Malagradecido

Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com
Las organizaciones no gubernamentales que actuando de buena fe apoyaron a Julio César Alvarez para que fuera excarcelado, luego de ser detenido por la policía estatal después de irrumpir en un  evento oficial  para montar una provocación, pronto comprendieron la enorme ingratitud de esta persona que en el fondo no quiere que se solucione el problema de la maquiladora, sino que busca canonjías y privilegios personales.

Desde que en el 2012 cuando el ayuntamiento de Macuspana que presidía Alfonso Pérez Alvarez en una sesión de cabildo le entregó en comodato a la organización “Vamos México” que encabeza Julio César Alvarez de los Santos, dos hectáreas de terreno donde se instalará la fábrica, y este sujeto montó en cólera y pateaba el suelo porque quería que ese inmueble se escriturara a su nombre, cuando es una propiedad del fundo legal, los mismos regidores se dieron cuenta que solamente estaba  buscando su provecho personal, pero  utilizando como parapeto a un grupo de mujeres indígenas que si creen de buena fe en que se podrá montar la factoría, pero mientras Julio César esté de por medio, en poco o nada avanzarán, ya que la condición primordial que exige es que los recursos económicos se lo entreguen a fondo perdido sin seguir la normatividad establecida para validar cualquier proyecto, es decir quiere dinero a la mano sin aportar ni un solo peso.

En este espacio he explicado como el ex-gobernador Andrés Granier y el ex-secretario de Gobierno, Humberto Mayans, torearon a Julio César Alvarez de los Santos, porque no presentaba ningún proyecto ya que solamente quería que le entregaran varios millones de pesos a la mano, sin que su organización aportara un solo peso, pero además, para asegurar la venta de la producción que supuestamente obtendría, condicionaba al gobierno estatal a firmar un documento para comprarle toda esa producción y que después el gobierno viera como le hacía para venderlo o regalarlo, nada tonto el muchacho.

La directora y el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Leonor Ramírez Bautista y Efraín Rodríguez León, comprobaron en carne propia que Julio César Alvarez (a) La Cochinita, es un malagradecido, un intransigente, al acusarlos de estar al servicio del gobierno después que se pronunciaron para que fuera liberado al considerarlo una artbitrariedad.

Tarde entendieron que este sujeto solo busca su beneficio personal utilizando a las mujeres indígenas, que no quiere arreglos, que no le interesa cumplir con las reglas de operación que deben observar las organizaciones que buscan recursos económicos en el gobierno estatal para incentivar la producción, Julio César Alvarez está en lo que está, en la repesca, por eso azuzo a las mujeres para que fueran a provocar en un evento oficial que después llevó a su detención, no sin antes las mujeres trenzarse a golpes con elementos policiacos lo que llevó a la condena de las autoridades estatales por parte de la opinión pública.

Quizás si los dirigentes del CODEHUTAB, se hubieran enterados que meses antes, Julio César Alvarez de los Santos y un grupo de mujeres, con un camión pagado con recursos oficiales y con un oficio girado por un alto funcionario de la propia administración estatal pretendió obligar al representante  del gobierno en la Ciudad de México a que los atendiera y se dedicara a gestionarle los apoyos ante el gobierno federal, y que al no obtener respuesta mantuvo secuestrada la representación por una semana,  por lo que al no lograr su objetivo se regresó, quizás los de derechos humanos no se vieran prestado a exigir su liberación, porque se ha dedicado a tomar instalaciones para ser reprimido y posteriormente salir a decir que hay un gobierno represor, pero además ya vieron que es intransigente, arbitrario y quiere que por la fuerza le entreguen cerca de 15 millones de pesos sin que se siga la normatividad. En este gobierno el dinero a la mano se acabó, en cambio son atendidos quienes llevan proyectos productivos para la inversión.

Hay líderes de organizaciones que ya se dieron cuenta de la ambición desmedida de Julio César Alvarez de los Santos, por eso las mujeres indígenas si realmente quieren una factoría, deben deshacerse de este sujeto, que es un verdadero vival, así ha vivido durante varios años, realizando gestiones para quedarse con una parte de los beneficios; para que avance el proyecto sin radicalismo, sin mercenarismo, las mujeres indígenas ya deben ir al frente, sin nadie que las tutele y las utilice para su beneficio personal.

Ojitos
Desde el primer año de esta administración, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se detectó que ex-funcionarios granieristas se habían pensionado violando la normatividad, al alterar su antigüedad para crear un supuesto derecho que les permitiera esa  jubilación y las prestaciones a la que ha lugar, ilícitos que debió contar con la complicidad de la directora general, Hilda Santos Padrón, ya que por su mano pasaba toda la documentación para las pensiones o jubilaciones.

Después de una serie de diligencias, de careos, comparecencias, de testimonios, tanto de los implicados como de otras personas, por fin el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) dio  conocer que se canceló el pago de pensiones a 20 ex-funcionarios de la administración de Andrés Granier Melo a los que ilegalmente se les autorizó la prestación.

Los ex-servidores públicos recibieron recursos millonarios por más de un año y medio, los cuales deberán ser devueltos al ISSET, confirmó el director general,  Agapito Domínguez Lacroix, ya que estos ex-funcionarios aparentaron años cotizados ante el ISSET a través de pagos extemporáneos en sus cuotas con los que inflaron su antigüedad para jubilarse, «la versión de la mayoría de ellos fue que Granier les dijo: Mira ve al ISSET y paga para que te jubiles antes de que termine el sexenio», precisó el funcionario.

Entre los involucrados se encuentran: Carlos Campo Melo, primo de Granier, quien era el encargado del área de atención ciudadana en la Quinta Grijalva, el cual según la Fiscalía del estado fue el principal prestanombres del mandatario estatal, igualmente Adriana Martínez Rodas, ex-directora Administrativa del DIF-Tabasco, y quien es esposa del secretario privado de Granier, Santos del Campo, actual operador del candidato del PRI a la alcaldía de Centro, Evaristo Hernández; Ana Victoria Yedra Sánchez, ex-directora administrativa de la Gubernatura,  y Cristina Gabriela Alejo López, ex directora general de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas. Otros beneficiados fueron: Jaqueline Díaz Olán, ex jefa de oficina de José Antonio Ovis Pedrero, ex director jurídico del ISSET, así como su esposa María Victoria Morales Gómez.

Por todas estas irregularidades la Fiscalía de Tabasco inició una averiguación previa contra siete ex-funcionarios del ISSET, entre estos  la ex-directora general del Instituto, Hilda de los Santos Padrón, por los daños ocasionados al erario estatal. No nada más se trata de que reintegren el dinero, no, aquí hay un delito consumado que se debe pagar con cárcel, por eso se espera que la fiscalía actúe con premura para que los involucrados sean llamados a cuenta, porque actuaron con todo conocimiento de causa para infringir un daño a las arcas estatales, y por esa razón deben de ser sancionados con todo rigor.

Mientras los candidatos priistas quieren curarse en salud e intentan ver un estado criminal en Tabasco, que según ellos es un infierno, pero olvidan que el estigma de Andrés Granier sigue presente como uno de los depredadores más grandes del presupuesto público, entonces hay que demostrar en los hechos en donde están los corruptos y por eso hay que meterlos a la cárcel para que la población tenga presente de que partido son los saqueadores, de ese partido que añora el poder, que quiere volver al gobierno, pero dejando atrás una estela de corrupción que todavía tiene trompo vivo, porque hay ex-funcionarios de primer nivel de la administración granierista que andan a salto de mata y que en cualquier momento pueden ser detenidos para que respondan por sus actos.

Visorcito
Ayer les hice un leve comentario de que habían quemado propaganda del Verde Ecologista en Gaviotas, resulta que la propaganda electoral era de la candidata a presidente municipal,  Rosalinda López Hernández, el enojo fue porque no cumplieron con sus compromisos que habían contraído.

El delegado municipal,  Williams Morales Alejo, al frente de unas 150 personas, quemaron la propaganda de la candidata del PVEM-PAN, porque supuestamente ella se refirió a los habitantes de las Gaviotas como «jodidos» y que sólo servían para votar. El delegado aseguró que se prometieron una regiduría y el buscaba «apoyar a gente de la colonia», pero el PVEM no estuvieron de acuerdo.

Advirtió que no será  bienvenida Rosalinda López Hernández en Gaviotas, pues las recibirán «a huevazos»,  Morales Alejo dice que son 500 líderes de ocho localidades de Gaviotas y las Mangas, quienes a partir de anteayer  le retiraban el apoyo, y que esto representaba cerca de 10 mil votos.

También líderes de Jonuta renunciaron al PVEM y acusaron de la falta de compromiso por parte de la dirigencia estatal,   Daniel Cruz García y Ramón Pérez López, renunciaron a su militancia, acusando al delegado especial para Tabasco, Federico Madrazo Rojas, de haber impuesto candidatos en esa comuna dejando fuera a quienes han trabajado en el partido por años. El PVEM ya metido en serios problemas.

Ojitos dobles
La diputada de Movimiento Ciudadano, Nelly del Carmen Vargas Pérez, presentó ante la Cámara de Diputados, una propuesta donde Petróleos Mexicanos (PEMEX) debe de incentivar e incluir a las comunidades en su operación y ser responsable de las consecuencias negativas en cuanto a las afectaciones directas hacia la población y su ambiente, con la finalidad de obtener energías más limpias y la creación de mayores y mejores condiciones de lo que respecta  a la seguridad, pues la empresa mantiene a la población en un constante peligro, debido a las instalaciones y a los riesgos que éstas representan.

Desde la máxima tribuna de la nación se pronunció a favor del punto de acuerdo para que se investiguen las causas del incendio que se suscitó recientemente en la plataforma Abkatún Alfa de Pemex, ubicada en la Sonda de Campeche, donde fallecieron cuatro personas, y remarcó que se deben deslindar responsabilidades, para que se les brinde de inmediato atención médica, psicológica y se otorguen sus derechos laborales correspondientes a los trabajadores de las plataformas e indemnizaciones a sus familiares.

Argumentó que en las comunidades colindantes con Tabasco se han detectado enfermedades atribuibles a la actividad petrolera, casos como leucemia, ceguera y afecciones pulmonares; por lo que indicó, que siendo la industria petrolera una de las más peligrosas, se deben destinar más inversiones para disminuir incidentes, aunque Vargas Pérez se dijo consciente que no se pueden reducir a cero, “pero sí es posible disminuir los factores de riesgo y también los daños”