Autoridades tanto municipales como estatales, acordaron establecer las garantizar para los comerciantes, en este proceso de mudanza
Con la mediación de la Secretaría de Gobierno, 12 de los 14 líderes de uniones del mercado público José María Pino Suárez y el Ayuntamiento de Centro, firmaron una minuta para la reubicación de los locatarios al centro de abasto provisional ubicado en la colonia Casa Blanca, y establecieron que el proceso de traslado inicia este 27 de enero.
El acuerdo fue logrado mediante un diálogo respetuoso entre autoridades municipales y comerciantes, en presencia del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, y la administración estatal firmó como testigo del convenio.
El documento dispone también que se verificará el estatus jurídico de la concesión de cada locatario, para que de forma simultánea a la mudanza se legalice ante la comuna la situación de quienes estén en condición irregular, trámite en el cual apoyará la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del estado.
Según lo acordado, a partir del este viernes iniciarán las visitas al mercado temporal para el reparto de locales por agrupación, para lo cual los dirigentes participantes realizaron entre ellos un sorteo, a fin de que hubiera equidad, transparencia e imparcialidad. En esos recorridos estarán acompañados de representantes del municipio y de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (Sotop).
Una vez que se hayan asignado los espacios comerciales, se realizará la programación de fechas de traslado de enseres y productos, en el entendido de que deberá ser dentro de los cinco días naturales siguientes a la asignación de su local; en ese sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les apoyará de manera gratuita con camiones y estibadores.
Asimismo, el municipio, representado en la reunión por Roberto Romero del Valle y Ulises Chávez Vélez, secretario del Ayuntamiento y director de Asuntos Jurídicos, respectivamente, se comprometieron a gestionar que de inmediato se convoque a Sesión de Cabildo, a fin de que ese órgano de gobierno tome disposiciones legales para garantizar a los locatarios que, al concluir la construcción del nuevo mercado Pino Suárez, ocupen el espacio equivalente.
Asistentes al encuentro
En este diálogo también estuvieron presentes el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa (quien por compromisos de agenda tuvo que retirarse), los titulares de la Sotop, Luis Armando Priego Ramos; de la SCT, Agustín Silva Vidal; de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal; de Asuntos Jurídicos del Gobierno, Juan José Peralta Fócil, así como el comisionado de la Policía Estatal, Juan Carlos Vallejos García, y Carlos Barrueta Ceferino, presidente del Comité de Locatarios del mercado.
Segotab, mediadora del conflicto
Después que por segundo día consecutivo no se realizó el traslado de los concesionarios del mercado José María Pino Suárez al provisional de Casa Blanca, el secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres, firmó junto con 13 de las 14 uniones de esta central de abastos, el acuerdo en donde aceptan este traslado y que se harán las cosas como se encentraban estipuladas.
En este sentido, 12 dirigente de uniones de 14 que representan el mercado José María Pino Suárez, acudieron al llamado de las autoridades para buscar una salida a este problema, en donde después de cuatro horas de una reunión a puerta cerrada con la Secretaría de Gobierno y autoridades del Ayuntamiento de Centro, así como la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), los locatarios aseguraron que se logró un acuerdo favorable que podría permitir la reubicación al mercado provisional.
Se indicó por parte de los locatarios, que hay una salida para que sean los líderes del comité del seguimiento de la obra, Carlos Barrueta Ceferino y Jazmín De la Cruz las que den a conocer los pormenores del acuerdo que se ha logrado.
Al respecto el abogado del mercado “José María Pino Suárez”, Carlos Silva Castillo señaló que parte del acuerdo que se ha tomado es que no desistirán en los amparos hasta que se vean cumplidas las garantías a las que se han comprometido la autoridad estatal y municipal.
Al tiempo que apuntó son cerca de 10 amparos los que se han promovido, y 200 más podrían sumarse de ser necesario.
