“Quien esté libre de pecado,
que tire la primera piedra”.
Juan 8.7

Enrique Muñoz González
cayuco7@hotmail.com

Como es tradición cada año, en el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso Local se revisan las cuentas públicas de los 3 poderes del Estado, organismos desconcentrados como el IEPCT, ITTAIP, entre otros, además de las 17 alcaldías, y como es costumbre, se exhiben siempre malos manejos, muchos son solventados, otros no, ahí es donde se genera el escándalo para pedir reprobar alguna cuenta pública y sancionar a los responsables.

De acuerdo a los procedimientos, es el Órgano Superior de Fiscalización quien revisa de forma permanente que todas las entidades públicas comprueben hasta el último peso ejercido el año anterior. Se hacen auditorías, se inspeccionan obras, en fin, se supone revisan haya orden en el manejo de las finanzas, aunque nunca faltan las dudas sobre algún rubro, y necesariamente tiene que revisarse hasta con lupa por cualquier duda.

En esta ocasión donde ha habido señalamientos claros es en el IEPCT, por la dudosa compra del edificio, del tema se ha dicho de todo, porque se infló el costo real del inmueble cuando no lo vale, no hay garantías de seguridad para que pueda ser ocupado, y tienen que meterle más dinero para hacer las reparaciones que recomiendan especialistas. Se ha demostrado hay irregularidades, lo más conveniente sería que reprueben esa cuenta.

También hay evidencias de malos manejos en el recurso asignado al Cecyte, son casi 3 millones de pesos que ejercieron para adjudicarse enormes cantidades de dinero en calidad de bonos, mientras la entonces directora, Leyci Nury Fernández Izquierdo, se negó en todo momento otorgarles los incrementos salariales que por derecho habían sido autorizados al personal sindicalizado. Se supone que deben devolver ese dinero a Finanzas.

En el Injudet también se encontraron evidencias de malos manejos de recursos federales por parte de su titular, Melchi Franco Ruiz; nada más en lo relacionado con un evento denominado “Chambeatón 2011”, ejerció de manera indebida recursos por 977 mil pesos, recomendando el diputado Juan José Martínez Pérez, que dicha suma de dinero tiene que ser devuelta a la Secretaria de Hacienda, de no hacerlo entonces no hay porqué aprobarle su cuenta pública.

Hay muchas anomalías en otras cuentas públicas, en Educación, Saop y Salud, se especulan irregularidades, lo mismo en Cultura, sin embargo las mencionadas anteriormente, (IEPCT, Cecyte e Injudet), son apenas las que se han filtrado a los medios de comunicación, aunque los auditores del OSF justifican muchas veces se trata solamente de errores documentales, que pueden ser corregidos para liberar las observaciones.

Donde también existen anomalías es en los municipios, pues hay serias inconsistencias, principalmente porque el presupuesto ejercido no fue aplicado correctamente, por ejemplo, aquí en Centro, denunció hace como un mes el regidor Pablo Rodríguez Bonfil, hay un reporte de calles pavimentadas, pero los presuntos beneficiados le han ido a decir que nada de eso es cierto, porque siguen con las calles llenas de polvo y de lodo cuando llueve.

El caso es que casi todas las cuentas públicas no cuadran, en lo que respecta a la del Poder Ejecutivo, como son los casos del Injudet y el Cecyte, se comprueba que las directoras no supieron cumplir con su responsabilidad, y desprestigian el ejercicio del gobierno del químico Andrés Granier, quien les otorgó la confianza para rendir resultados positivos, no para caer en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Deberían ser sancionadas.

Respecto de los organismos desconcentrados como el IEPCT, no queda duda, si los diputados priistas deciden aprobar la cuenta pública del 2011 se convertirán en cómplices del saqueo que hicieron al recurso público,  pues es dinero del pueblo, y autorizar la compra de un edificio en 32.6 millones de pesos, sin demostrar que ese era su valor real, y si estaba en condiciones de ser usado, es fraude, y se debe castigar.

Con estos antecedentes a los diputados locales actuales no les debe temblar la mano para sentar un precedente en la revisión de las cuentas públicas 2011, y sancionar con rigor a quienes no pudieron justificar sus inconsistencias; además la nueva realidad política del estado reclama seriedad en todos los actos públicos de quienes son representantes populares, por eso la actual Legislatura tiene que comportarse con decoro y responsabilidad.

Si los diputados priistas tienen previsto aplicar mayoriteo en el salón de plenos para avalar las cuentas públicas aún con las evidencias de corrupción, mejor que lo piensen, porque todo servidor público sinvergüenza debe ser sancionado con rigor, lo de menos es que vayan a la cárcel, pero lo relevante seria les exijan que devuelvan el dinero mal habido a las arcas estatales. Veremos que deciden los legisladores locales.

La Piragua
El VI informe del gobernador Andrés Granier, es el domingo 11 de noviembre, y a partir del jueves 15 se cierran todos los trámites que deba realizar esta administración para dar paso a la entrega–recepción, y ordenar todos los asuntos que vayan a quedar pendientes, así como los que necesitarán se les dé seguimiento.

Así las cosas, todos los proveedores que no entreguen sus últimas facturas antes de esa fecha, se quedarán sin cobrar, y los pagos pendientes deberán ir saliendo en la segunda quincena de noviembre para dejar todo en orden en cada dependencia del gobierno estatal.