La reforma a las distintas disposiciones legales aprobadas por el Congreso Local en materia de gestación asistida y subrogada, a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo, brindan protección jurídica a quienes participan en esta práctica, y salvaguardan sus derechos humanos, afirmó el coordinador General de Asuntos Jurídicos (CGAJ), Juan José Peralta Fócil.

Redacción
Rumbo Nuevo
Al explicar ante medios de comunicación las modificaciones recién aprobadas al Código Civil, y que se vieron nutridas también por distintos legisladores, Peralta Fócil resaltó que con esta decisión, el Legislativo pone control por primera vez en este tema.
Mencionó que la decisión de no incluir a matrimonios del mismo sexo entre quienes pueden participar en la adopción de un bebé producto de este tipo de reproducción, se debe a un asunto absolutamente jurídico.
“En Tabasco no existe la institución jurídica denominada matrimonio de personas del mismo sexo, aún y cuando el tema está en análisis en el Congreso pero no ha sido aprobada, por lo que la figura jurídica es inexistente y no se le pueden otorgar derechos”, aclaró.
Peralta Fócil indicó que ante el hecho de que Tabasco es uno de los dos estados en el país que permiten la maternidad asistida, hay un debate nacional en torno a los derechos humanos de quienes por años han gozado de este beneficio, pero que insistió, lo hacían bajo una práctica poco controlada y vigilada, convirtiéndola en un negocio.
Dijo que en la reforma aprobada, se restringe solo a mexicanos realizar un contrato para hacer la adopción como una facultad que tiene el Congreso tabasqueño, al ser una legislación local y no estar incluida en la Constitución Política Federal.
Añadió que esta determinación propuesta por el Ejecutivo obedece a los problemas jurídicos que han padecido niños producto de la gestación sustituta al ingresar a otros países donde no existe esta figura legal y no pueden ser registrados como ciudadanos.
De los procesos legales
Juan José Peralta también precisó que en la nueva legislación los contratos entre solicitantes y las mujeres que pongan en subrogación sus vientres, deberán realizarse ante notario público, con el conocimiento de un juez civil y bajo la vigilancia de la Secretaría de Salud, además que no debe mediar ningún tipo de cobro, para evitar que por una necesidad financiera, sean explotados los embarazos de las mujeres tabasqueñas.