Art. La pena de muerte

Ferdusi Bastar Mérito
Hay voces que de buena o mala fe, claman por restablecer la PENA DE MUERTE. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 22, la prohíbe expresamente. Esta reforma, aprobada el 9 de diciembre de 2005, fue celebrada por las principales organizaciones no gubernamentales del mundo, y México ingresó al grupo de las 85 naciones civilizadas que no aplican esta venganza salvaje, irracional, y que lejos de contribuir a resolver un problema de inseguridad, lo agrava, y solo satisface un sentimiento malsano de rencor, discriminación y limpieza étnica y social.

Esto ha sido probado en los Estados Unidos, donde su gobierno, líder en violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, sin precedentes históricos, como Hiroshima y Nagasaki, la pena de muerte se aplica preferentemente a gentes de color o migrantes. Los tabasqueños no debemos olvidar que el 25 de octubre de 1846, una escuadrilla de guerra norteamericana, durante dos días, bombardeó y destruyó el comercio y el centro de nuestra ciudad capital, que no pudieron tomar gracias a la defensa heroica de sus habitantes, y el Comodoro Perry tuvo que retirarse llevándose a bordo el cadáver de su hijo, un cadete muerto en la acción. En

Junio de 1847, nuevamente nuestra capital fue bombardeada y destruido lo que de ella quedaba.

Pero además, la inutilidad de esta medida ha sido probada en múltiples ocasiones, cuando después de ejecutar a un condenado inocente, aparece más tarde el verdadero culpable. Acaso basta con ir a pedir perdón a la tumba del victimado? Y su familia estigmatizada? La falibilidad humana es manifiesta y no se puede jugar con la vida y la honra de las familias. Nadie es dueño de la verdad y menos para disponer de una vida.

En los mismos Estados Unidos , las estadísticas oficiales han probado en algunos Estados de ese país, que cuando han establecido la pena de muerte, el índice de criminalidad no solo NO ha bajado, sino que ha crecido; y cuando han suprimido las ejecuciones, este índice ha descendido. Este crimen de Estado, no resuelve nada: hay que ir a la etiología del delito, a sus causas, y no a sus efectos.

Lo anterior es explicable: estudios científicos demuestran que en la mente del delincuente existe un fuerte elemento lúdico, y debido a esto, la amenaza de una pena trascendente, no solo no es un disuasivo, sino que se convierte en un reto a enfrentar, en un incentivo.

Esto lo prueba el final de la carrera de un criminal, tristemente conocido como “el mocha orejas”. Hace algunos años, este personaje había secuestrado a decenas de víctimas, a las que les mutilaba una oreja enviándola con su petición de rescate, pero no había asesinado a ninguno. Cuando apresaron a su esposa y a su pequeño hijo y los presentaron en la televisión, con una amenaza de muerte, el mocha orejas mató a su último secuestrado. El pretendido disuasivo, se transformó en un reto, en un incentivo.

No necesitamos nuevas leyes. El Código Penal Federal, en su artículo 366, penaliza el secuestro hasta con 70 años de prisión, y si se les acumulan las penas de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, (un 50% más), el uso de armas prohibidas, vehículos robados, etc. etc., la pena es muy superior a los 100 años, lo que de sobra equivale a una cadena perpetua. Lo que necesitamos, es abatir la impunidad y erradicar la corrupción, aplicar rectamente las leyes existentes, perfectibles, pero suficientes. Este delito que efectivamente es local, también es federal, sobre todo por la delincuencia organizada que se da en todos estos casos, y solo con la coordinación y la participación de las dos instancias puede ser abatido.

Lejos de toda consideración metafísica, la vida humana es el principal bien a proteger y merece respeto. Si el hombre, que ya llegó a la luna, no ha sido capaz de crear una célula, no tiene el derecho de disponer de las vidas, y mucho menos en un país marcado por una monstruosa impunidad, desigualdad y corrupción, y un sistema de impartición de justicia podrido y evidentemente ineficiente y en crisis.

El mexicano tiene una gran proclividad a violar la norma, porque no hay quien la aplique. La impunidad es del 99% por cien y en el 1 por cien efectivo la justicia es selectiva. Más que consejos y declaraciones retóricas, lo que necesitamos es RESULTADOS, que la ley se aplique, que quien la haga, la pague.

Aquí, como en ningún otro lugar, pervive la vieja sentencia: “el derecho civil para los ricos y el penal para los pobres”. Existen casos tan dramáticos como el de dos mujeres indígenas hidalguenses, que ni siquiera hablaban el castellano, pero oiga usted, fueron consignadas por la PGR, procesadas sin la asistencia de un traductor, obligadas a poner sus huellas en folios que ignoraban que decían, condenadas por un Juez de distrito, confirmadas por un tribunal de alzada, y sabe usted porqué: por haber desarmado y secuestrado a un comando de fuerzas federales. Pasaron años en la cárcel, donde aprendieron nuestro idioma, y finalmente fueron liberadas gracias a una fuerte presión internacional. Una verdadera vergüenza para nuestras instituciones, para nuestros jueces.

Y el caso del narcotraficante Caro Quintero, procesado por delitos con pena máxima de 25 años, pero preso 28 sin sentencia, o el del Sr. Vallarta, pareja sentimental de Florence Cassez, liberada por ser víctima de un montaje, y ya va para 20 años preso y sin sentencia, al igual que miles, y si, oyó usted bien, miles de detenidos, muchos inocentes, diez, quince o veinte años, sin sentencia, de un poder judicial corrupto y somnoliento, pero eso si, cobrando salarios hasta de 700 mil pesos mensuales.

Establezcamos la pena de muerte, y fusilemos a estas indígenas. Para acabar con la pobreza, vamos fusilando a los pobres. Con las terribles deficiencias, tortura y simulaciones, en nuestro aparato de procuración e impartición de justicia, quien garantiza que la pena capital no sea usada para suprimir reclamos y opositores?.

OJO POR OJO, y todos nos quedaremos ciegos.