* El gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, culminará hoy su gestión como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), acompañado del presidente Enrique Peña Nieto, rendirá su informe enfocado al impulso al desarrollo económico, político y social en beneficio de todos los estados del país.
Daniel Lorca
Rumbo Nuevo
El gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, culmina hoy su gestión como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), mismo que inició el pasado miércoles 13 de diciembre, el cual le dio un fuerte impulso al desarrollo económico, político y social en beneficio de los estados del país.
En estos 160 días que encabezó este honroso cargo, el mandatario tabasqueño asistió a diversas actividades tanto en el interior del país acompañando al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como en el extranjero, para fortalecer lazos de amistad y coordinación de trabajo.
Desde el momento en que inició su gestión como presidente de la Conago, Núñez Jiménez dejó claro que la relación establecida entre el Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos de las entidades de la República, es una muestra del espíritu democrático y federalista que se ha ido asentando en el país en los últimos años, al que se tiene que dar continuidad en uno de los esfuerzos de coordinación intergubernamental más nobles y fructíferos de la historia política del México contemporáneo.
Ahí, enumero los siete temas prioritarios, entre otros muchos, en los que se trabajó durante su gestión, para bien del todo nacional y de cada una de sus partes.
Como en muchas ocasiones en el pasado, México vive hoy un momento crucial en su historia social, económica y política, y son varias las razones que concurren a ello.
En estas circunstancias asumió la responsabilidad de presidir los trabajos de la Conago con la que lo distinguieron sus integrantes, a quienes agradeció tan honrosa encomienda, comprometiéndose a impulsar la agenda que, entre todos nosotros y con el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y los gobiernos municipales, han venido desarrollando.
Cabe mencionar que el signo distintivo de las gestiones gubernamentales estatales, es el claroscuro y como corresponde a toda construcción humana, junto avances, realizaciones y logros trascendentes, registran rezagos ancestrales, problemas de coyuntura y desafíos igualmente relevantes.
Es, también, el mejor instrumento para evitar que los intereses de la anti política se impongan en el devenir de los tiempos.
Federalismo, para proteger la libertad
El federalismo, técnica de organización estatal que protege la libertad, hace viable la convivencia pactada y sirve para distribuir y controlar el poder, constituye una de las decisiones políticas fundamentales consagrada por la voluntad del pueblo mexicano en la Constitución General de la República.
En él coexisten dos órdenes jurídico-políticos: el de la Federación y el de las entidades federadas que la integran, sin que exista relación alguna de jerarquía entre ellos; en todo caso, las entidades federativas son autónomas en todo lo que concierne en su régimen interior, siempre que no se oponga a las disposiciones constitucionales de la República Federal.
Es tal la carta de naturalización y el arraigo que tiene entre los mexicanos el federalismo, como forma de organización estatal, que ninguna fuerza política relevante se ha pronunciado en el debate de nuestros días por reemplazarlo por la forma unitaria del Estado, incluso cuando el tema se abordó en el marco de la denominada Reforma del Estado.
Independientemente del debate sobre el origen del federalismo mexicano, sea para los que sostienen que resultó de la imitación extra lógica del federalismo americano o para quienes consideran que surgió de las realidades propias del país, al punto que de no haberlo creado el genio del pueblo estadounidense lo hubiese hecho el del pueblo mexicano, lo cierto es que esta forma de Estado se arraigó entre nosotros por derecho propio al prevalecer sobre las pretensiones conservadoras del Siglo XIX de adoptar una república centralista.
Tanto hicieron suyo el federalismo los mexicanos que, durante el Congreso Constituyente de 17, que este año celebramos su centenario, no fue objeto de mayor debate, como no fuera el del nombre oficial del Estado, al optar por el de Estados Unidos Mexicanos sobre el de República Mexicana.
En relación con el tema del federalismo, la deliberación actual se haya centrada en federalizar materias en el ámbito normativo en el sentido de descentralizar un mayor número de facultades y más recursos desde el Gobierno Federal hacia los estados y los municipios, en el contexto de sistemas nacionales y de leyes generales que distribuyen competencias entre los tres órdenes de Gobierno.
Desarrollo integral e inclusivo
Al participar en la promulgación de la Ley de Mejora Regulatoria, el presidente de la Conago, recalcó que nuestro país tiene un gran potencial económico, y que en los últimos años se han impulsado políticas públicas pertinentes e innovadoras, las cuales han permitido desarticular los esquemas tradicionales que habían impedido promover un desarrollo integral e inclusivo.
Aunque existen retos y desafíos que enfrentar, consideró que ninguno de ellos debe representar un “obstáculo infranqueable para el logro de los propósitos que nos convocan, y que, sin lugar a dudas, se radican en el desarrollo económico, el bienestar social, la participación ciudadana, la consolidación democrática y la solvencia institucional en un ambiente de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado de Derecho”.
Señaló que el liderazgo político del presidente Enrique Peña Nieto se refleja en la iniciativa para institucionalizar los instrumentos de la política regulatoria, “en donde se contempla la reorientación de la institución federal que fomentará la coordinación y colaboración con las entidades federativas, los municipios, así como los organismos, cámaras y representaciones empresariales y productivas en la política de mejora regulatoria a nivel nacional”.
Arturo Núñez destacó que, en 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consideró que México, después de dos décadas de constantes esfuerzos, es un referente mundial en la implementación de la mejora regulatoria.
Agregó que durante la última década, México y el mundo se han caracterizado por los contrastes en los asuntos económicos y sociales, es posible argumentar que la estabilidad económica depende, en gran medida, de la posibilidad de seguir generando empleos y atrayendo capitales de inversión. Consideramos que la definición efectiva de esta fórmula, para mitigar la presión que ejercen los mercados internacionales en las economías locales y fortalecer los esquemas del desarrollo económico y del bienestar social.
En este sentido, la mejora regulatoria es la herramienta institucional con la cual se orienta la política pública de actualización y simplificación de trámites administrativos para promover la inversión, incrementar las exportaciones y la generación de empleos, para el crecimiento económico nacional, regional y local.
Es, precisamente, uno de los instrumentos que permiten impulsar el desarrollo nacional bajo un marco de gobernanza, con participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, entre otras cuestiones.
Sin embargo, existen diferentes retos que habrán de enfrentar nuestro país en esta materia, como son los relacionados con la normatividad e implementación de los procesos regulatorios, la armonización de los trámites en los distintos órdenes de Gobierno, así como el desarrollo de indicadores que permiten evaluar la calidad y su constante mejoría.
Por ello, uno de los logros que merece destacarse, es el que se refiere a la promulgación el día de hoy, de la Ley General de Mejora Regulatoria. Este mandamiento normativo, se constituye como la plataforma de una política pública que permitirá dotar de criterios de claridad y transparencia, bajo un esquema de reducción de tiempos y costos, evitando la duplicidad de trámites administrativos e incrementando los estándares de accesibilidad para los promoventes, en particular, y para la ciudadanía, en general.
De igual forma, se subraya el trabajo intenso y comprometido de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de las 32 entidades federativas y municipios del país, para concretar el Marco Normativo de Mejora Regulatoria.
En este tenor, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, bajo los principios del Federalismo, han impulsado en sus entidades la armonización de su estructura normativa regulatoria, promoviendo esquemas de mayor competencia y participación del sector empresarial, incluidas las micro y pequeñas empresas.
De igual forma, en la Conago se han manifestado en favor de optimizar los índices de la mejora regulatoria en los niveles estatal y municipal, lo cual se constituye como un desafío para crear e incrementar los incentivos para la actividad económica.
Para enfrentarlo, somos conscientes de la necesidad de fortalecer los acuerdos de cooperación y coordinación con el Gobierno Federal, que permitan armonizar los componentes relacionados con la mejora regulatoria y la competencia económica.
Es, precisamente, en este rubro, donde las entidades federativas y municipios deben incluir en su agenda del diseño y ejecución de políticas públicas que permitan crear sinergias entre los tres poderes públicos, así como con los tres órdenes de Gobierno.
Por ello, la Ley General de Mejora Regulatoria es una herramienta normativa que asegura la calidad de los procesos regulatorios, a través de sus objetivos, como lo son el establecimiento de la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, como ya se ha mencionado; la creación y el funcionamiento del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, adoptar los principios y bases de los tres órdenes de Gobierno y determinar las obligaciones de los sujetos obligados para facilitar los trámites y la obtención de servicios.
Declaratoria de ZEE a Tabasco
Por otro lado, durante la Declaratoria de la Zona Económica Especial de Tabasco, el mandatario tabasqueño y presidente de la Conago, resaltó que la Región Sur-Sureste es una zona de vital importancia para México, por sus recursos naturales, que se han constituido como impulsores del desarrollo económico nacional, a través de las actividades petrolera y turística, así como por la generación de energía eléctrica y sus recursos hídricos.
Además, añadió que representa un gran potencial agropecuario, forestal, manufacturero, industrial, entre otros rubros, sin embargo, el desarrollo de la región no se ha podido dar de forma integral, y nos presenta retos y áreas de oportunidad que hay que atender.
La política económica proteccionista, implementada desde la década de los 50, al verse debilitada en el país, obligó a dar el paso hacia el libre comercio; esto es, a través de acuerdos y tratados.
Uno de los más representativos, que generó un punto de inflexión en la política comercial de México, fue la adhesión al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés, el GATT, que, desde su firma, en 1986, provocó que en algunos estados de la región Sur-Sureste su capacidad de competir en el nuevo esquema se viera limitado y, con ello, la disminución de sus aportaciones al Producto Interno Bruto Nacional.
Frente a esta situación, las políticas de desarrollo económico de las entidades federativas afectadas se orientaron hacia las actividades que tenían consolidadas, especialmente, las relacionadas con la industria petrolera.
Sin embargo, la caída gradual de los precios del hidrocarburo en los mercados internacionales, así como el cambio de criterio en la asignación de las participaciones fiscales Federales, produjo, en particular a Campeche y Tabasco, un decrecimiento sistemático de sus economías.
En el caso particular de Tabasco, se ha tenido que enfrentar una problemática compleja, como fue el descenso de las actividades en una economía dependiente del petróleo, no sólo ocasionó el desempleo local, sino también que tabasqueños que laboraban en otras entidades petroleras: Tabasco, Campeche, Chiapas, tuvieran que regresar en búsqueda de empleo y de oportunidades a su entidad de origen.
Aunado a esto, en la entidad se habían debilitado las actividades que antes del auge petrolero sirvieron de sustento, y fueron referente nacional en lo agrícola y lo pecuario.
Por ello, el gobierno del estado ha emprendido acciones que fortalecen el combate a la desigualdad y la pobreza e impulsan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en base a la riqueza de recursos naturales de nuestro territorio, propicias para el aprovechamiento de oportunidades de negocios en las áreas agroindustrial, logística, manufacturera, de energías renovables y turística, así como de petróleo y gas, bajo una política de rescate de nuestras vocaciones productivas y de servicios.
Durante su administración, la inversión extranjera directa rebasa ya los mil 886 millones de dólares, donde se destaca recientemente la firma de un convenio de colaboración con Wal-Mart, para la inversión de 1 mil 800 millones de pesos en un nuevo centro de distribución regional, el cual será el número 56 de los establecidos por diversas empresas en la entidad, para acceder a la Península de Yucatán.
En el sector Agroindustrial, y con el apoyo del Gobierno Federal, se han establecido cerca de 50 mil hectáreas de plantaciones forestales, comerciales, así como, también, invernaderos hidropónicos, una planta de tableros de madera de mediana densidad, además, de un mayor rendimiento por hectárea en la palma de aceite, que nos ha llevado a tener en producción, 20 mil hectáreas.
Así, también, se han fomentado el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, invirtiendo más de mil 845 millones de pesos, además, de ejecutar permanentemente acciones para la rehabilitación y desarrollo de infraestructura productiva.
Atendiendo el rezago económico
Por su parte, la Conferencia Nacional de Gobernadores, consciente del rezago económico y de desarrollo humano de la región, transformó en 2007, la Comisión para el Desarrollo Integral de la Frontera Sur, en la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, teniendo como objetivo trabajar de forma coordinada proyectos para la recuperación económica de la región.
En 2013, tuve el honor de asumir la Coordinación de esta Comisión, y en 2014, en conjunto con el Gobierno Federal y refrendando los compromisos del Pacto por México, se elaboró la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sur-Sureste, con la participación de los estados integrantes de la Comisión.
Dicho instrumento fue armonizado con el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En Tabasco, se estableció una ruta crítica para el establecimiento de la Zona Económica Especial. A fines de 2016, se llevó a cabo la firma de la Carta de Intención por parte de los interesados, y se expidió la Ley de Coordinación para el establecimiento de Zonas Económicas Especiales.
La Zona Económica Especial con sede en el municipio de Paraíso, Tabasco, en el Puerto de Dos Bocas, cuenta con un polígono inicial de 80 hectáreas, y se estima, tan sólo para Tabasco, la creación de 20 mil empleos, así como una inversión superior a los mil 460 millones de dólares.
Con esto, se promoverá el desarrollo del Corredor Industrial y Comercial entre los Puertos de Dos Bocas y de Seybaplaya, en Champotón, donde aprovechando las colindancias, se creará una economía sólida, que, a su vez, involucre a las comunidades y a sus habitantes, para legitimar su fortalecimiento y lograr detonar su gran potencialidad.
El crecimiento económico debe ser sustentable para que encuentre su real significado y propósito en el desarrollo de los mexicanos. Debe ser equitativo, promotor de la modernización y el progreso social, y comprometido con el entorno natural.
Esta visión es la que, sin duda, ha promovido el Gobierno de la República, y que ha sido transmitida de manera respetuosa, seria y contundente, por el presidente Peña Nieto a los gobiernos de los distintos países con los cuales México tiene alianzas estratégicas, así como en los foros económicos y organizaciones internacionales.
El estado de Tabasco concuerda con esta visión que, sin lugar a dudas, es la plataforma mediante la cual se orientan los proyectos de desarrollo económico en la entidad.
Como lo dije recientemente en Washington, en una visita en mi condición de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores; ambos países hemos construido, con distinta trayectoria y ritmo históricos, instituciones sólidas, instituciones gubernamentales a prueba de gobernante; allá y acá, gane quien gane la elección.
Libramiento de Villahermosa
El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que con el nuevo Libramiento de Villahermosa, el Presidente Enrique Peña Nieto agrega un nuevo episodio a esta carretera.
En el sur-sureste, “con el aliento que usted está dando, algunas cosas serán de mediano y de largo plazos, como las Zonas Económicas Especiales, y tendremos elementos para salir adelante”.
Es cierto que se habrá de recuperar la industria petrolera de concretarse las oportunidades de la Reforma Energética, “pero no queremos que cuando ese momento llegue sigamos dependiendo tanto del petróleo los tabasqueños. Queremos diversificarnos, y la oportunidad de una Zona Económica Especial es un aliciente para ello”, subrayó.
Su agenda de trabajo
Uno. Coadyuvar en el ámbito de nuestras competencias al desarrollo de los procesos electorales ya en curso en un marco de respeto a la legalidad, la civilidad política la consolidación democrática, el debate propositivo y el fortalecimiento institucional, todo ello, sin que nos distraigamos del cumplimiento de nuestras responsabilidades constitucionales.
Dos. A partir del reconocimiento a todos quienes contribuyeron a una acción pronta y eficaz ante los desastres naturales vividos por el país, apoyaremos la reconstrucción en las entidades federativas afectadas. Ya hubo aquí propuestas concretas.
Tres. Fortalecer las acciones en apoyo a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América y reanudar las negociaciones con ese país en materia comercial, junto con Canadá, y en todos los demás rubros de la amplia y compleja agenda de nuestras relaciones bilaterales, sin menoscabo alguno de la diversificación de nuestra presencia en un mundo crecientemente globalizado.
Continuar el diálogo con los gobiernos subnacionales de otros países como está previsto.
Cuatro. Asumir plenamente la corresponsabilidad que tenemos en todo lo que tiene que ver con la seguridad interior. Si existe el hecho, que lo regule el derecho.
La seguridad pública y la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, en coordinación con los Poderes Legislativos y Judiciales de la Unión y de las entidades federadas, con especial énfasis en el despliegue de la Fuerza Conago y siempre en apego irrestricto a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Cinco. Avanzar en el cumplimiento de nuestros 10 Compromisos por la Legalidad, la Transparencia y la Rendición de Cuentas asumidos en Jojutla, Morelos, así como cumplir con la parte que nos corresponde en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, en una lucha que debe de ser auténtica, permanente y frontal, ya que las conductas ilícitas desde el servicio público dañan gravemente a las instituciones, a la política y el mismo servicio público.
Seis. Promover la deliberación pública y el diálogo entre las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta nuestro Federalismo Fiscal, en el Marco de un Sistema Nacional de Coordinación, que siga buscando el ganar, ganar, para todas sus partes integrantes.
Siete. Dar seguimiento y colaborar en la constitución de las Zonas Económicas Especiales que detonarán importantes procesos para lograr un desarrollo sustentable y equilibrado entre las regiones del país, especialmente para abatir el rezago del sur-sureste, fortalecer el combate a la desigualdad y la pobreza, e impulsar la implementación de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible.
Evento Fecha Lugar
Asume presidencia de Conago 13-12-17 CDMX
Foro “Ley de Seguridad Interior” 14-03-18 CDMX
101 aniversario Promulgación Constitución 05-02-18 Querétaro
Reunión Comisión Nacional Sistema Penitenciario 11-04-18 Villahermosa
Reunión Asociación Nal de Gobernadores de EUA 26-02-18 CDMX
Reunión Cámara de Comercio de EUA 23-02-18 EUA
Declaratoria por la Democracia y Legalidad 2018 20-03-18 CDMX
Sesión Comisión de Turismo Conago 17-04-18 Mazatlán
Tianguis Turístico de México 17-04-18 Mazatlán
Inauguración Oficina NGA Global 23-02-18 Querétaro
Reunión con Confederación de Industrias Alemanas 01-03-18 Alemania
Todos Unidos por el Vino Mexicano 18-05-18 CDMX
Día Mundial de la Salud 07-04-18 Yucatán
Lanzamiento Soy tu Acta de Nacimiento 10-01-18 CDMX
Día de la Enfermera y Enfermero 05-01-18 Colima
3ª Sesión del SINPNNA 03-041-18 CDMX
43ª Sesión, el Consejo Nacional de SP 27-12-17 CDMX
ACUERDOS
Durante la 43ª Sesión, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los siguientes acuerdos:
Implementar acciones para prevenir y atender la violencia generada por el uso de armas, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil, conforme a las siguientes líneas de acción:
1.-Fortalecer las medidas de seguridad y resguardo de armas de fuego, en depósitos de armas a cargo de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y los municipios, establecidas en las licencias oficiales colectivas y la normatividad aplicable.
2.-Fortalecer la campaña de canje de armas de fuego, en coordinación con las autoridades competentes y mediante la asignación de recursos propios de las entidades federativas y municipios, de recursos federales y de los recursos que se asignen a instituciones de la sociedad civil.
3.-Impulsar, en coordinación con las instancias competentes, los acuerdos, los compromisos y los instrumentos internacionales en materia de prevención de tráfico de armas de fuego.
4.-Difundir, verificar y realizar operativos para supervisar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, que regula las armas, réplica y los juguetes bélicos.
5.-Realizar campañas educativas que induzcan a reducir la posesión, portación y el uso de armas de fuego de cualquier tipo.
6.-Establecer lineamientos para un mejor análisis y explotación de la información criminalística de las bases de datos que permiten registrar proyectiles, casquillos y armas de fuego.
7.-Exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados para que analice y resuelva la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos relacionada con el endurecimiento de las penas, que ya fue aprobada por el Senado de la República.
Acciones conjuntas
Se acordó que la Procuraduría General de la República y las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio.
Se acordó que los Centros de Justicia para las Mujeres de las entidades federativas deberán certificarse o recertificarse cada dos años. Esto, con base en los 48 indicadores del Sistema de Integridad institucional y de acuerdo a la convocatoria que anualmente emita la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencia contra las Mujeres, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo.
Se aprobó el Programa para la Consolidación del Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 911, que deberán cumplir las autoridades responsables del servicio en las entidades federativas y los municipios bajo las siguientes líneas de acción.
Se acordó que las instancias competentes de los tres órdenes de Gobierno establezcan los mecanismos de coordinación necesarios para implementar las acciones que establece la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Se instruyó a la Secretaría de Gobernación para que, por conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades competentes, elabore el Modelo Nacional de Justicia Terapéutica para su implementación en las etapas de procedimiento y ejecución penal, tanto en la Federación, como en las entidades federativas, por conducto de sus procuradurías o fiscalías, con el propósito de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas como un factor que incrementa la probabilidad de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas.
De lo logrado
Se aprobó el establecimiento de la norma técnica de los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, y se instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a elaborar lineamientos para su implementación, a realizar las gestiones necesarias para que se convierta en una norma oficial mexicana y a diseñar el modelo y marco institucional para que los centros lleven a cabo la certificación de su cumplimiento con base en los criterios y plazos que para tal efecto establezca el Secretariado Ejecutivo.
Se aprobó que la Procuraduría General de la República, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, elabore un proyecto nacional de investigación en el Sistema de Justicia Penal, que incluya las fases de investigación inicial y complementaria, contenido de la carpeta de investigación y registro de la misma, para efectos de la medición de la incidencia delictiva.
Se aprobó el Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se le instruyó para implementarlo en 2018.
Se aprobó la conformación de cinco Consejos Académicos Regionales, conforme a los alineamientos que para tal efecto emita el Secretariado Ejecutivo.
Se instruyó, finalmente, a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo, la Procuraduría General de la República y las autoridades competentes de las entidades federativas y municipios, elaboren Protocolo Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza.
