La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó a su fiscal a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el gobierno del presidente Nicolas Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos nacionales. Venezuela sostiene que las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2017, que causaron un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.