Otra pifia del IEPCT
“Política mata derecho” Frase popular Enrique Muñoz González cayuco7@hotmail.com En el IEPCT ni para vergüenzas ganan. Ya se vio, ni con el cambio de consejero presidente con Rosendo Gómez Piedra, quien se supone es un experimentado abogado, las cosas siguen de mal en peor, ahora se exhiben por el error garrafal en el nombramiento de […]
1 de febrero de 2013

“Política mata derecho”
Frase popular

Enrique Muñoz González
cayuco7@hotmail.com
En el IEPCT ni para vergüenzas ganan. Ya se vio, ni con el cambio de consejero presidente con Rosendo Gómez Piedra, quien se supone es un experimentado abogado, las cosas siguen de mal en peor, ahora se exhiben por el error garrafal en el nombramiento de Julio César Fajardo Álvarez, como Secretario Ejecutivo, porque no es apto para dicho cargo.

Cuando se dijo, Armando Xavier Maldonado Acosta causó baja del organismo electoral, fue por haber terminado su ciclo, y aunque se resiste, porque hay una denuncia en el Tribunal Electoral de Tabasco por no haberse hecho los procedimientos correspondientes para hacer legal su destitución, de acuerdo al artículo 354 de la Ley Electoral, de pronto nombran al sustituto, sin revisar si cumplía con todos los requisitos legales.

La semana pasada de manera sorpresiva anunció el IEPCT nombramiento de Julio César Fajardo Álvarez, como nuevo Secretario Ejecutivo, se hizo de fasttrack, sin revisar a fondo la documentación presentada para acreditar su experiencia en materia electoral, además de la edad mínima; desafortunadamente Gómez Piedra no cuidó las formas, y ya le reventó un problema con alcances legales.

Con este nombramiento surgieron muchas especulaciones, porque no se llevó a cabo un procedimiento para buscar al más apto, por encima de recomendaciones políticas; se hicieron las cosas al revés, y hoy están nuevamente en el descrédito todos los consejeros electorales, porque en sesión pública avalaron a Fajardo Álvarez, pues tenían prisa por demostrar sí saben cumplir las órdenes.

El nuevo escándalo envuelve al IEPCT, y  no es cosa menor, porque se constituyeron diversos delitos, por omisión o con conocimiento de causa, debe investigarse para castigar a los responsables; uno de ellos, Julio Fajardo Álvarez, quien presentó una acta de nacimiento falsa para demostrar que tenía 30 años de edad, cuando el documento original indica apenas en diciembre cumplió 29 años.

La designación del Secretario Ejecutivo no es una cuestión de menor importancia, dado que entre otras cosas tiene bajo su responsabilidad 30 atribuciones concedidas por la ley, entre estas se encuentran: de carácter administrativo, actos de dominio, representación legal del instituto, responsabilidad de la presentación de los proyectos de acuerdo, y otras más, para lo cual debe tener experiencia, mismas que no pudo demostrar.

Rosendo Gómez Piedra está metido en problemas, pues al nombrar a Fajardo Álvarez, violó el artículo 131 de la Ley Electoral de Tabasco, por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, por cierto, en la sesión del viernes pasado, los priistas: Martín Darío Cazares y Carlos Mario de la Cruz, hicieron esas observaciones, pero no les importó violar la ley, argumentando el consejero presidente todo estaba en orden.

Hoy los hechos dejan de manifiesto, los consejeros electorales estaban equivocados, hicieron el nombramiento porque así eran las instrucciones recibidas, sin embargo no cuidaron las formas, alguien no asesoró bien, y se atrevieron a violar la ley por cumplir con el servilismo, ahora se deben fincar responsabilidades a quienes participaron en este entramado, pues nadie les va a creer que actuaron con ingenuidad.

Con este nombramiento el IEPCT faltó a sus principios de objetividad, transparencia, legalidad, aunado a que los consejeros electorales violaron su juramento cuando protestaron al cargo, porque dijeron se comprometían a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así que todos los participantes en esta ilegalidad deberán responder por los errores ante la ley, pues debe sentarse un precedente en el actuar del árbitro electoral local.

Según el Código Penal, en el artículo 235, fracción I, se comete el delito de Ejercicio indebido de Servicio Público en los casos donde tomen posesión legítima sin satisfacer todos los requisitos legales, y en esto incurrió Julio Fajardo, por lo cual es un trasgresor de la ley. En tanto, el artículo 237 señala las causas para cometer el delito de coalición, esto fue realizado por los consejeros electorales pues se coaligaron para tomar medidas contrarias a la ley.

Por la anomalía cometida por los consejeros electorales según lo establece el Código Penal, se les impondrá prisión de 2 a 7 años y multa de 100 a 200 días, porque se pusieron de acuerdo en nombrar a un funcionario sin cumplir el numeral 131, fracción III de la Ley Electoral; por cierto, estos delitos se persiguen de oficio, habrá que esperar la decisión asumida en la PGJ; en tanto, la Contraloría interna del IEPCT también debe determinar otras sanciones.

Muy lamentable todo lo ocurrido al interior del IEPCT, pues a la fecha no han podido aclarar cómo fue autorizada la compra de un edificio por encima de su valor real, a la fecha siguen sin utilizarlo; la destitución a Armando Xavier Maldonado, también dará de qué hablar cuando resuelva la queja el TET. En fin, lejos de beneficiar a la imagen del órgano electoral el cambio de consejero presidente, las cosas están peor.

La Piragua
En Panorama sin Reservas de ACIR que conduce Juan Carlos Huerta, la periodista Lorena del Carmen Hernández dio la noticia,  Mariana Granier Calles tiene congelada sus cuentas bancarias por instrucciones de la Comisión Nacional Bancaria, se dice son superiores a los 3 mil millones de pesos según el expediente 168/2013 del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la colonia Gaviotas. Hoy viernes debe comparecer para responder a los señalamientos en su contra.

***Ayer se venció el plazo para informar de las condiciones en que se recibió la administración pública estatal, deberá hacerse con objetividad de todo lo que hayan encontrado del saqueo, también evitar la judicialización de la política, pues urgen acciones gubernamentales de la alternancia. Esperaremos el reporte que vayan a dar.

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