Jesús Martell Chagoya
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La nueva ley de telecomunicaciones, permitirá al ejército exigirle a nuestro proveedor de acceso a internet, el registro de nuestras comunicaciones. Además, tendrá una plataforma que monitoree en tiempo real cada paso que damos, así es, la legislación secundaria de la reforma en telecomunicaciones aprobada por el congreso mexicano, contiene temas que causaron controversia entre los partidos políticos, como las reglas para declarar a una empresa como preponderante, el registro de comunicaciones con fines de seguridad y los límites al financiamiento de medios públicos, por mencionar algunos.
Tras el aval de diputados y senadores, sólo falta que el presidente Enrique Peña Nieto promulgue el documento para que entre en vigor la nueva ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como las modificaciones a otras 10 normas vigentes. Como se sabe, la legislación debía haberse aprobado en diciembre pasado para reglamentar la reforma constitucional promulgada en junio de 2013. Sin embargo, el proceso se pospuso al menos en tres ocasiones debido a desacuerdos entre las fuerzas políticas y porque las iniciativas presidenciales fueron presentadas ante las cámaras legislativas apenas a finales de marzo.
A diferencia de la reforma constitucional que se aprobó por consenso, estas leyes quedaron avaladas por mayoría y causaron constantes tensiones entre las bancadas. La legislación establece que el órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), declarará la preponderancia de una empresa por sector, radiodifusión y telecomunicaciones y no por servicios de radio, televisión abierta, telefonía fija y móvil, internet y televisión restringida.
Los legisladores que votaron a favor de estas nuevas leyes fueron del Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y una parte de Acción Nacional argumentado que ese fue el criterio que se fijó dentro de la reforma constitucional. Por el contrario, los opositores consideran que era mejor establecer la preponderancia por servicios, puesto que habría permitido al IFT identificar prácticas monopólicas con mayor detalle. Además, dicen que con lo aprobado, Televisa podrá ser declarada preponderante en el sector radiodifusión, pero no en el servicio de televisión restringida, en el que controla más de la mitad del mercado y sus ganancias crecen.
Tarifas de interconexión. Cuando el IFT determine que haya una empresa preponderante en algún sector, podrá imponerle medidas para restringir su control del mercado y evitar que incurra en prácticas monopólicas. En el caso del sector telecomunicaciones —en el cual el IFT ya declaró la preponderancia de América Móvil, de Carlos Slim—, la nueva ley contempla que el instituto prohíba al preponderante cobrar a los otros concesionarios por las llamadas fijas o móviles que terminen en su red, mientras las otras compañías sí podrán cobrarle por terminaciones en sus redes.
Este esquema, conocido como tarifas asimétricas, fue criticado por algunos legisladores de oposición, quienes argumentaron que fue diseñado deliberadamente para perjudicar a la empresa de Slim. Cuestionado al respecto, el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, rechazó que la legislación busque afectar más a una compañía que a otra y afirmó que afecta a todos los monopolios.
Nuevas cadenas de televisión. Con la reforma constitucional se estableció que el Estado tendrá que licitar concesiones para dos nuevas cadenas de televisión abierta. La legislación secundaria indica que, durante su creación, esas nuevas cadenas podrán tener acceso a la infraestructura del preponderante en radiodifusión —es decir, Televisa— para poder transmitir. Este punto se agregó al documento poco antes de que fuera votado en el Senado
