Jacinto López Cruz
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En la medida que se hurga sobre la compra-venta del viejo inmueble que ahora es propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la podredumbre no tiene para cuando acabar, ante nuevas evidencias que están saliendo a relucir y que demuestra que hubo complicidad para atracar los recursos públicos del propio organismo, lo cual no debe de quedar sin castigo por parte de las autoridades correspondientes, que debe investigar este grave problema hasta sus últimas consecuencias.

De acuerdo a lo vertido ayer en el noticiero Telereportaje que le ha dado puntual seguimiento a este deplorable asunto, donde sin duda, algunos consejeros interesados en esa adquisición,  actuaron con premeditación, alevosía y ventaja, para defraudar el dinero público del propio Instituto,  el Organo Superior de Fiscalización del Congreso del estado no solamente reconoció que se sobrevaluó ese inmueble, sino que también se encontraron diversas inconsistencias que prácticamente lo hacía inhabitable, lo cual fue observado,  pero que posteriormente con un  simple documento que el presidente interino del órgano electoral, Gustavo Rodríguez Castro entregó al propio OSF  se le pretendió dar carpetazo para que los legisladores locales una vez que tuvieran en sus manos lo referente a la cuenta pública 2011, lo  aprobaran sin mayores dilaciones, pero se ha enredado tanto este asunto, que ahora a los legisladores no les quedará otro camino, más que marcar su raya y exigir que se apliquen las sanciones correspondientes a todos los involucrados, que de hecho deben ser todos los consejeros electorales que firmaron la minuta de compra,  incluyendo el ex-presidente, Alfonso Castillo, quien cómodamente encontró cobijo y protección al ser contratado por la rectora de la Universidad Tecnológica de Tabasco, Saraí Barojas Aguilar, como titular del área jurídica, cuando su “honorabilidad” está en entredicho hasta que no se solucione este escabroso asunto donde andan volando más de 14 millones de pesos que se quedaron en unas cuantas manos y que tienen que devolver a las arcas del propio organismo electoral.

El Organo Superior de Fiscalización que encabeza Francisco Rullán Silva,  que prácticamente se ha convertido  en cómplice de los consejeros electorales involucrados en este presunto fraude, inicialmente realizó dos graves observaciones, la primera consistió,  en que no se presentó un estudio de mecánica de suelos que pudiera especificar la seguridad total del inmueble, y la segunda, los asentamientos detectados en el área del estacionamiento (hundimientos),  así como al interior de la planta baja, las cuales pretendió solventar ante el mismo OSF el presidente interino del Instituto Electoral, Gustavo Rodríguez Castro, presentando simples papeles para avalar la ausencia de riesgos en el área  del edificio, entre estos, la constancia de seguridad expedida por el ingeniero Juan Aldasoro Robles, encargado del inmueble y que habría señalado que las estructuras no presentan daños y cumple con los requisitos en la materia, pero el mismo Aldasoro que se ostenta como especialista en seguridad estructural, habría admitido la presencia de filtraciones en el edificio, lo que demuestra sus contradicciones, porque primero dijo que si había anomalías y después que no, aunque no debe ser tomado con seriedad lo que aporte Aldasoro porque en todo caso es juez y parte en este problema, dado él fue quien construyó el edificio según lo dicho por el vendedor Gilberto Galassi, y ahora está realizando los trabajos para cubrir las deficiencias estructurales, por lo que ni modo que no defienda lo que construyó, aunado a que el “prestamista” que le vendió al Instituto la propiedad le esta pagando para reparar los hundimientos a consecuencia de que ese inmueble se construyó sobre un pantano por donde pasa un arroyo subterráneo. Ni modo que Aldasoro se haga el Hara Kiri con la mala obra que realizó y que ahora defiende como habitable, por lo que deben intervenir otros peritos en la materia para dejar de una vez en claro, quien o quienes mienten, y porque hubo un marcado interés por comprar un inmueble viejo e inservible,  y es ahí donde surge el nombre de Carlos Enrique Iñiguez Zurita mejor conocido como Caliche, como pieza fundamental en esa transacción.

Y como para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, quien no quita el dedo del renglón exigiendo que se castigue a los defraudadores del Instituto Electoral es el diputado perredista Juan José Martínez, quien conociendo todos los antecedentes de como se originó la burda compra, exige castigo, pues nadie como él conoce al monstruo desde sus entrañas porque formó parte del grupo político del ahora Senador de la República por el PRD, Adán Augusto López Hernández y ahora que están distanciados sabe donde le está pegando en las meras coyunturas para exhibirlo que está detrás del fraude que se realizó con la compra de ese viejo edificio, no nada mas porque su Notaría realizó las escrituras, sino por su cercana relación con Galassi y por eso,  fue el marcado interés de Caliche que también pertenece al mismo equipo político para que se comprará dicho inmueble.

Si bien el Organo Superior de Fiscalización observó que no se entregó un estudio de mecánica de suelo al momento en que se realizó la compra, el presidente interino del organismo electoral pretendió justificarlo con uno que se realizó el pasado 18 de noviembre de 2011  por la empresa STACK del ingeniero  Heriberto de Dios González, en el que se recomienda atender las fallas y hundimientos en el terreno procediendo con el diseño de la cimentación y el reforzamiento del muro de contención, incluso volviendo a diseñar la cimentación de todo el inmueble donde se pretende asentar las oficinas, también se sugiere mejorar la cimentación de la edificación a fin de evitar los asentamientos, llama la atención que en el estudio se concluye también que se debe solucionar el agrietamiento de las lozas del pavimento del estacionamiento, substituyendo el relleno que es de mala calidad por uno mejor e incluso se dan especificaciones técnicas de este, lo que les resulto contraproducente porque prácticamente se manda a que se rehaga toda la cimentación del edificio, incluso donde se harán nuevas oficinas, ante la mala calidad del relleno del terreno con lo que prácticamente se deduce que ese edificio es inservible en las condiciones en que se encuentra, lo que en buen castellano quiere decir, que los consejeros electorales aparte de que pagaron un edificio sobrevaluado, al doble de su precio, adquirieron una chatarra, pues no sirve para ser habitado en las condiciones físicas en que se encuentra en este momento.

Pero también en la revisión del proceso administrativo donde los consejeros electorales (que además firmaron el dictamen de compra) fueron descartando uno por uno los inmuebles que podrían adquirir hasta llegar a la propiedad del

“prestamista” o “agiotista” Gilberto Galassi Almora, todos los dictámenes emitidos por la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral la firmaron  el entonces presidente, Alfonso Castillo Suárez;  el Secretario Ejecutivo, Armando Xavier  Maldonado; el Director de Organización,  Rigoberto de la O; y  el entonces director de Administración, Carlos Enrique Iñiguez Rosique conocido como Caliche y la que se salva de la quema es la  actual contralora,  Moraima Romero, quien se supone que ya tiene elaborado un dictamen para fincar responsabilidades a los presuntos implicados, pero a la vez,  para quedarse con el viejo edificio, que a decir de los conocedores mejor se debe de devolver por el excesivo gasto que se realizará para remodelarlo desde sus cimientos, es decir, aparte de que el precio de adquisición fue inflamado, el edificio no sirve y para intentar hacerlo habitable hay que invertirle varios millones de pesos, de tal manera que estos consejeros electorales han resultado más mañosos, deshonestos y cínicos que los que les antecedieron en sus cargos.

Pese a que no tenían los soportes de los especialistas en la materia como la constancia de seguridad, la revisión estructural y el estudio de mecánica de suelos,  los consejeros del Instituto Electoral pagaron 23 millones 172 mil pesos por el terreno, mientras que por la construcción erogaron 9 millones 428 mil pesos, siendo en total, 32 millones 600 mil pesos,

Hay contradicciones en el precio del edificio, que fue sobrevaluado y pagado en la cantidad citada, mientras que ahora se conoce que el Instituto obtuvo un avalúo que rebasa los 33 millones 800 mil pesos, también hay otro  que los propios dueños del edificio abrían adquirido y puesto a disposición de las autoridades judiciales del estado de Veracruz para concretar la venta de la posesión y que habrían realizado el ingeniero Erick Albarrán Loaza y la licenciada Mirna Felicidad Vera Loya,  otorgándole un valor comercial de cinco millones 437 mil 189 pesos con 52 centavos y que se incluye dentro de la misma escritura, lo que tiene que ser investigado hasta las ultimas consecuencias por las autoridades competentes, porque se debe, por complicidad, pero no se debe, de acuerdo a la ley, permitir que los recursos económicos del órgano electoral hayan sido malversados o desviados por los propios consejeros electorales, que actuaron con conocimiento de causa, y que deben responder por sus actos. Señores diputados pasen a la historia como verdaderos representantes del pueblo, reprobando la cuenta y exigiendo castigo para los responsables de desviar el dinero público producto del ahorro interno del órgano electoral.