Emitió ayer una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos»

Washington
Agencias

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió ayer una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos» y, como consecuencia, ordenó nuevas sanciones que afectan al gobierno de Nicolás Maduro, según un comunicado de la Casa Blanca.
La declaración de una «emergencia nacional» es una herramienta con la que cuenta el presidente estadounidense para aplicar sanciones contra un país en determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
La acción ejecutiva de Obama ordena la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios militares y policiales venezolanos.
«Estamos comprometidos a hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, a proteger las instituciones democráticas, y a proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela», dice el comunicado.
Los blancos de las nuevas sanciones de Estados Unidos son «personas involucradas en o responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de oponentes políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno, y las detenciones y arrestos arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la corrupción pública significativa de altos funcionarios del gobierno de Venezuela».
Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) Antonio Benavides Torres; el director de la policía política SEBIN Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.