En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes o la entrega de documentación a los educandos a cambio del pago de contraprestación alguna

Ricardo Rivera
Rumbo Nuevo
En los últimos días, muchos padres de familia han denunciado por diversas vías que en algunas escuelas, no les entregan a sus hijos los documentos de fin de ciclo escolar o no les permiten la inscripción a los nuevos grados, sino pagan las cuotas que les asignan, incluso las denominadas cuotas de padres de familia.
Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Manuel Andrade Díaz, señaló que los ciudadanos no tienen ninguna obligación de pagar dichas cuotas, porque están prohibidas por la Ley.
“En efecto, la Ley General de Educación, señala en su Artículo 6, que la educación que el Estado imparta será gratuita, las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, además de que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias”.
Por lo que remarcó que en ningún caso, se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.
Detalló que en caso de que algún director, profesor o algún otro servidor público, exija el pago de cuotas o condicione de alguna forma la entrega de documentos o la inscripción a un nuevo grado, debe ser denunciado ante la SEP, para que a través del órgano de control interno correspondiente, se tramite y se sancione a los responsables; ya que se están violando las disposiciones que prohíben el cobro de cuotas.
El líder de los legisladores priistas, afirmó que deben ser sancionados con multa de hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente, la cual podría duplicarse en caso de reincidencia y también podrían ser sancionados penalmente, por el delito de abuso de autoridad, ya que los profesores son servidores públicos y éstos cometen ese delito, cuando indebidamente retarden o nieguen a los particulares la protección o un servicio que tenga obligación de otorgarles o le impida la presentación o el curso de una solicitud
La sanción a que se harían acreedores, es de uno a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días multa.