Integrantes de la Sección 59 de la SNTE solicitaron recomendaciones y medidas cautelares al IEEPO y al Gobierno de Oaxaca para garantizar de sus compañeros que decidan acudir a la evaluación

Oaxaca
Redacción
Agencias
Integrantes de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pidieron este miércoles al secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, inicie una auditoría para el proceso de evaluación en Oaxaca ante la inoperatividad del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
En conferencia de prensa, Humberto Alcalá Betanzos y Miguel Silva Selvas, hablaron de supuestas anomalías, irregularidades y falta de información del IEEPO para participar en el proceso de evaluación.
“Solicitamos por medio de un oficio al funcionario nacional, que se den alternativas para no afectar los derechos laborales y profesionales de nuestros representados y que de ser necesario, difiera la fecha de la evaluación para cumplir con la normatividad”, dijo Miguel Silva.
Además, solicitaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) las recomendaciones y medidas cautelares al IEEPO y al Gobierno de Oaxaca para garantizar la integridad física y moral de sus compañeros que decidan acudir a la evaluación.
Mencionaron que si persisten las inconsistencias, no van a participar porque no tienen los lugares donde serán las evaluaciones y además, existen amenazas por parte de la Sección 22 del SNTE de boicotear el proceso.
De la Sección 59 fueron electos 900 docentes para asistir al proceso de evaluación, de los cuales, 60 por ciento no pudieron subir sus evidencias por problemas con la plataforma digital.
En otro tema, Alcalá Betanzos indicó que los trabajadores comunitarios de este grupo recibieron un pago diferenciado, pues cuando a los seguidores del dirigente Joaquín Echeverría Lara les pagan 32 mil pesos, a ellos les dan 16 mil por un ciclo laborado.
Dijo que son 500 los afectados quienes iniciarán en breve un plantón y también la denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Acusó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca de estar detrás de esta inequidad.
Asimismo, contabilizó a 50 trabajadores a quienes han despojado de plazas, pese a realizar sus actividades desde hace varios años.