El líder de los arquitectos tabasqueños, Jorge Francisco Navarro aseguró que las nuevas disposiciones complican la interpretación y la aplicación del mismo, ya que generan más procedimientos administrativos
Daniel Lorca
Rumbo Nuevo
El nuevo Reglamento de Construcciones, contraviene al acuerdo número 2 de la minuta del 10 de Octubre de 2012, al modificar el título tercero del Reglamento vigente, relativo a la conformación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; Art. Del 64 al 75; mismo que se acordó que deberá permanecer vigente, sin modificación alguna, así se manifestó el presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños (CAT), Jorge Francisco Navarro López.
Añadió que la estructura del nuevo Reglamento de Construcciones, complica la interpretación y la aplicación del mismo, ya que en la nueva propuesta, se generan más procedimientos administrativos, se entorpecen el proceso de trámites de permisos y licencias, y además, se encarece la obra pública y privada.
“Insistimos respetuosamente, se requiere tiempo, comunicación y cabildeo entre los colegios y cámaras empresariales, antes de aprobar dichos ordenamientos; hacerlo de forma apresurada, puede derivar en ordenamientos difíciles de aplicar, conflictivos y agresivos para la competitividad de nuestro municipio”.
Así mismo, en relación a la propuesta, del Reglamento de Estacionamiento, aprobada recientemente por el Cabildo, manifestaron que este ordenamiento está diseñado para comercializar espacios públicos, y no para resolver los conflictos viales por carencia del servicio de estacionamiento, además no estimula la inversión de particulares para crear más espacios y edificios con el giro o uso de estacionamiento.
“Reconocemos que algunas propuestas, tratan de cubrir deficiencias regulatorias o vacíos legales, sin embargo consideramos que deben revisarse los ámbitos de competencia del municipio”.
Por último, con respecto al Reglamento de Zonificación, consideraron que abarca temas que son de competencia de Instituciones Estatales y Federales, los cuales deberían ser incluidos en el marco regulatorio correspondiente, para evitar discrecionalidad en la interpretación del ordenamiento.
