¿Contraloría Social?
Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com
Durante el sexenio de Enrique González Pedrero (1983-1988), en su calidad de dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Andrés Manuel López Obrador dispuso que los comités seccionales de su entonces partido, se convirtieran en una especie de Contraloría Social, que sirviera para vigilar la actuación de los presidentes municipales para que no hicieran mal uso de los recursos públicos y para que realizaran las obras de interés que realmente se requerían, y no fueran solamente elefantes blancos.
Desde luego que esta actitud del ahora presidente de la República, pronto obtuvo una respuesta, pues los presidentes municipales muy molestos buscaron una reunión con el gobernador González Pedrero para exponerle la extralimitación de Andrés Manuel en torno a mantenerlos vigilados y asediados por medio de los comités seccionales del PRI, que también le estaban causando un conflicto político en sus municipios pues al considerarse una autoridad, también pretendían llevar agua a su molino, o en su defecto provocaban choques entre la población para crearles conflictos artificiales a los alcaldes, además, adujeron que contravenían las disposiciones legales pues habían órganos de control interno que se encargaban de verificar que el presupuesto estuviera bien aplicado.
La “rebelión interna” de los presidentes municipales lidereados por los entonces alcaldes del municipio de Centro y de Macuspana, obtuvo su logró, pues el gobernador ordenó la remoción de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Andrés Manuel López Obrador a quien invitó a ser el Oficial Mayor de gobierno, cargo que aceptó para renunciar a las pocas horas y marcharse a la ciudad de México. Lo demás ya es historia que conocen muchas personas, de la forma en que se fue desarrollando hasta convertirse en presidente de la República.
Lo anterior sirve como corolario para entender como la historia suele repetirse con el paso de los años, cometiéndose los mismos errores o torpezas, quizás más remasterizados, pues ahora resulta que la bancada de Morena en el Congreso local, salta de alegría, avala y felicita la propuesta del dirigente estatal de su partido, César Burelo, de crear una unidad anticorrupción que sería una especie de Contraloría Social que vigile la actuación de los alcaldes en cuanto al manejo de los recursos públicos, como de las personas que contratan para evitar que se conviertan en funcionarios quienes tienen antecedentes de corrupción, o incurren en nepotismo.
Quizás para muchos morenistas que parodian “al diablo con las instituciones” no les cabe en la mente que existen mecanismos legales e instituciones públicas encargadas de vigilar el buen uso de los recursos públicos que manejan no solamente los alcaldes, sino los tres niveles de gobierno, y que si en muchas ocasiones los servidores públicos o ex-servidores que incurren en irregularidades no se les aplica ninguna sanción penal o administrativa, no es porque falle la ley, sino porque existen componendas políticas que impiden su correcta aplicación, por lo tanto, con buena voluntad y disposición políticas, las Contralorías ahora llamados de la Función Pública como el Sistema Anticorrupción pueden realizar su labor y mantener una clara vigilancia para que los funcionarios públicos que manejan recursos económicos le den la correcta aplicación y que si caen en ilegalidades, irregularidades o mal manejo, pues simple y sencillamente se les aplique la ley y sean enviados a prisión, no sin antes devolver lo mal habido.
Por otra parte, en todos los partidos existen órganos de control interno, contralorías, comisión de Honor y Justicia, y en el caso de Morena existe una comisión de Honestidad y Justicia que se encarga de sancionar o aplicar los correctivos en contra de sus militantes que incurren en actos contrarios a los lineamientos de su partido, de tal manera que la creación de una Contraloría Social en el estado de Tabasco como plantea el dirigente estatal de Morena, además de contravenir las leyes que regulan la vigilancia de los recursos públicos, estarían cayendo en dualidad de funciones, que no tendría razón de ser, ya que además esa unidad anticorrupción para vigilar a los alcaldes de su mismo partido sería como un arma de doble filo para los propios presidentes municipales que provocaría choques internos.
Con voluntad política y la correcta aplicación de las leyes de la materia, las cosas caminarían de manera diferente, porque en el caso de los alcaldes que han incurrido en actos de nepotismos, que es incluir en la nómina municipal a familiares directos, en caso de detectarse esa irregularidad se les debe de aplicar la ley de responsabilidad de los servidores públicos que explícitamente contiene cuales son las sanciones que se le deben de aplicar a los funcionarios públicos que incurren en esta irregularidad.
Si existiera voluntad política la propia secretaría de la Función Pública, el Organo Superior de Fiscalización, el sistema estatal anticorrupción, o las contralorías municipales ya hubiesen actuado para sancionar a los alcaldes de Morena que no solamente públicamente se ha denunciado, sino también se ha hecho en la tribuna del Congreso local, pero como por alguna razón no se les quiere aplicar la ley, pues simple y sencillamente se “pitorrean” del pueblo que de forma impotente observa como los ediles, a pesar de la crisis económica qaue se vive en el estado se despachan con la cuchara grande.
Por otra parte, el llamado enérgico del presidente de la República dirigido a todos los alcaldes del país emanados de Morena, de que no contraten a familiares o de que no los metan a las nóminas municipales, parece letra muerta para muchos, pues si se analiza con detenimiento la mayoría de los presidentes municipales de Tabasco, ha prestado oídos sordos a la advertencia de Andrés Manuel López Obrador que pareciera que pregona en el desierto, cayendo al precipicio sus principios de, “no robar, no mentir, no traicionar” al pueblo de México que generosamente los llevó al poder.
Como con buena voluntad política todo se puede, el dirigente estatal de Morena, Cesar Burelo, en vez de estar pensando en recetas del pasado-Contralorías Sociales-que fracasaron porque no tenía razón de ser, a los presidentes municipales como militantes de Morena, deberían ser denunciados ante la comisión de Honestidad y Justicia para que inicien las investigaciones pertinentes, y en caso de detectar que estos funcionarios públicos, se han apartado de los principios programáticos y las líneas de acción de su propio partido, procesa a sancionarlos para sentar un precedente de que nadie debe contravenir al propio partido, porque en caso de hacerlo será sancionado con todo rigor.
Si existiera voluntad política en la dirigencia estatal de Morena, en vez de intentar reeditar recetas caducas del pasado, lo mejor es que exijan a las instancias de gobierno encargadas de vigilar el buen manejo de los recursos públicos que realicen su trabajo con toda transparencia y apegado a la legalidad, porque cuando se comience a sancionar a los primeros alcaldes que ha cometido el delito de nepotismo, los demás, pondrán sus barbas a remojar, pero mientras existe ese relajamiento legal, nada se podrá hacer por combatir la corrupción en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Por eso la creación de ese sistema anticorrupción o Contraloría Social interna de Morena, es una verdadera jalada, porque si existen leyes para sancionar a los servidores públicos de cualquier ideología y en particular cada partido tiene su propia comisión para investigar las irregularidades o ilegalidades de sus militantes que tengan un cargo público, lo otro saldría sobrando, pero además, crearía un conflicto interno en cada municipio pues quienes sean seleccionados o nombrados querrán mantener a raya a los presidentes municipales y estos no se dejarán, porque eso sería tanto como perder autoridad en su territorio.
Los diputados de Morena no deberían saltar de jubilo o avalar esa Contraloría Social interna de su partido, que contravendría diversas disposiciones legales, porque además, ellos en su calidad de representantes populares de un distrito electoral, están obligados a ser los ojos de la población y que en caso de detectar que un alcalde está cometiendo acciones ilegales que perjudican al erario público, deben de ser los primeros en denunciarlos ante los órganos de control para que se realicen las investigaciones de ley, y así como lo hizo el legislador José Concepción García González que atendiendo la queja de una organización denunció que en el ayuntamiento de Jalapa, la alcaldesa Asunción Silván Méndez, mejor conocido como Chonita tiene once familiares trabajando en el ayuntamiento, así los otros diputados deberían de actuar, ya que no solamente se deben dedicar a promulgar leyes, sino a ser vigilantes de la correcta aplicación de los recursos públicos en sus respectivos municipios, pero como no quieren incomodar al edil, por eso ahora aplauden que se le dé vida a una Contraloría Social interna en su partido-una receta caduca-, que actuaría de manera ilegal, al margen de la ley, ya que también hay que recordar que los alcaldes al igual que los diputados, si bien son nominados y votados bajo las siglas de un partido, cuando se convierten en servidores públicos, ya no nada mas se deben a su partido, sino que están obligados a atender y servir por parejo a toda la población que gobiernan.
Si se trata de que los alcaldes cumplan con los lineamientos de Morena y las indicaciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, simple y sencillamente que cuando noten que se salieron de esos lineamientos, deben de darle vista a la comisión de Honestidad y Transparencia para que en su calidad de militante de Morena, se les investigue y se les aplique las sanciones estatutarias.
Ojitos
A nombre de la bancada del PRI, la diputada Minerva Santos García, pidió ayer a la Comisión de Seguridad Pública, trabajar en el dictamen para reformar el Código Penal y aumentar la pena al abigeato, porque ya lleva tres meses y sigue en la congeladora cuando está listo para proceder a su votación.
Dijo que sería una pena que en el marco de otra visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador, está reforma no salga, por lo que exhortó en forma respetuosa a los integrantes de la respectiva comisión a dejar de lado el discurso de campaña y pasar a los hechos. «es un exhorto respetuoso a la Comisión Ordinaria respectiva, para que tome cartas en el asunto, analice y emita el dictamen respectivo y tal como lo ha hecho en otros asuntos», señaló.
Pidió a esta legislatura a coadyuvar a combatir ese flagelo, «porque no podemos continuar dándole la espalda al gremio ganadero ni a las familias de Tabasco. Porque entonces seríamos igual o peor que los criminales que tratamos de abatir”.
Refirió que los legisladores no pueden, ni deben ser indolentes ante el sufrimiento y reclamo ciudadano, “hoy ellos exigen justicia y nosotros somos los responsables de dar las herramientas para que esto se lleve a cabo», recalcando que de no trabajar a favor de las demandas de los tabasqueños, mañana-2021- que estos legisladores que vayan a solicitar el apoyo de esta ciudadanía, sentirán el rechazo por no haber cumplido.
