Los diputados de la fracción parlamentaria del PRI
“Los vehículos que tengan un costo superior a los 300 mil pesos, es una jugada perversa. Con ello pretenden afectar a una selecta minoría de la población tabasqueña con el objetivo de generar desconfianza contra el nuevo gobierno que encabezará a partir del 1 de enero de 2013 Arturo Núñez Jiménez” el_espiajjhh@yahoo.com.mx Juan José Hernández […]
30 de septiembre de 2012

“Los vehículos que tengan un costo superior a los 300 mil pesos, es una jugada perversa. Con ello pretenden afectar a una selecta minoría de la población tabasqueña con el objetivo de generar desconfianza contra el nuevo gobierno que encabezará a partir del 1 de enero de 2013 Arturo Núñez Jiménez”

el_espiajjhh@yahoo.com.mx
Juan José Hernández Hernández

Los  diputados de la fracción parlamentaria del PRI, sujetos a los intereses mezquinos que antes encabezaba José Carlos Ocaña Becerra y ahora Marcela de Jesús González García, en su calidad de presidenta de la Junta  de Coordinación Política del Congreso del Estado, propusieron una iniciativa de ley para cobrar el impuesto vehicular sólo a los autos con valor superior a los 300 mil pesos, lo cual pretenden heredarle al próximo gobernador de Tabasco.

Es bien sabido que los inútiles representantes populares carecen por completo de iniciativa propia, es decir que no se mueven si no reciben órdenes. La iniciativa de ley que obliga a derogar el Impuesto Estatal Vehicular y cobrar sólo impuesto a los vehículos que tengan un costo superior a los 300 mil pesos, es una jugada perversa. Con ello pretenden afectar a una selecta minoría de la población tabasqueña con el objetivo de generar desconfianza contra el nuevo gobierno que encabezará a partir del 1 de enero de 2013 Arturo Núñez Jiménez.

Pero, de igual forma, pretenden desestabilizar el sistema de recaudación fiscal que en Tabasco es muy débil; es decir, que es muy pobre lo que el gobierno estatal percibe por concepto de impuestos, pues es bien sabido que el 99 por ciento de los ingresos que tienen las arcas públicas del Estado provienen del gobierno federal. Luego entonces, el sistema de ingresos fiscales impactaría de manera negativa en el presupuesto destinado a la ejecución de obras que demanda y requiere la población tabasqueña.

Hoy más que nunca el tejido social de Tabasco presenta graves problemas, causados por la aplicación de políticas antipopulares que dejan a la mayoría de la población en un grave estado de indefensión. Desde los gobiernos de Moretón Madrazo Pintado, la administración pública ha omitido aplicar programas de alto impacto social en la Entidad, provocando mala calidad educativa, ineficiencia en los servicios de salud, carencia de viviendas populares dignas e impactando, a la vez, en el sistema productivo, lo que genera desempleo.

Los problemas sociales que heredará Arturo Núñez son la suma de todas las ineficiencias de las administraciones pasadas. De ese tamaño tendrán que ser las soluciones, y luego sobreponerse para proyectar planes y programas que hagan de Tabasco una Entidad verdaderamente creciente en todos los sentidos. Por eso la necesidad de revisar minuciosamente el Sistema Fiscal Estatal y de manera paralela ver el monto total de la deuda contraída por la  administración actual. Acorde a los resultados, se determinará si se deroga en su totalidad el impuesto vehicular o sólo se opta por cobrar impuesto a los vehículos de costo superior a los 400 mil pesos, según declaraciones en “Telerreportaje” el pasado viernes, del abogado fiscalista Raúl López Deantes.

De ser así, se descarta la propuesta de la bancada del PRI en el Congreso local, en el sentido de cobrar el impuesto sólo a vehículos de 300 mil pesos. La propuesta está en la mesa de diálogo con la ciudadanía.

Como colofón, sólo anotaremos que nada es casual en esta política chapucera. La presentación de la iniciativa de ley para derogar el Impuesto Estatal Vehicularlo la hizo precisamente el diputado Jesús González González, fiel representante de intereses particulares de Jalapa, personaje carente de moral política, muy conocido por sus pactos oscuros al prestarse al juego que lo obligó renunciar al PRD y luego al PT.

Almicar Sala trafica impunidad
Almicar Sala es un personaje nefasto que trafica con la influencia de su “poder” para evitar que Sport City sea demolido. El  día 2 de octubre, el edificio propiedad de Antonio Espinosa de los Monteros deberá demolerse, según dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero resulta que gracias a las influencias de Almicar Sala los prominentes abogados Héctor Aceves y William Asencio López, asesores del propietario de Sport City, buscaron  legaloidemente un amparo para evitar la decisión del máximo tribunal federal. Esta acción causa desacato contra el dictamen de la Corte. Las instituciones que se han prestado para no darle cumplimiento al mandato de la SCJN es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el  Ayuntamiento de Centro.

La SCJN dictaminó que a partir del pasado lunes 24 de septiembre, tendrían diez días para ejecutar la orden de demoler el edificio de City Club. El tiempo transcurre y Almicar Sala, político que grita a los cuatro vientos ser todopoderosos por gozar de la protección de un alto político del Poder Ejecutivo local –bueno, eso es lo que nos dice nuestro espía encubierto en el Ayuntamiento- amenaza con sacar otro amparo para seguir contraponiéndose a la orden de la Corte.

Las preguntas son ¿qué intereses mantiene Almicar Sala con Antonio Espinosa de los Monteros, dueño de Sport City? ¿Por qué utiliza el poder de sus amistades? ¿Lo estará haciendo sin cobrar peso alguno? ¿O acaso Antonio Espinosa es un simple presta nombre? Es necesario recordar que el edificio está asentado en un terreno diseñado para construir viviendas, pero de manera ilegal se apropiaron del terreno en un  amañado proceso de compra-venta desde agosto de 2010. Nuestro espía ha averiguado que los abogados de Antonio Espinosa y la ex propietaria del predio, María Pizaña, planearon un acuerdo millonario para desistir de la demanda, pero no cumplieron con lo pactado.

ISSET y la burla de Hilda Santos
Mientras los derechohabientes del ISSET reciben pésimas atenciones médicas y carecen de medicamentos, la directora de la institución, Hilda Santos Padrón, presume un lujoso y costoso automóvil último modelo marca Lincoln, el que exhibe todos los días frente a las oficinas del ISSET. Y la que no se queda atrás de estas infames trapacerías que ofenden y humillan a los trabajadores al servicio del gobierno  y municipios, es su dama de compañía y confidente que tiene como secretaria particular, Rosa María Meza, quien a la vez goza de la protección de su “flamante comadre”, la diputada priista Marcela de Jesús González García, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Tanto la directora como su condiscípula Rosa María, maltratan a los trabajadores del instituto. Hacen compras poco claras, como las cámaras de vigilancia que tiene el Hospital de Especialidades, las cuales facturaron con un costo bastante elevado, en 2011. ¿A dónde están los 460 millones de pesos destinados a pensionados y jubilados? El servicio que brindan los doctores y las enfermeras son de pésima calidad. Las trabajadoras sociales y los vigilantes maltratan a los derechohabientes. Todo en el ISEET huele a corrupción y Roger Pérez Évoli, contralor del gobierno del Estado, se hará cómplice de los enormes saqueos que padece el ISEET  si no actúa contra estos depredadores del ISSET.  Contaremos en otra entrega cómo atienden a los parientes de Hilda Santos en el Hospital de Especialidades,  cuando no son ni derechohabientes; ejemplo, cuando falleció su tía no escatimaron en atención y gastos que cubrió el Instituto. A propósito de lo mismo: cada funcionario tiene el jefe de Prensa que se merece, ya que despiden por los poros la ineptitud. Se nos queda información en el tintero, será en la próxima entrega. Es todo por hoy.

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