Jacinto López Cruz
jacloip62@hotmail.com
Mientras que el presidente provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Castro Rodríguez, pretendió ayer darle carpetazo a la cuestionada compra del edificio que no solamente tiene fallas estructurales sino que fue comprado a un precio exorbitante, desde de la tribuna mas alta el pueblo el legislador perredista Juan José Martínez exigió al Congreso no convertirse en cómplice de este robo encubierto y que todos los consejeros sean enjuiciados por comprar un inmueble al doble de su costo normal lo que representa un saqueo a las propias arcas del Instituto.
Ayer por la mañana, el presidente provisional del Instituto Electoral, Gustavo Rodríguez pretendió dar un albazo a la cuestionada compra del viejo edificio que les serviría como sede pero que a un año de distancia no se ha podido adecuar como oficinas, al leer un escueto comunicado sin aceptar preguntas de los medios de comunicación, dio a conocer que por un acuerdo que tomaron ya se realiza la reparación de los vicios ocultos que presenta dicho edificio que tantos cuestionamientos les ha costado, evidenciando una compra fraudulenta que a toda costa quiere ser ocultado porque está de por medio la firma de los siete consejeros que dieron su autorización para que se adquiriera a un precio exorbitante.
Rodríguez Castro precisó que en base al dictamen técnico de la revisión estructural del “nuevo” edificio se determinó necesario reforzar la cimentación de manera particular para evitar la erosión que surgió por motivos de la constante humedad que tiene una parte del terreno y que ocasionó también un asentamiento, precisando que se contactó al vendedor Gilberto Gálassi Almora, y al ingeniero Juan Aldasoro Robles (constructor del inmueble), quienes se comprometieron a rehabilitar las inconsistencias y vicios ocultos que presenta, en un plazo no mayor de 30 días, trabajos que ya iniciaron el día de ayer.
El presidente provisional del Instituto dijo que los trabajos serán supervisados por el Colegio de Ingenieros de Tabasco y que el compromiso contraído por el anterior dueño es que dejará en óptimas condiciones el inmueble para ser ocupado por el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Sin embargo el problema toral de este edificio, no es solamente de tipo estructural o de vicios ocultos, no, no y no, el grave problema es que ese inmueble a como ayer lo reveló el legislador perredista Juan José Martínez Pérez, de acuerdo al avalúo que ya realizaron peritos en la materia, no sobrepasa los 19 millones de pesos, por lo que todas luces se trata de un fraude maquinado para robarle al propio Instituto Electoral más de 14 millones de pesos, que deben ser devueltos a sus arcas, dinero público que ha pasado a engrosar las cuentas públicas de algunos consejeros y ex-funcionarios que laboraron en esa dependencia y por lo cual se tiene que abrir un proceso penal para deslindar responsabilidades, porque no es cualquier cosa, es dinero público, que es sagrado, que se debe de manejar con pulcritud, pero que al interior del propio organismo electoral se pretende soslayar con ese burdo comportamiento de querer taparle el ojo al macho, creyendo que con eso es asunto solucionado
El problema en la compra de ese edificio es de millones de pesos que se defraudaron y que se tiene que aclarar a plenitud, a satisfacción de la población, donde los diputados que integran la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, pueden, pero no deben, convertirse en cómplices silenciosos de un fraude maquinado, de un robo escrupulosamente estudiado por mentes perversas que no concibieron que las cosas se le fueran a revertir, que jamás pensaron que se iba a descubrir esa compra maquillada, esa compra legalizada, porque quienes maquinaron todo, son hasta tontos que fueron dejando una estela de corrupción a su paso que ahora es difícil de ocultar, lo que propició que todos los consejeros, los seis que están ahora en funciones, más el ex-presidente, Alfonso Castillo, que cómodamente ya encontró cobijó en la Universidad Tecnológica de Tabasco, para no pasar hambre en los seis años que viene del gobierno de la alternancia, tienen que ser enjuiciados, tiene que ser sometidos a un proceso penal o administrativo para que sean castigados conforme a la ley de la materia, porque entre todos, autorizaron la compra fraudulenta de un viejo edificio con problemas estructurales, pero lo más grave es que fue pagado casi al doble de su precio, lo que constituye un delito que debe ser investigado y sancionado hasta sus últimas consecuencias.
Para que la Primera Comisión Inspectora de Hacienda pueda emitir un resolutivo razonable, primero, tiene que exigir la entrega del avalúo inicial, el que debió hacerse para saber el precio fiscal, el precio al que se tenía que pagar el inmueble y que supuestamente se realizó, pero que el propio Organo Superior de Fiscalización se encargó de poner en duda su existencia, al emitir diversas observaciones que no se cumplieron y que posteriormente con un simple oficio dieron por solucionado dichas observaciones, pero que fue el hilo de la madeja para que se comenzará a desenredar la enorme corrupción que se dio al interior del Instituto Electoral al legalizar un fraude a su propio patrimonio.
La Primera Comisión Inspectora del Congreso local para poder actuar sin sesgos, también debe pedir que se realice otro avalúo con profesionales del ramo, porque hay valuadores que jamás se prestarán a un cochupo para alterar el precio real del metro cuadrado de construcción y del terreno, para así, determinar el valor total y con ese avalúo en la mano se podrá saber con certeza cuanto fue el monto económico que le defraudaron a las arcas del Instituto Electoral, para sancionar a los responsables de ese robo legalizado.
Desde luego que la Primera Comisión Inspectora de Hacienda y después el pleno del Congreso local integrado en su mayoría por los legisladores priistas demostrarán su buena voluntad y su disposición por darle transparencia y legalidad a las cosas, y si se comprueba que efectivamente se cometió un fraude tendrán que actuar sin miramientos.
Desafortunadamente para los seis consejeros, todos están embarrados en la compra fraudulenta de ese inmueble, están salpicados por la corrupción y si finalmente el propio Congreso decide encubrirlos, decide darle carpetazo a dicha compra, a pesar de los pesares, a pesar de los señalamientos, no llegarán muy lejos, porque al no tener, ni siquiera el beneficio de la duda, la próxima legislatura tendrá que realizar lo conducente, porque estos consejeros electorales ya huelen a corrupción, aunque lo quieran negar, porque al estampar su firma para comprar un edificio casi en ruinas, pero además, al permitir que se inflara o duplicar su costo real, indirectamente o directamente también cayeron en actos de corrupción, porque la negligencia o la omisión también debe ser castigado con rigor.
Independientemente si aparecen o no los culpables de maquinar esa fraudulenta compra, que atentó contra el patrimonio del Instituto, el próximo año todos los consejeros supuestamente ciudadanos se tienen que ir, hayan o no cumplido el periodo por el que fueron electos, porque la ciudadanía ya no cree en ellos, porque si fueron capaces de permitir o cayeron en actos de complicidad en la compra fraudulenta de dicho edificio, nada bueno se puede esperar de ellos en las próximas elecciones intermedias del 2015, porque estaría la sospecha, la duda, la suspicacia de que se venderían al mejor postor por unas cuantas monedas y por lo tanto ya no son confiables.
Los diputados locales no pueden darle carpetazo a este burdo fraude, hay muchos elementos de causa que evidencian el robo o fraude oficializado que se cometió en contra de las arcas del propio Instituto Electoral, hacer como que no pasó nada, hacer como que la compra del inmueble se ajustó al valor real, es enardecer más los ánimos de la población, para que dejar que la próxima legislatura retome este burdo fraude cuando desde ahora se puede sentar un precedente y pasar a la historia como una legislatura que sí castigó a los defraudadores del erario público.
Visorcito
Mientras los maestros del Conalep le siguen moviendo el tapete, el director general de dicha institución, Carlos Garrido tiende puentes de plata con el gobierno de la alternancia que entrará en funciones en enero de 2013, porque siendo un granierista de hueso consumado, y al habérsela rifado con los candidatos de su partido, el PRI, especialmente con el candidato perdedor de la presidencia municipal de Centro (aunque a todos los que le apostó perdieron), no vaya a ser uno de los primeros que tenga que dejar su cargo, por aquello de la incompatibilidad política. Carlos va aprendiendo que dos mas dos no siempre suman cuatro y que tiene que prepararse porque esta en un área neurálgica que se puede cimbrar hasta sus cimientos al cambio de gobierno y como el miedo no anda en burro ya tendió sus redes, ya sabemos el rumbo que está caminando, porque nada hay oculto en la tierra que no lo saque el agua a flote.
