El perredista Candelario Pérez señaló que el gobierno federal ha decidido disminuir sustancialmente los recursos para la protección contra inundaciones, en las regiones más vulnerables al cambio climático en nuestro país

Luis Miguel Maldonado Falcón
Rumbo Nuevo
Tabasco se verá afectado, al igual que el resto de las entidades, en la disminución del presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que pone en riesgo la continuidad al Proyecto Hidrológico de Tabasco (Prohtab), porque la Federación pretende mantener la inversión en proyectos donde se benefician intereses privados, que garantizar la protección de los habitantes, lamentó el diputado federal Candelario Pérez Alvarado.
Al hacer un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017, que el gobierno federal pretende implementar para la Conagua, el cual consideró no sólo es dañino porque plantea un brutal recorte al presupuesto de las entidades, sino porque además mantiene una férrea defensa de los intereses privados.
El coordinador de Finanzas Públicas del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, abundó que de acuerdo a lo observado en el PPEF 2017, el gobierno propone un recorte cercano a los 14 mil 879 millones de pesos ($14,878,771,065), haciendo una disminución drástica a los programas que implican un subsidio a las comunidades, municipios y entidades federativas; pero preservando el monto de recursos que implican un subsidio a la inversión privada.
Así, en lugar de destinar recursos mínimos necesarios para la dotación de infraestructura de agua potable y saneamiento a comunidades y municipios (disminuye 10 mil 407 millones); el gobierno federal propone mantener el ritmo de inversión para infraestructura hidráulica en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) de tres mil 150 millones en 2016 a tres mil 200 millones propuestos para 2017.
Señaló que en lugar de recortar recursos a la construcción del Túnel Emisor Oriente (el cual ha incrementado su costo en más de 24 mil millones de pesos a lo proyectado originalmente y cuya ejecución ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación), el gobierno propone una asignación de tres mil 600 millones; y ha decidido disminuir sustancialmente los recursos para la protección contra inundaciones, en las regiones más vulnerables al cambio climático en nuestro país (En 2015 se programaron ocho mil 120 millones y para 2017 se proponen tres mil 240 millones).
Pérez Alvarado consideró preocupante que allí donde la inversión beneficiará a un selecto grupo de constructores privados, no solamente con la ejecución de las obras sino también con la operación de esa infraestructura, se incrementan los montos presupuestales; y en cambio, en aquellos casos de proyectos de infraestructura cuya operación quedará a cargo de la propia Conagua o de las instancias estatales y municipales, se aplica todo el peso del recorte presupuestal.
Apuntó que un análisis detallado de las cifras, muestra como el peso de recorte recae en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) –Que para el ejercicio 2017 se denomina Programa de Agua, Drenaje y Tratamiento–, destinado a beneficiar en forma directa a las entidades federativas, a sus municipios y comunidades y a los Organismos Operadores de agua.
Para efectos del análisis del recorte a Proagua, no se debe solamente comparar el monto del mismo en el ejercicio 2016, con el monto del propuesto para 2017, el cual representa una disminución del 79.5 por ciento, sino también se deben considerar e integrar los montos ejercidos en el 2016 destinados al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar), el cual de acuerdo a la estructura programática a emplear para el ejercicio 2017 quedará incluido dentro del Proagua.