Desterrar esas prácticas

Mario Gómez y González
chayogomezg@hotmail.com
Pensar que nuestro mayor problema respecto de la violencia se encuentra exclusivamente en el combate al crimen organizado constituye un grave error. En nuestro país, debemos reconocerlo, enfrentamos otras prácticas y manifestaciones violentas, también graves, que en no pocas ocasiones derivan en violencia homicida.

Muchas de esas prácticas están relacionadas con las diferentes formas de discriminación que persisten y se reproducen en prácticamente todos los espacios de la vida social, sin importar el nivel educativo o el nivel de ingresos.

La violencia de género, la ejercida contra las niñas y los niños, en contra de las personas con alguna discapacidad, en contra de las personas adultas mayores o la dirigida contra personas que hablan alguna lengua indígena no puede explicarse de manera comprensiva, si no se asume que en su análisis debe incorporarse como variable central la de la discriminación y su traducción en prácticas agresivas.

Carecemos, por ejemplo, de un adecuado sistema de monitoreo de crímenes de odio. No sólo en términos de casos fatales, sino de agresiones y lesiones, de privación o negación de derechos en instituciones públicas, de privación y negación de derechos por prácticas entre particulares, ante las cuales no tenemos respuestas más allá de algunos ejercicios de conciliación que, sin dejar de ser relevantes, son insuficientes para detener estas prácticas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre los años 2000 y 2015 se tiene registro de tres mil 814 homicidios en los que se acreditó que hubo violencia familiar; asimismo, en el mismo periodo, el propio Inegi contabiliza 11 mil 062 casos de homicidio en los que se registraron otras formas de violencia no familiar, pero en las que se presume alguna cercanía del victimario con las víctimas.

Las estadísticas sobre morbilidad apuntan en el mismo sentido; las lesiones son cada vez más causas de hospitalización o atención médica en el sector salud, datos ante los que debemos preguntarnos cuántos casos tienen origen en relaciones de noviazgo violentas, en discusiones iniciadas por agresiones verbales ofensivas y que no son otra cosa sino acciones y prácticas discriminatorias.

Y no sólo eso, ¿cuántas mujeres pierden oportunidades laborales porque son discriminadas?, ¿cuántas personas con discapacidad son rechazadas de espacios y servicios públicos por su condición?, ¿cuántas niñas y niños sin acta de nacimiento son rechazados por carecer de documento de identidad?, ¿cuántas personas son rechazadas o agredidas todos los días por su apariencia, tono de voz, forma de vestir, creencias religiosas o prácticas culturales?

Por ello, uno de los mayores retos para el gobierno federal, pero también para los estatales y municipales, se encuentra en incorporar a la prevención y erradicación de las prácticas estereotipantes y discriminatorias como ejes transversales a toda la política pública, tal y como se ha intentado conseguir con la agenda de la igualdad entre mujeres y hombres.

Ante los inaceptables excesos verbales de Donald Trump y ante un peligroso retorno de los discursos autoritarios, excluyentes y racistas en todo el mundo, nuestro país debe ser capaz de generar una gran estrategia contra la discriminación; de ahí que no pueda pasarse por alto cuando un funcionario, como ocurrió con el secretario de Desarrollo Social, agreda de manera misógina a quien lo cuestiona.

En esa lógica, si de algo debe ser capaz toda funcionaria o funcionario del gobierno, en todos sus órdenes y niveles, es de desarrollar una práctica pedagógica cotidiana por la inclusión, la igualdad y el respeto irrestricto de los derechos humanos que, en clave democrática, no puede darse sino con base en el respeto a la diversidad y pluralidad de visiones y formas de vivir en el mundo.

Convertirnos en un país incluyente exige una política de Estado para prevenir y erradicar la discriminación, es decir, iniciar desde ya un proceso de diálogo y consenso para su construcción e implementación, y con base en ello comenzar a transitar hacia un país realmente comprometido con la diversidad y la diferencia.

Y Para Usted También**el gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez informó que la Gendarmería opera en Tabasco desde tres meses con trabajos de investigación y de inteligencia en el combate al delito de alto impacto, esto incluye dijo secuestros, extorsión, robo de autos, robos a casa-habitación, entre otros**Destacó que el apoyo del grupo dependiente de la Policía Federal no es con patrullajes, de vigilancia o de operativos, sino solo trabajos de gabinete**“Yo creo que tienen dos, tres meses un grupo que nos están apoyando en esas tareas de investigación e inteligencia, secuestros, robos de automóviles, robos de comercio, extorsión, y lo demás de alto impacto social, y demás incidencias”, destacó**Aclaró que la Gendarmería tiene presencia física con elementos, ya que no se dan abasto con las demandas de patrullaje en todo el país, porque tienen que ir programándose poco a poco, “seguramente en el momento que lo requiramos nos van ayudar, y en ellos estén en condiciones de hacerlo”, agregó**“Es un problema de disponibilidad de recursos humanos de la policía Federal”, insistió el titular del Poder Ejecutivo**Respecto a las Bases de Operaciones Mixtas dijo que de momento se tienen activadas en los municipios de Centro y Cárdenas, pero en la medida que se vaya requiriendo se analizará sus operaciones en otros municipios del Estado**hasta mañana Dios mediante.