Han pasado décadas desde el nefasto incidente que reconfiguró completamente el panorama de la Ciudad de México; décadas desde que esta enorme urbe se despertara bañada en concreto y miedo; décadas desde que, a las 7:19 de la mañana, se sintieran los primeros movimientos del temblor de 1985.
Los mexicanos tenemos ahora el recuerdo fresco de volver a ver la tierra temblar y los edificios caer. Pero la memoria de ese añejo trauma no se remplaza y pervive. Cuando recordamos el temblor más destructivo de la historia de México, hay que pensar que, bajo las ruinas, se descubrió una ciudad llena de secretos oscuros.
En esos años, las normas de construcción han cambiado, los servicios de emergencia se han perfeccionado y la respuesta de organismos de protección civil se ha vuelto mucho más prontas y eficientes. Así lo vimos en 2017: la mortalidad de los temblores, por fortuna, ha disminuido.
La labor titánica y desinteresada de la sociedad civil fue un contrapunto luminoso a las terribles normas de construcción que permitieron la tragedia; una luz de unión frente a la disparidad social que terminó matando, en un hacinamiento inhumano, a miles de costureras ilegales; un faro de optimismo frente a los abusos de una autoridad displicente que escondía, en los sótanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a hombres y mujeres maniatadas y con signos evidentes de tortura.
Un estudio llevado a cabo por el Registro Civil de la Ciudad de México en colaboración con el periódico Excélsior estableció el conteo oficial en 12,843 muertos por causas relacionadas con el temblor del 19 de septiembre de 1985. Este conteo sólo toma en cuenta las actas de defunción de las víctimas identificadas (9,862) y de las víctimas anónimas que poblaron tantas fosas comunes (2,981). En realidad muchas asociaciones civiles hablan de cifras mayores a las 40 mil defunciones.
El problema aquí es que nadie estaba preparado para un evento de tal magnitud y que nadie supo contabilizar, entre tanta ruina, la tragedia.
Cuando la tierra se asentó después del temblor de 8.1 en la escala de Richter (un equivalente de fuerza a tres veces la bomba que detonó sobre Hiroshima) y de las numerosas secuelas que lo siguieron, más de 30 mil estructuras tenían daños totales, 68 mil presentaban daños parciales, se cayeron más de 400 edificios y 152 otros fueron demolidos por razones de seguridad.
Hubo 516 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica dañada, problemas gravísimos de suministro de agua por ductos contaminados y los servicios de comunicación estuvieron tanto tiempo cortados que muchos reportajes sensacionalistas internacionales hablaron, incluso, de la total desaparición de la capital mexicana. En medio de este caos, los conteos fueron, por decir lo menos, problemáticos.
Dentro de las muchísimas víctimas anónimas que quedaron bajo los escombros de una ciudad sorprendida y perpleja por su propia destrucción, hubo un gremio que sufrió más que cualquier otro: las miles de costureras trabajando en 800 fábricas ilegales que se extendían a lo largo de la Calzada de Tlalpan. Las cifras oficiales señalan que más de 1,000 costureras perdieron la vida en las 200 maquiladoras que se desplomaron ese día. Las organizaciones civiles hablan de más de 1,600 víctimas dentro de los hacinados talleres.
Cuando el polvo se asentó, una verdad salió a la luz. Estas trabajadoras desprotegidas y explotadas habían encontrado la muerte en condiciones inhumanas de explotación laboral: turnos de más de ocho horas, pagos por debajo de lo estipulado en la ley, condiciones paupérrimas de trabajo y patrones abusivos que podían explotar, libremente, a las trabajadoras. Dentro de los edificios con maquilas clandestinas que quedaron en pie, muchas costureras tuvieron que seguir trabajando, en días posteriores al terremoto, con el miedo constante de un nuevo desplome; tenían que seguir tejiendo en quintos, sextos y cuartos pisos, con el olor penetrante de los cadáveres de sus compañeras en las banquetas aledañas.
El 20 de octubre de 1985, apenas un mes después del temblor, un frente combativo femenino que se levantó del horror logró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entregara el registro formal al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección y de Vestido, Similares y Conexos 19 de septiembre. Se trató, según sus propios estatutos, del primer movimiento laboral en México dirigido por mujeres.
Se organizaron marchas a Los Pinos, el presidente de la Madrid habló con sus representantes, se denunciaron los abusos de patrones y se logró, incluso, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decretara embargos precautorios en contra de tres empresas textiles. Pero todos estos logros no impidieron que más de 40 mil costureras se quedaran sin trabajo y sin ningún tipo de indemnización.
Los conteos oficiales hablan de 150 mil trabajos perdidos después del terremoto. Eso muestra, nuevamente, un conteo que calcula desde los registros oficiales: ¿cuántas personas más, como las costureras, perdieron un empleo informal que era su único sustento? ¿Cuántas quedaron desahuciadas sin poder reclamarle nada a nadie, sin poder exigir remuneración o derechos, sin poder ejercer dignamente una profesión prisionera de la corrupción y el abuso?
Las organizaciones sociales en torno a este gremio siguen existiendo y siguen alzando la voz, pero las condiciones no han mejorado considerablemente. Éste es un sector todavía vulnerado por pésimas condiciones de trabajo y remuneraciones inusualmente bajas: muchas costureras no logran ser afiliadas al IMSS, ni al INFONAVIT; muchas, por eso, no consiguen vivienda digna ni tienen la posibilidad de un retiro justo.