José David Sánchez Plaza
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Seis años después, senadores, diputados federales y legisladores locales de diferentes partidos políticos, en los que no están incluido el PRI y Nueva Alianza piden a la Cámara de Diputados y al Senado de la República que se le retribuya a Tabasco  los efectos negativos que ocasiona la actividad petrolera.

En un pronunciamiento en que estuvieron incluidos, representantes populares de diferentes partidos políticos hacen notar los efectos que ha ocasionado el cambio que se aplicó al sistema de coordinación fiscal desde el 2007, para la repartición de las participaciones petroleras y que según el legislador del PRD, Juan Manuel Fócil, le ha significado a Tabasco, -que en el año y medio de la administración de Arturo Núñez- se dejaran de recibir por ese concepto cerca de 11 mil millones de pesos.

En el escrito que se publicó en diversos medios de comunicación, los representantes populares hacen notar que con ese nuevo mecanismo de repartición de las ganancias que genera la explotación de hidrocarburos, Tabasco dejó de ser de las entidades privilegiadas en el reparto de esas utilidades.

Además, piden que en la reforma energética que se está analizando y discutiendo en el Senado y la Cámara de Diputados federal, se debe contemplar los efectos que la actividad petrolera ocasiona no sólo en Tabasco sino en las otras entidades en las que se realiza dicha actividad.

En la Cámara de diputados federal en el 2007, se aprobó un nuevo sistema de repartición de las participaciones petroleras en las que se contempló que fuera por el número de habitantes con que cuenta cada entidad como se hiciera dicha distribución de recursos.

Extrañamente, el Estado de México, entidad que gobernó el ahora presidente de la República, Enrique Peña fue la que resultó con el mayor beneficio por ese nuevo mecanismo y por ende Tabasco y otras entidades productoras de hidrocarburos que no tienen un número significativo de habitantes resultaron afectadas..

Es aceptable que los representantes populares de diferentes partidos políticos de la entidad se hayan puesto de acuerdo para hacer ese pronunciamiento a la Cámara de Senadores y Diputados federales, para que en esa reforma se contemplen apoyos económicos a las entidades productoras de petróleo, pero no hubiera sido mejor que ese documento que enviaron hubieran sido incluidos sectores productores, empresariales, partidos políticos, presidentes municipales y el propio gobierno del Estado.

Es decir, se hubiera trabajado y consensado con cada uno de los sectores de la sociedad para que dicho documento tuviera el apoyo y respaldo de la sociedad tabasqueña.

Efectivamente se debe reconocer la intención de los legisladores tabasqueños, pero con el apoyo y respaldo de todos los sectores de la sociedad hubiera sido mejor.

El gobernador Arturo Núñez se ha estado quejando de la difícil situación económica que tiene la entidad. Ha dicho de la escasez de recursos económicos, que sólo se tenía para la nómina de los trabajadores del Estado.

La Secretaría de Finanzas, está aplicando recortes mensuales a los presupuestos de los municipios y que ha significado que los presidentes municipales hagan un reordenamiento de sus finanzas.

Pero por qué no el gobernador Arturo Núñez encabeza un frente común con los tabasqueños y se pone al frente de la demanda que se le está haciendo a la federación para que se le retribuya a Tabasco lo que por derecho le corresponde.

Será que no hay ningún mecanismo jurídico y legal para pedir a la federación que entregue más participaciones a Tabasco. No se debe esperar que el agua nos llegue a los aparejos para que se actúe.

Lo sobresaliente
Son muchos profesionistas conocidos que se  inscribieron para participar en el examen que el Instituto Nacional Electoral aplicará para elegir a los próximos integrantes del consejo estatal electoral. Los cinco consejeros electorales en funciones, Elide Moreno Calix, Héctor Aguilar Alvarado, Jorge Montaño, Antonio Ponce y Gustavo Rodríguez Castro, tendrán la calidad moral y ética para haberse inscrito a dicho proceso después que en la Procuraduría General de Justicia se abrió un expediente para investigar la supuesta compra irregular del edificio que sería la sede del IEPC.

De antemano, ellos se deberían de haber excusado del procedimiento y desde que se iniciaron las investigaciones deberían de haberse separado de sus cargos para hacer frente a esa investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia.