El Congreso local, busca que este, sea tipificado como delincuencia organizada, para que se sancione con firmeza estas actividades y se evite esta práctica
Luis Enrique Martínez
Rumbo Nuevo
Debido a que el delito de abigeato que ahora es del fuero común no es «espontáneo o planeado de manera individual», el Congreso estatal aprobó exhortar al Congreso de la Unión para que esa infracción de alto impacto estatal sea tipificado como delincuencia organizada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El objetivo de la demanda presentada por la diputada Norma Gamas Fuentes es el de castigar con penas de 5 a 10 años de prisión y hasta 500 días de multa a los responsables de cometer el delito de abigeato en el país, una infracción que actualmente sancionan las leyes penales de los estados.
«Que se castigue con penas más altas» para que al sector ganadero «vuelva la confianza de presentar sus denuncias y así evitar el abigeato, que día a día se acrecienta» y afecta el patrimonio del sector productivo, sostuvo la legisladora del PRD.
La propuesta que luego la mesa directiva puso a consideración del pleno porque «es el momento de darle seguridad jurídica» al sector ganadero, fue aprobada por unanimidad de votos del pleno para que no fuera turnada a comisiones y si calificada, como fue, como asunto de urgente resolución.
Durante la primera sesión semanal, el diputado José Alfonso Mollinedo Zurita, presidente de la mesa directiva, en cambio turnó a comisiones el proyecto de decreto presentado por el representante popular del PVEM, Carlos Ordorica Cervantes, relativo a reformar el artículo 6 de la Ley del Notariado para el estado de Tabasco.
Asimismo, el pleno aprobó un dictamen de la comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso estatal.
Modificar percepción económica
Otro resolutivo de la comisión que preside el diputado independiente Marcos Rosendo Medina Filigrana, también fue aprobado por el pleno. Este es un exhorto a los 17 ayuntamientos municipales para modificar diversas normas de orden municipal para utilizar la referencia de salario mínimo en la percepción económica del trabajador, en tanto que en otros cobros de derechos y obligaciones la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
