Jesús Martell Chagoya
jesmarch-11@hotmailcom
La reunión de maestros de la CNTE con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong encierra un misterio ya que no se sabe que es lo que realmente pretendían con la misma Segob y CNTE, a dicha reunión que se efectuó en la calle de Bucareli en el Centro de la ciudad de México, además del secretario de gobernación, estuvo presente el subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda. El diálogo se anunció después del enfrentamiento que sostuvieron policías federales y estatales y grupos afines a los maestros de la CNTE y docentes en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó ocho muertos y cientos de heridos.
De parte de los maestros asistieron los secretarios generales de la sección 14 de Guerrero, Ramos Reyes Guerrero; de la sección 18 de Michoacán, Víctor Zavala, y de la sección 9 de la Ciudad de México, Enrique Enríquez; los representantes de la sección 22 de Oaxaca, la sección 7 de Chiapas, también los maestros que son representantes de los estados con secciones adscritas a la CNTE como Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tabasco y por la Ciudad de México, Francisco Bravo.
Solo trascendió que en la reunión los maestros pusieron en la mesa el tema de la reforma educativa, la principal demanda del movimiento magisterial, aun cuando el secretario de Gobernación y el de Educación Pública, Aurelio Nuño, han dicho varias veces que la reforma no está a discusión, también estuvo la Comisión Nacional de Mediación, cuyos miembros fueron propuestos por la CNTE y aceptados por el Gobierno Federal y quienes desde el 3 de junio han trabajado con ambas partes.
Los integrantes de la Conamed son Miguel Álvarez Gándara, coordinador de la Comisión y presidente de Servicios y Asesoría para la Paz; Pietro Ameglio, maestro y activista por la paz de Latinoamérica; Jorge Fernández Souza, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México; Magdalena Gómez, maestra de la UPN y miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Enrique González Ruiz, abogado y ex rector de la UACM, Dolores González Saravia, coordinadora de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos de Serapaz; Gilberto López y Rivas, antropólogo e investigador, y Pablo Romo Cedano, filósofo y activista por los derechos humanos.
Como se recordará desde el 15 de mayo pasado, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciaron un paro laboral indefinido para exigir una mesa de diálogo con el gobierno federal en el que pedirían la derogación de la reforma educativa, sin embargo el gobierno se negó al diálogo mientras los maestros no volvieran a clases y aclararon, tanto el secretario de Educación, Aurelio Nuño, como el de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, que la reforma educativa no sería tema de debate.
Así desde el Día del maestro, los activistas arribaron a la Ciudad de y marcharon esperando alguna respuesta de autoridades federales. Ante la negativa, decidieron instalar un plantón con carpas y casas de campaña la Avenida Bucareli, a una cuadra de la Secretaría de Gobernación. En estados con presencia de la CNTE como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero también hubo marchas y en el Centro Histórico de Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez se instalaron plantones frente a los palacios de gobierno.
En la Ciudad de México los maestros fueron retirados de Bucareli y el 20 de mayo se desplazaron a la Plaza de Santo Domingo, frente a la Secretaría de Educación Pública y nadie los recibió, De esa plaza también fueron desalojados el 21 de mayo. Los maestros consideraron que estos hechos eran represivos y cambiaron su solicitud de diálogo, ya no con la SEP, sino con la Secretaría de Gobernación.
Así el 25 de mayo entregaron en la Segob un pliego petitorio con 11 demandas solicitando la instalación de una mesa de diálogo pero los maestros no obtuvieron ninguna respuesta. Los maestros se volvieron a instalar en Avenida Bucareli, pero el 26 de mayo fueron desalojados. Desde entonces ocupan la Plaza de la Ciudadela, Luego el 27 de mayo marcharon a Los Pinos donde fueron recibidos por un funcionario de presidencia sin llegar a algún acuerdo sobre el diálogo que exigían los maestros.
En Tabasco el SITET amenaza
de que hará más movilizaciones
Gabriel Angulo Pineda, Secretario de conflictos laborales del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, advierte que a partir de la próxima semana encabezarán manifestaciones, debido a que la Secretaría de Educación de Tabasco hasta el momento no ha dado cumplimiento al pliego petitorio presentado por los docentes-. De los 28 puntos que contiene el compendio entregado hace un mes, solo tres han sido cumplidos..
Señalo que los puntos que no han sido tomados en cuenta son: Pago al mejor empleado del mes, asistencia, compactación de horas; en el caso de los pagos de estas prestaciones dijo que se hacen a destiempo y que incluso, en ocasiones no les pagan los meses más retrasados.
La falta de cumplimiento afecta a un promedio
de 2 mil 500 a 3 mil agremiados al SITET
El Comité Ejecutivo Seccional determinará las acciones a emprender, ante la negativa de las autoridades de dar cabal cumplimiento a sus demandas ya que las autoridades educativas le han dado evasivas a la mesa de negociación que se iba a instalar e en el trayecto de la semana que concluyo y no se llevó a efecto, por lo anterior, anunciaron que harán saber al gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, las necesidades del magisterio para evitar que la SETAB continúe dándole largas al asunto.
Provoca reacciones adversas
y amparos por Ley 3de3
La recién aprobada Ley 3de3, que obliga a empresarios proveedores del gobierno, becarios y otros grupos que reciben apoyo monetario de instituciones públicas al presentar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal, se espera enfrentará una ola de amparos, así lo puntualizo el polémico líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. Dijo que la enmienda de última hora de la ley de 3de3 prácticamente es una trampa que no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales, es decir, está sustentada en suposiciones y además, frenará el ímpetu de la exigencia ciudadana que buscaba frenar la corrupción especialmente en la clase política.
También el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, anuncio que al respecto, promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y solicitarán al presidente Enrique Peña Nieto, que vete esa ley y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que esa la ley podría ahuyentar las inversiones en la ciudad capital.
Así, el Partido Acción Nacional, afirma que la idea de hacer obligatoria esa ley para los particulares la presentación de su declaración es una trampa que no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales. El dirigente panista, Ricardo Anaya, dijo que la enmienda de última hora lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley, para así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana que buscaba frenar la corrupción con en la clase política.
Advirtió que si bien es absolutamente cierto que la corrupción suele involucrar a un político y también a un particular, la idea de hacer obligatoria la declaración 3de3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales y agrego que la redacción del inciso b) del nuevo artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pretende, en el fondo, descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley 3de3, al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales.
Detalló que esta legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de Prospera y Proagro; Pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex, y becarios de Conacyt, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas, aparte puntualizo que el pasado jueves de la semana que concluye los diputados del PRI, PVEM y PANAL, que forman mayoría simple en San Lázaro aprobaron, pese al rechazo, de PAN, PRD y Morena y Movimiento Ciudadano la obligación para que las personas físicas y morales que firmen contratos con el gobierno o ejerzan recursos públicos presenten sus declaraciones patrimonial y de intereses. De esta manera, se rechazó la solicitud que representantes de la sociedad civil y empresarios realizaron para eliminar la inclusión de los particulares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
También el PRD pretende
echar abajo la ley de 3 de 3
El jefe de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, adelantó que ésta promoverá la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por la incorporación de los particulares a la ley 3 de 3. Antes de acudir a ese recurso, los legisladores perredistas esperan que el presiente Enrique Peña Nieto frene la ley ya que consideran que es un verdadero absurdo, sobre todo el obligar a personas que tienen relación con personas morales, que a su vez reciben recursos del gobierno federal.
Francisco Martínez dijo que exhortaran al jefe del ejecutivo para federal para que utilice la facultad de veto en torno a la Ley de Responsabilidades Administrativas y expuso que su bancada seguirá respaldando las propuestas que hizo la sociedad civil en materia anticorrupción. En referencia a los artículos 29 y 32 de dicha ley —relativos a la acotación de la publicidad de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, así como a la incorporación a la plataforma 3de3 a los proveedores de servicios de las instancias públicas—, el jefe de la bancada del PRD recordó que ésta defendió hasta el final de la sesión del jueves la posibilidad de modificarlos.
Sin embargo recordó que, al final, en la Cámara de Diputados el bloque del PRI y del Verde se opuso a las modificaciones y dejó tal cual el dictamen que envió el Senado sin embargo afirmó que están valorando una acción de constitucionalidad y confió el perredista que en dicho propósito contarían con el respaldo del PAN.
Partidos de izquierda,
discuten desde tribuna
En esta semana que paso, la tribuna del Senado fue el espacio para dirimir los reproches guardados de los partidos de izquierda. Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT, encendió el debate cuando reprochó al perredista Armando Ríos Piter utilizar las estaciones de radio y las redes sociales para acusar a su grupo parlamentario de ser los responsables de que no se incluyera un formato en la ley para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés y reiteró que el PT no votó con el PRD, porque éste no los buscó, y porque no creen en lo que hace el PRD pero Ríos Piter respondió que no miente, que Bartlett estaba en su lugar y no votó y con eso ayudó al PRI y al Partido Verde..
Bartlett habló de lo difícil que le resulta al PRD aceptar que fue la ausencia de sus integrantes lo que provocó su derrota. MIentras ellos discutían, desde el PAN surgió la broma de que ese debate era un pleito entre un jaguar, apodo de Ríos Piter, y un dinosaurio, como llaman a Bartlett.
Se atendió exigencia ciudadana
en cuanto a la ley de 3 de 3
El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, afirmó que se atendió la exigencia ciudadana en la llamada ley 3de3, Dijo que es importante ir robusteciendo un Sistema Nacional Anticorrupción que no haga daño a las personas, y que tampoco haga que algunos servidores públicos sean blanco del crimen organizado. Camacho Quiroz explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción es muy complejo, y no es un asunto sólo de la 3de3.
Destacó que una de los beneficio es la creación de una Fiscalía autónoma que no dependa de nadie para tomar sus decisiones, que sea tan fuerte para que los jueces lleven casos exitosos y emitan sanciones tan severas como se amerite. Sobre las elecciones del pasado cinco de junio, el coordinador de los diputados priistas consideró í nadie gana ni nadie pierde para siempre y que ponto habrá una Asamblea Nacional que tiene que ser auto-crítica.
Fortalecen a la Función Pública
El pleno del Senado concluyó el proceso legislativo de las siete leyes y reformas que conforman el primer Sistema Nacional Anticorrupción del país, que además de obligar a particulares y servidores públicos a publicar sus patrimonios y de llevar a la cárcel a diputados que exijan mordidas, fortalece a la Auditoría Superior de la Federación para vigilar la corrupción en deuda de estados y municipios.
Luego de polémicas constantes, que al final generó la inconformidad de empresarios y algunos particulares que no quieren hacen público su patrimonio, el pleno del Senado envió al Ejecutivo las dos últimas reformas de este paquete, que incluyen el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, pero sin ser ya la cabeza de la lucha contra la corrupción, sino parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
La otra ley fue la referente al fortalecimiento de la ASF, que ahora vigilará que no se cometan actos de corrupción en los procesos de contratación y entrega de deuda de estados y municipios que esté respaldada con fondos federales; además, podrá vigilar la forma en que las organizaciones sociales utilizan los fondos públicos que consiguen de los diferentes niveles de gobierno y podrá intervenir empresas privadas que incurran en irregularidades.
Así senadores del PRI, PAN, PRD y Verde consideraron que estas dos nuevas leyes contienen avances fundamentales para que México pueda avanzar hacia la vigilancia más estricta del uso del dinero público y de la relación que establecen los particulares para hacer negocios con el gobierno y entre ellos, frente a algún nivel de gobierno.
El legislador del Verde, Pablo Escudero, como presidente de la Comisión Anticorrupción condujo este proceso legislativo y agradeció a todas las organizaciones sociales que ayudaron a construir este paquete de siete leyes; a todos los senadores que accedieron a llegar a acuerdos.
