Más que destituir, la SCJN separó del cargo al edil de Jalpa, Domingo García Vargas
Jesús Martell Chagoya jesus-piano12hotmail.com Así es, como se sabe jurídicamente y conforme a la constitución política de  México  y leyes electorales, los cargos de elección  popular no son renunciables, en este caso por incumplimiento del pago de laudos a ex trabajadores, la  suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó separar de sus cargos al […]
26 de septiembre de 2014

Jesús Martell Chagoya
jesus-piano12hotmail.com

Así es, como se sabe jurídicamente y conforme a la constitución política de  México  y leyes electorales, los cargos de elección  popular no son renunciables, en este caso por incumplimiento del pago de laudos a ex trabajadores, la  suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó separar de sus cargos al alcalde, Domingo García Vargas y a los miembros del cabildo del municipio de Jalpa de Méndez.

Al respecto, el  abogado defensor  de varios ex empleados de ese municipio que fueron despedidos, Carlos Mario Estrada Sánchez, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la  separación de su cargo  como  alcalde de Jalpa de Méndez, Domingo García Vargas así como  de los directores de Programación, Finanzas y Jurídico, y de los regidores, por incumplir con el pago de laudos laborales  que en el año  2003, el ayuntamiento de Jalpa de Méndez despidió a Carmen López Méndez, Heriberto López Arellano y Eloy Bolaina Ricardez, quienes un año después, iniciaron un juicio laboral.

En respuesta de esa demanda, en el  año 2011, el proceso se decidió a su favor y el tribunal laboral ordenó al ayuntamiento pagarles un poco más de un millón y medio de pesos a los ex trabajadores, que las autoridades municipales incumplieron. Ante ello,  se promovió un amparo ante el juzgado cuarto de distrito, el cual salió a favor de los ex trabajadores en febrero del 2013, luego  se estuvo requiriendo al ayuntamiento para que cumpliera y nunca les pagaron a los ex trabajadores, por lo que se turnó el caso a la SCJN.

Por inejecución de sentencia, la SCJN determinó la destitución de los miembros del cabildo de Jalpa de Méndez, y ordenó que queden separados de sus cargos,        Se espera que  en breve la  Suprema Corte  envié la documentación al Congreso del Estado para la  separación en el  cargo de los funcionarios y regidores de Jalpa de Méndez.

Sobre el tema el diputado local del Partido Acción Nacional, Francisco Castillo Ramírez, dijo que con esta resolución, se sienta un precedente para que se castigue a quienes niegan el pago de los laudos laborales a los que son despedidos injustificadamente y luego refirió que recientemente decenas de ex trabajadores de varios municipios tuvieron que caminar al Distrito Federal en busca de apoyo para que también se les haga justicia.

En el marco del estado de derecho y de las disponibilidades financieras anuales,  Cesar Raúl Ojeda asegura que el Ejecutivo del Estado y los Municipios, reafirman su voluntad de dar cumplimiento a las resoluciones que dicten los tribunales sobre el caso del laudo de Jalpa de Méndez.

El secretario de gobierno del estado, Cesar Raúl Ojea Zubieta,  a nombre del gobernador perredista, Arturo Núñez Jiménez, informo que el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó el 15 de diciembre de 2009 un laudo condenatorio consistente en la reinstalación de tres ex trabajadores del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, así como el pago en beneficio de ellos  por más de un millón y medio de pesos por concepto de salarios caídos.

En virtud de que no se ha concretado por parte del municipio  en cuestión el pago correspondiente, los actores promovieron un  amparo indirecto ante el Juzgado Cuarto de Distrito, que les otorgó la protección a los quejosos para efectos del cumplimiento de la resolución anterior. Adicionalmente,  en  septiembre del año  2014, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Circuito, emitió el incidente de inejecución de sentencia promovido por los mismos actores y hoy quejosos, el cual fue remitido  en  el mismo mes de septiembre del 2014 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo procedimiento  se encuentra en análisis.

Sobre el particular, el encargado de la política interna de gobierno, Ojeda Zubieta aclaró que el presidente constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, no se encuentra destituido, sino que se encuentra  en plenitud de funciones legales y ha expresado su voluntad de cumplir en los términos  que se señalan  en el citado laudo tan es así que aún antes de que el citado incidente fuese remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad municipal puso a disposición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje un cheque para dar cumplimiento parcial al laudo, en beneficio de uno de los tres ex trabajadores afectados, informando que posteriormente se  programaría el resto del pago a través del Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal de 2015, que le corresponderá aprobar al respectivo Cabildo.

Subraya que el Ayuntamiento no había podido disponer de recursos al respecto, porque previamente a la autorización de dicho egreso, ha dado cumplimiento a laudos dictados con anterioridad y ha pagado alrededor de 33 millones de pesos en el transcurso de los veintiuno meses de ejercicio de su período constitucional, como pasivos heredados de administraciones pasadas, en detrimento de su capacidad para realizar obras y servicios en beneficio de la comunidad.

No obstante el marco de las restricciones presupuestarias que afronta el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, estos datos confirman su entera voluntad de sujetarse a las resoluciones de autoridades jurisdiccionales competentes en la materia, aun cuando ha experimentado una sensible reducción en sus ingresos anuales y asegura que semejante actitud han adoptado otros Ayuntamientos de la entidad, en que a pesar de la contracción en sus finanzas, han liberado recursos para cumplir con el pago de laudos que fueron deliberadamente postergados en su cumplimiento por las autoridades municipales que les dieron origen.

En pocas palabras el  puntualizo que gobierno del Estado asume con responsabilidad los compromisos de carácter laboral que enfrentan tanto la administración estatal como municipal, y que  ha dialogado sobre el particular con las autoridades hacendarias del Gobierno de la República, así como con los gobernadores de otras entidades que presentan similares problemáticas.

Señaló que recientemente en  la secretaría de gobierno del estado a sugerencia de Arturo Núñez, y a petición de los alcaldes,  pronto se  reunirán  con los diputados federales por Tabasco, quienes en el entorno de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año fiscal de 2015, se comprometieron a impulsar un acuerdo en la Cámara de Diputados que suponga una atención integral a este problema.

Que  se garantice la libertad de expresión en Macuspana: María Elena Silván Arellano

Durante la  reciente sesión del congreso del estado,  Roberto Canseco Cruz, se manifestó con una pancarta con consignas en contra del edil de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio, luego la diputada local del PRI, María Elena Silván Arellano, presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar el presidente municipal de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio para que  garantice la libertad de expresión principalmente de comunicadores en aquella demarcación, tras la agresión física de la que fue objeto el comunicador Roberto Canseco Cruz por  supuestas instrucciones del polémico edil de extracción perredista.

En  su propuesta, la diputada  María Elena detalló que Canseco Cruz se manifestó de manera pacífica con una pancarta en contra del  edil frente al Palacio Municipal de esa comuna por lo que  fue agredido por elementos de seguridad pública municipal quienes  lo golpearon de manera alevosa hasta dejarlo tirado, por lo que tuvo que ser hospitalizado en un nosocomio de la Villa Benito Juárez trasgrediendo con este proceder su derecho fundamental de manifestación y de libertad de expresión, poniendo en riesgo su vida e integridad física, expuso la legisladora priista al considerar lamentable que se utilice la fuerza y la violencia para tratar de acallar la voz de la información pública, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  considera que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa.

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