José David Sánchez Plaza
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Ha sido común y frecuente que el gobernador Arturo Núñez Jiménez haya declarado que está comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas, así como en contra de la deshonestidad y la corrupción.

El mismo día en que tomó protesta como titular del Poder Ejecutivo de Tabasco, Núñez se comprometió para hacer justicia a los tabasqueños y emprender las acciones jurídicas y legales en contra de quienes en el pasado cometieron una irregularidad.

En su efusivo discurso, Núñez Jiménez  se comprometió para emprender un combate frontal, enérgico y con resultados claros a la corrupción gubernamental y a la impunidad, mediante auténticos sistemas de transparencia informativa, control y fiscalización del gasto público y rendición de cuentas, así como a la previsión y sanción en su caso de las conductas indebidas.

Además que advirtió que no toleraría el tráfico de influencias, el nepotismo y conductas indebidas por lo que serían sancionadas de acuerdo a la ley.

Pero, ¿realmente, el gobernador Núñez Jiménez ha dado cumplimiento a ese compromiso que hizo con los tabasqueños?. ¿Cuál ha sido la forma de actuar del mandatario estatal cuando se le han hecho señalamientos en contra de sus colaboradores?.

En los primeros meses de su administración, empresarios tabasqueños, acusaron al director del ISSET, Agapito Domínguez Lacroix de haber hecho una supuesta adquisición irregular de medicamentos por cerca de 30 millones de pesos.

El gobernador Núñez nunca quiso referirse de manera directa a ese hecho de su amigo y colaboradores, por lo que sólo se concretó a decir que las instancias correspondientes ya estaban actuando y harían las investigaciones necesarias y de ser necesario se aplicarían las sanciones.

Casi un año después en que supuestamente se cometió esa irregularidad, el propio funcionario Nuñista, Domínguez Lacroix reveló que la secretaría de la Contraloría no había encontrado ninguna irregularidad en la denuncia de los empresarios tabasqueños por lo que ya había sido exonerado.

Unos días después de la acusación que se hizo a Domínguez Lacorix, el director de la Policía Estatal de Caminos, Sergio Guerra reconoció en conocido programa radiofónico que había otorgado licencias de conducir a algunos ciudadanos tabasqueños que carecían de recursos económicos.

Pasaron varios meses para que el funcionario Nuñista recibiera una sanción administrativa que consistió en que fuera suspendido de su cargo durante tres meses sin goce de sueldo.

En los primeros días del 2014, el ex secretario de organización del PRI, Mario Llergo denuncio que en el DIF estatal, se cometieron algunas irregularidades en licitaciones públicas de la institución por más de 20 millones de pesos.

El ex integrante de la dirigencia estatal del PRI, mostró copias de los documentos que demostraban la supuesta irregularidad en la que estaba involucrado el director jurídico del DIF, Sergio Eduardo Pulido quién supuestamente beneficio con algunos contratos a su concuño, Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, propietario de la empresa empacadora Brissa. S. A. de S. V.

La sanción que la secretaria de la Contraloría, Lucila Tamayo anunció para Sergio Eduardo Pulido, fue de una suspensión por un mes sin goce de salario porque consideró que no era grave la irregularidad que cometió.

La administración del gobernador Arturo Núñez se está caracterizando por aplicar una sanción administrativa (separación del cargo por un tiempo determinado) para los funcionarios que son señalados de haber cometido un acto de presunta corrupción o una irregularidad.

A Domínguez Lacroix no se le sanciono, ni mucho menos se le hizo señalamiento por parte de la secretaría de la Contraloría. A los directores de la PEC, Sergio Guerra y jurídico del DIF, Sergio Eduardo Pulido, sólo se les separó de sus responsabilidades por un tiempo determinado, el primero por un lapso de tres meses y el segundo por un mes, ambos sin goce de sueldo.

¿Será que ya se le olvido al gobernador Núñez los compromisos que adquirió con los tabasqueños? ¿Esa será la forma de gobernar en la que sólo se sancionará de manera administrativa, pero de ninguna manera se procederá de manera penal?. La gente voto por un cambio y como se ha dicho en la administración estatal se ha notado que es más de lo mismo.

Lo sobresaliente
Todo hace suponer que en la secretaría de Salud no se acabarán los conflictos por la postura  de su titular Juan Antonio Filigrana Castro. Por ahora está a discusión si el médico especialista del hospital de la Mujer, Jesús Aguirre Roa fue o no cesado por el problema de presunta negligencia médica que se registró con una joven en ese nosocomio.

El pasado domingo, el secretario Filigrana Castro aseguró que Aguirre Roa ya fue cesado de sus funciones y será en los tribunales en donde se resuelva su situación laboral. Cabe destacar que el sindicato de trabajadores del sector salud  ofreció su apoyo y respaldo al galeno Aguirre Roa por lo que en los próximos días se verán las acciones que emprenderán para evitar que el galeno sea separado de manera definitiva de su cargo.