuidad alguno de los consejeros hubiera firmado la minuta donde se autorizaba la compra venta pensando que se hacía de buena fe, la sola omisión de sus responsabilidades también conlleva a que sea castigado conforme a la ley, precisamente por esa omisión que raya en complicidad.
Si el avalúo realizado por el ingeniero Crispín Torres Luna, revela que el costo total del edificio, incluyendo el terreno es de 18 millones 569 mil pesos al valor de la zona donde se ubica (colonia Tamulté de las Barrancas), y si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco pagó 32 millones 600 mil pesos en total, en el aire andan volando cerca de 14 millones de pesos que finalmente se presume se quedaron en unas cuantas manos, pero además, pone en entredicho el avalúo que realizaron los ingenieros Adrián Banda Legia y Gustavo Espinosa Ayala, que todo hace suponer inflaron el costo de esa propiedad a petición de alguien, con la finalidad de obtener un beneficio económico, y como hay tantas dudas y sospechas en torno a esta compra que se complicó porque el edificio no es habitable, mal harían los legisladores priistas en no ir al fondo del asunto para delimitar responsabilidades y tratar de aprobar en el pleno del Congreso una grave irregularidad, pues no se trata de cualquier cosa, se trata de que los propios consejeros electorales atentaron en contra del patrimonio del organismo donde trabajan y que debieron cuidar, cumpliendo con sus propias responsabilidades de salvaguardar la ley de la materia.
El mismo Congreso local si quiere clarificar el asunto, si tiene interés en llegar al fondo del problema para dejar en claro si se malversaron los recursos económicos del Instituto Electoral, tiene otra oportunidad, como es el de citar a los dos ingenieros valuadores que dictaminaron que el costo del inmueble es de 32 millones 600 mil pesos para que digan, para que expliquen cual fue el estudio técnico que emplearon para llegar a la conclusión que ese es su valor real, pero además podría solicitar un tercer avalúo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Colegio de Ingenieros Civiles o al Colegio de Peritos Valuadores de Tabasco, para salir de todas las dudas, y así poder tomar una decisión certera, de que si aprueban o reprueban la cuenta 2011 del Instituto Electoral y fincan responsabilidades penales administrativas a quien o quienes resulten responsables, porque en esta recta final de la 60 legislatura deben sentar un precedente de que nadie puede robarse los recursos públicos sin recibir su castigo.
Lo que es un hecho, es el total descrédito en el que cayeron todos los consejeros del Instituto Electoral, ya no tienen credibilidad, su calidad moral están por los suelos, ya no son garantes de que en el proceso electoral de 2015 actuarán con transparencia, equidad, igualdad, legalidad y el respeto absoluto a la ley electoral, porque después de que entre todos avalaron la compra fraudulenta del inmueble que perteneció al prestamista Gilberto Gallasi Almora, ya no pueden permanecer en el cargo por más tiempo. Sus días están contados y la 61 legislatura tendrá que buscar el mecanismo con la finalidad de desaparecer el IEyPCT y crear otro organismo similar para hacer una limpia de los abusivos consejeros, que creyeron que toda la suciedad que realizaron no saldría a la luz pública.
En cuanto al edificio que vendió “usurero o prestamista” Gilberto Gálassi Almora y que ahora repara los vicios ocultos a petición del presidente interino del Instituto Electoral, Gustavo Rodríguez, para hacerla habitable, ha surgido otro problema, en el avalúo del ingeniero Crispín Torres Luna se hace la observación de que no puede ser habitable porque no reúne las medidas de seguridad que se requiere, de tal manera que si Rodríguez Castro para tratar de darle carpetazo al fraude pretende que todo el personal del organismo electoral se cambie a ese edificio, será bajo su responsabilidad si se llegara a presentar una desgracia mayor.
Tabasco está cerca de zonas sísmicas, en éste año para no variar, tanto en Chiapas, Oaxaca como en el vecino estado de Guatemala se han presentado sismos que se han sentido con fuerza en la ciudad de Villahermosa, y no vaya a suceder ahí una desgracia, porque entonces los consejeros electorales estarían en otro grave problema, sobre todo cuando se ha demostrado fehacientemente que ahí donde se construyó ese edificio era un pantano que tuvo que ser rellenado y que en una parte pasa un arroyo por debajo del mismo inmueble.
El Congreso del estado, sobre todo la fracción parlamentaria del PRI, puede hacerlo porque es mayoría, pero no debe convertirse en cómplice silencioso del atraco que cometieron los consejeros electorales en contra del patrimonio del Instituto Electoral, por lo que deben fincar responsabilidades penales y administrativas, porque está clarito que el edificio se compró, más que para oficinas, ser hizo pensando en hacer un negocio malsano.
Ojitos
De nueva cuenta la Coordinación de Comunicación Social del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez tuvo que emitir un comunicado para dejar bien claro, que éste no ha designado a nadie, pero a nadie, para que a su nombre solicite currículums o contrate personal de seguridad que se encargará de la custodia de quienes en su momento formarán parte de la administración pública estatal. Por lo tanto se desautoriza a cualquier persona que de manera irresponsable utilice el nombre del mandatario electo cuando no se les ha dado esa encomienda y reprueba enérgicamente que se pida dinero a quienes de buena fe creen en el engaño de que formarán parte del área de seguridad del próximo Gobierno del Estado.
