Washington, EEUU
Agencias
En los últimos 32 años, las autoridades federales de Estados Unidos han aplicado la pena de muerte en tres ocasiones. Ahora, en apenas seis semanas entre julio y agosto, prevén ejecutar a cuatro presos condenados a la pena capital.
Será la primera vez en 17 años que la justicia a nivel federal lleve a término este tipo de castigo, cuya aplicación se ha vuelto extremadamente rara.
En 1972, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la pena de muerte por considerar que equivalía a un castigo cruel e inusual debido a la manera arbitraria como se llevaba a cabo.
Pero dejó la puerta abierta a su aplicación si había un cambio en los procedimientos que hasta entonces perjudicaban a los pobres y a las minorías.
Tras hacer modificaciones a sus estatutos de aplicación, muchos estados comenzaron poco tiempo después a restablecer la pena capital.
Esta fue convalidada nuevamente en 1976 en una sentencia en la que el máximo tribunal señaló que no era inconstitucional en sí misma y que cumplía una función social por su efecto disuasorio y de castigo.
Sin embargo, su restablecimiento para delitos federales no ocurrió sino hasta 1988.
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Desde entonces, han sido ejecutadas tres personas, incluyendo a Timothy McVeigh, el responsable de un atentado contra un edificio gubernamental en 1995 en Oklahoma City, en el que murieron 168 personas, entre ellas 19 niños.
La última de estas ejecuciones ocurrió en 2003, cuando se le aplicó la inyección letal a Louis Jones, un condecorado veterano de la guerra del Golfo de 1990 que fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de Tracie Joy McBride, una soldado de 19 años de edad.
De los señalados
En la actualidad, hay unas 60 personas condenadas a muerte por delitos federales, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), una ONG que recopila información y promueve el debate sobre la pena capital en Estados Unidos.
